En un primer momento, el texto no hacía distinciones
entre las víctimas que decidieron coger las armas
para combatir a Franco y los que optaron por medios
menos beligerantes, según recuerda el portavoz del
Grupo Vasco en materia de Memoria Histórica, Aitor
Esteban, que denuncia al Ejecutivo de Zapatero por
"traicionar" la Ley al realizar una interpretación
"timorata" de la misma a base de decreto. "Cómo
pueden decir que un integrante de ETA asesinado en
el franquismo no se podría haber integrado en la
democracia. No se puede juzgar con gafas del
presente la situación de 1970", asevera.
El no
del Partido Socialista a indemnizar a los familiares
de quienes hayan pertenecido a grupos armados ha
puesto de relieve el agravio comparativo que padecen
los integrantes de este colectivo, que en un primer
momento se podían acoger al artículo 10 de la Ley de
Memoria Histórica, es decir, "aquellas personas
desaparecidas en defensa de la democracia entre el 1
de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977", fecha
en la que se dictó la Ley de Amnistía.
84 personas En Euskadi, según datos de la
asociación Ahaztuak, al menos 84 personas entran
dentro de esta horquilla de tiempo -miembros de
organizaciones armadas que perdieron la vida,
manifestantes muertos por disparos de las fuerzas
franquistas y ciudadanos de a pie que simplemente
pasaron por el lugar equivocado-. Aquí se hace
evidente otra de las carencias de la Ley de Memoria
Histórica: la falta de información que han padecido
las víctimas para solicitar indemnizaciones. "No se
han dirigido desde ninguna administración para
decirles que pueden reclamar ciertas ayudas. Es
triste que nadie les haya mandado una simple carta",
critica Martxelo Álvarez, portavoz de Ahaztuak, tras
denunciar que sólo nueve de las 84 familias que
podían encajar su caso dentro del artículo 10 han
podido entregar la documentación necesaria dentro
del plazo de un año marcado por el Gobierno español.
"Algunos dirán que en un año da tiempo de entregar
todo, pero es que no se han enterado. Si algo tienen
estas víctimas es una enorme desconfianza con las
Administraciones, porque llevan más de tres décadas
sin ayuda", añade. "Cuando nos dimos cuenta de que
el plazo se acababa nos pusimos manos a la obra,
pero ya era demasiado tarde", apostilla. Unos pocos
pudieron cumplimentar todos los papeles a tiempo,
pero la mayoría tendrá que esperar.
Es el caso de la iruindarra Aran-tza Irazabal, que
se enteró horas antes de la fecha tope. Viuda de
Alberto Asurmendi, su marido murió el 6 de abril de
1969 junto a Jokin Artajo al estallarles un
explosivo dentro del coche en el que viajaban por el
valle de Ultzama. Miembros de EGI-Batasuna -uno de
los diferentes grupos armados que convivieron en la
recta final del franquismo-, el objetivo de Alberto,
de 23 años, y Jokin, no era provocar heridos, sino
el corte de una etapa de la Vuelta ciclista a
España. La bomba que habían preparado les reventó.
También a Arantza. Tras duros interrogatorios,
llamadas anónimas y mucho dolor, la compañera de
Alberto estaba decidida a coger el testigo de su
marido. "Quería luchar contra el régimen. Estaba tan
encendida que quería hacer algo, pero al final no
pudo ser", rememora esta mujer, que todavía lamenta
la falta de repercusión que han tenido con el paso
de los años los casos como los de estos dos
militantes de EGI-Batasuna: "Por supuesto que hay
víctimas de primera y de segunda. Cuando veo otros
homenajes prefiero no darle muchas vueltas porque me
enciendo. Es duro que se acuerden de unas personas
mucho y de otras nada".
Al haber sido su marido miembro de un grupo armado,
Arantza admite que tampoco tenía mucha confianza en
ser admitida por el Gobierno de Zapatero, para quien
tiene palabras críticas. "La violencia de ahora no
es comparable con la de entonces. Antes había una
dictadura y no todo era ETA. Nosotros éramos un
grupo de chavales que quería luchar de alguna forma
contra el régimen", asegura. Una postura que también
defiende el portavoz del PNV en materia de Memoria
Histórica, que ya no se considera "vinculado" con
esta Ley. Esteban cree que el Gabinete Zapatero está
confundiendo el terrorismo que se registra en 2009
con el de la dictadura, algo que en la citada norma
se decidió no recoger al prevalecer la Ley de
Amnistía: "Es un punto de inflexión y concede el
beneficio de la duda que se le concedió a personas
como Mario Onaindia, Teo Uriarte o Jon Juaristi, el
mismo que se le quería conceder en esta Ley a
Txiki, Otaegi o Puig Antich, porque no sabemos
cuál hubiera sido su trayectoria a partir de la Ley
de Amnistía".
Ediles del pse y "txiki"
Precisamente, Diego Paredes Manotas, hermano de
Txiki, -una de las últimas víctimas del régimen
franquista, fusilado el 27 de septiembre de 1975
junto a Otaegi y tres miembros del FRAP-, tiene
asumido que las indemnizaciones y el reconocimiento
del Gobierno español tampoco esta vez van a llegar.
El impedimento, la pertenencia de su hermano a ETA.
"Dejan fuera a la gente que pertenecía a un grupo
armado por no reconocer que en aquellos momentos
estaban bastante legitimados por el pueblo. Aquí, en
Zarautz, hay concejales del PSE que eran compañeros
de Txiki. La gente luego cambió y mi
hermano también podría haberlo hecho, pero les duele
mucho que perteneciera a ETA y no pueden decir que
le han pagado a uno de sus integrantes".
Duda de que las Administraciones le tomen en
consideración pese a haber presentado los papeles a
tiempo. El recuerdo del último homenaje a su hermano
que fue prohibido por la Audiencia Nacional, y que
hizo a la Policía vasca intervenir en el cementerio,
todavía está fresco en la cabeza de Diego: "La
Guardia Civil siempre ha respetado su tumba, pero el
otro día la Ertzaintza se pasó. Mi ama no paraba de
llorar y a sus 80 años no entiende que a su hijo no
le hayan reconocido por defender unos ideales. Los
que ahora critican fueron a mi casa a llorar y a las
manifestaciones. Veías que el pueblo le quería y
ahora también. Que le llamen terrorista sin saber
qué hubiera hecho ahora duele. Equivocados o no, han
luchado por ideales y que no les traten por igual…",
denuncia. Diego, que al igual que otros muchos no
quiere dinero, sino que se reconozcan las cosas
después de 34 años de silencio, se lamenta de que
"estas cosas se hagan de cara a la galería, por un
puñado de votos". Algo que también sostiene el
portavoz de Ahaztuak, que denuncia al Gobierno
español por estar permitiendo que la "consideración
de terroristas para toda esta gente" permanezca en
la actualidad con la Ley de Memoria Histórica.
"Si vamos a lo estricto, víctimas del franquismo
también son los que pertenecían a grupos armados,
porque practicaban una forma de lucha contra un
régimen dictatorial", remarca Álvarez, que denuncia
una falta de voluntad política por reconocer todas
las realidades del franquismo. En esta línea, Aitor
Esteban destaca que la Ley como tal tiene "mucho
recorrido", aunque el PSOE no está por la labor de
desarrollarla en su máxima expresión, lamenta el
diputado del PNV. Otros que piensan de la misma
manera son los familiares de Roberto Pérez Jauregi,
joven de Eibar que el 8 de diciembre de 1970 murió a
los 21 años tras ser tiroteado por las fuerzas
franquistas en una manifestación. Su hermano Jorge y
su padre Casimiro han presentado toda la
documentación para pedir la indemnización -un máximo
de 135.000 euros- que establece la ley.
Voluntad política
Roberto,
según recuerda su hermano Jorge, que por aquel
entonces tenía 15 años, cayó herido de muerte el 4
de diciembre de hace 39 años, en plena protesta por
el proceso de Burgos. Eibar estaba tomada por la
Guardia Civil y los secretas llegaron por
una de las calles de la ciudad armera "disparando a
todo lo que se movía". La manifestación se rompió y
unos se echaron al monte y otros se escondieron
donde pudieron. "Cuando llegué a casa me enteré de
que a mi hermano le habían disparado. Fue de muy
cerca, no fue una bala perdida como nos dijeron las
autoridades". Con el hígado destrozado y sin
capacidad de reacción, Roberto falleció cuatro días
después en Donostia. Jorge niega que su hermano
fuera miembro de una organización armada. "Era
militante del PCE (i) y trabajaba como electricista
en el taller de mi padre".
A priori, el caso de Roberto cumple todos los
requisitos para acogerse a la Ley de Memoria
Histórica tras las modificaciones del PSOE. Jorge
todavía lamenta que el Ayuntamiento de Eibar no haya
reconocido a su hermano como víctima del terrorismo.
"Fue terrorismo de Estado", destaca, tras quejarse
del doble rasero que desde algunos sectores se
aplica a los afectados por la violencia armada: "Los
que tienen el reconocimiento son las víctimas de
ETA, los demás, poco más. Un país que se denomina
democrático tiene que reconocer y no hacer borrón y
cuenta nueva cuando le interesa. El Gobierno
español, que tiene la llave y el poder para cambiar
esto, no está por la labor. En este momento, el
terrorismo es exclusivamente ETA".
La clave para solucionar todo este embrollo la
tienen PSOE y Partido Popular, que sumaron sus votos
para frenar una moción del Grupo Vasco encaminada a
reconocer a los miembros de grupos armados
asesinados en la dictadura. En la carpeta de asuntos
por resolver también figuran la retirada efectiva de
todos los símbolos franquistas, la confección del
mapa de localización de restos humanos de víctimas
de la Guerra Civil o la aclaración por parte de la
Administración de qué exhumaciones se han hecho y
cuáles quedan por hacer. Son las lagunas de la Ley
de Memoria Histórica.