Furor supremo contra
la Ley de la Memoria
Félix Monteira
Público 6 de Junio de 2009
Todas
las fuentes que conocen los entresijos de la más alta instancia judicial
española coinciden esta vez en un mismo vaticinio: la Sala de lo Penal
del Supremo le va a sentar la mano a Garzón. Si así va a ser, tendrán
razón los que sospechan que a veces se hacen esbozos de sentencia antes
de saber si hay bases para convocar juicio oral por presunta
prevaricación.
No es el destino del juez, que
tendrá recursos para su defensa y cuenta a su favor con el precedente de
que la Junta de Sala de la Audiencia Nacional no apreció delito, lo
relevante de este caso, sino la circunstancia de que el Supremo
aprovecha este viaje para arremeter de paso contra la Ley de la Memoria
Histórica. Y lo hace admitiendo una querella del sindicato franquista
Manos Limpias, al que este mismo tribunal en su día rechazó otro recurso
por acusación infundada.
La pobre Ley de la Memoria es
un piadoso pero inútil intento de permitir que muchos humillados puedan
recuperar el nombre de sus antepasados que fueron injustamente
fusilados. El Supremo está obligado a respetar las leyes, aunque sabe de
sobra que esta norma que tanto parece molestarle es simple papel mojado.
No cumple ninguna de las tres pautas que marca la jurisprudencia
internacional: ni permite conocer la verdad, ni posibilita restablecer
la justicia, ni ofrece reparación. Tampoco facilita medios ni permisos
para buscar a los desaparecidos.
Acaso no es tarea del Supremo,
pero sí del Poder Judicial, impedir que haya jueces que nunca encuentren
tiempo de levantar acta de unos huesos desenterrados que permanecen al
sol como si hubieran pertenecido a perros. ¿Más de 70 años después
todavía es posible añadir tanta crueldad al dolor de unos familiares que
sólo quieren que los restos de los suyos descansen de una vez en una
tumba normal? Esa ley, que los jueces están obligados a cumplir, es ya
letra muerta.
En la provincia de León, en el
alto de Ocero, en un lugar conocido como “La V” por la intersección que
dibujan dos carreteras, hay un frondoso pinar de troncos republicanos.
Diseminados en ese bosque yacen más de cien paseados, gente fusilada sin
juicio, que tuvo que cavar su propia tumba antes de recibir la descarga
de unos desalmados que, en muchos casos, se beneficiaron de los bienes
de los muertos. Era un reclamo para activar las denuncias que
alimentaron la barbarie. Cuando hace años se amplió la calzada, en el
destierre aparecieron restos, pero nadie dijo nada para no parar las
obras. Lo urgente era el progreso.
Una viuda que ya es bisabuela
costeó con sus ahorros un proceso, buscó testigos, pagó edictos
publicados en el BOE y en periódicos sólo para conseguir que su padre
pasara de desaparecido a la condición de muerto. Como no hay dinero ni
permisos para excavar en terrenos privados, esta señora se tuvo que
conformar con un bloque de granito y una placa en la que figura grabado
el nombre de su progenitor. Sembró flores en torno a este túmulo
figurado y muchas de las veces en las que acude a honrar la memoria de
aquel minero las encuentra pisoteadas. Pero esta es una historia triste
y humilde que jamás debe enturbiar el afán de justicia del Supremo.
Sin embargo, el Alto Tribunal,
a la hora de arremeter contra la ley, aunque el interés primario pueda
ser Garzón, no ha dudado ni un instante en elegir como ponente a un juez
contaminado, Adolfo Prego. Este magistrado firmó un manifiesto que es un
delirio revisionista contra la ley y a favor de la sanguinaria dictadura
de Franco, la única en el mundo que se ha ido sin pagar responsabilidad
alguna.
Pero los jueces, piensen lo
que quieran, no pueden pronunciarse contra las leyes aprobadas por la
soberanía que da el pueblo al Congreso, porque su deber es aplicarlas y
para ese fin los contribuyentes les pagan. Que está contaminado Prego lo
sabe un alumno de primero de Derecho, pero el Supremo aún no se ha
enterado.
En las comidillas de Madrid,
un destacado miembro del Poder Judicial está dando por sentado ante
grupos de periodistas que el supuesto cohecho de Camps quedará archivado
antes del próximo 15 de julio. Lástima que la lentitud histórica del
Tribunal Supremo no nos permita a la vez ir de vacaciones con más
cuentas saldadas y, desde luego, sin memoria.