Diego Barcala / Erik
López
Público 1 de Septiembre de
2009
La justicia
española es la única que deja impunes
los crímenes de una dictadura.
Argentina, Chile, Brasil o Alemania
marcan la vía jurídica para investigar
las desapariciones forzadas
El terrorismo de Estado produce
investigaciones judiciales en Brasil. La
dictadura argentina cumple condena.
Augusto Pinochet murió en Chile acosado
por los jueces. Y Alemania acaba de
anular las sentencias de los tribunales
militares nazis. En cambio, para la
justicia española, Franco y sus
generales no cometieron ninguno de esos
crímenes. |
Excavación de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica en
Milagros (Burgos). - Reyes Sedano |
Sólo
el magistrado que desató en 1998 el proceso a
Pinochet, Baltasar Garzón, hizo el año pasado un
intento fallido de juzgar al frasquismo. En su
instrucción, registró 114.000 desapariciones
forzadas. Los familiares de las víctimas,
juristas y ONG de prestigio e incluso la ONU
reclaman a España que juzgue su pasado.
La
Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica reclamó el pasado domingo, día
internacional de los desaparecidos, que España
cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea
General de la ONU: "Los Estados actuarán (...)
para contribuir por todos los medios a prevenir
y a eliminar las desapariciones forzosas". La
ONU, a través del grupo de trabajo sobre las
desapariciones forzadas, se lo ha pedido sin
éxito desde 2005, según reclama Amnistía
Internacional.
El
magistrado emérito del Tribunal Supremo, José
Antonio Martín Pallín, explica porqué el
Gobierno o los jueces deben colaborar en la
investigación de las fosas: "Cuando escucho
hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca veo la
necesidad de recordar que son asesinatos
extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no
investiguen podrían estar prevaricando al
incumplir la ley actual de Enjuiciamiento
Criminal, que exige al juez que reconozca los
cadáveres y si luego decide que el caso ha
prescrito, lo hará a posteriori".
"Inhumano y cruel"
El
investigador de Derecho internacional de la
Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel
Rodríguez Arias añade que "el Gobierno viola los
derechos humanos de los familiares de las
víctimas al no investigar". "Es inhumano y cruel
que se torture a las familias de estas víctimas
que quieren saber donde están enterrados sus
seres queridos", agrega.
El
dictador Videla será juzgado en Argentina
por 32 desapariciones
Rodríguez Arias cree que, tras el portazo a
Garzón en la Audiencia Nacional, la única opción
de los familiares es acudir "a buscar justicia
fuera de España, en el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos".
Los
argumentos que han impedido hasta ahora
investigar el franquismo tienen dos bases: los
crímenes han prescrito y la Ley de Amnistia de
1979 elimina la búsqueda de culpables. Sin
embargo, la jurisprudencia internacional
destruye ambos conceptos.
En
2003, la Corte Suprema de Argentina anuló el
perdón legal de los militares. Los juicios se
reabrieron y el propio dictador Jorge Videla
será juzgado en los próximos días por la
desaparición de 32 presos políticos en 1976.
La
justicia argentina anuló por "inconstitucional"
las leyes creadas por la dictadura para evitar a
la justicia.
En
1979, seis años antes de la llegada de la
democracia a Brasil, la dictadura aprobó una ley
de amnistía que permitió el retorno de exiliados
y la liberación de presos políticos. Los
culpables del asesinato de 383 presos políticos
se escudaron en esa misma ley para quedar
impunes.
Martín Pallín: "Alguno todavía defiende la
ley de Amnistía"
La
Justicia brasileña actual ha decidido reabrir la
investigación para que los crímenes no queden
impunes.
La ley
de Amnistía española fue aprobada en 1979, pese
a que dos años antes España firmó en la ONU
tratados de protección de derechos humanos que
exigían la investigación de la represión
política. "Sin embargo, algunos sostienen que la
ley de Amnistía es lo más grandioso de la
Transición", sentencia Martín Pallín.
Por su
parte, Rodríguez Arias insiste en que "los
crímenes contra la humanidad no prescriben. Otra
cosa es que luego cumplan sus penas. Además,
según el investigador, no sólo se trata de
delitos cometidos en el fragor de la Guerra
Civil, sino "de prácticas que se prolongaron
durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como
fue el robo de bebés por parte del Estado".
No
obstante, Rodríguez Arias considera que "estos
crímenes no fueron, sino que son", ya que sus
víctimas aun sufren las consecuencias.