La frivolidad política de las
instituciones en el tratamiento de la Memoria Histórica.
José Mª
Pedreño
UCR
31 de Diciembre de 2009
Las instituciones están realizando un ejercicio de
frivolidad política que nos acerca cada vez más a una
monarquía bananera que a un estado democrático de
derecho
El cúmulo de desvaríos iniciado con la
denominada “Ley de la Memoria Histórica” (de la
vergüenza histórica, como la denominamos las
asociaciones), continuó con la comedia
protagonizada por Garzón –posiblemente en
alianza con el Ejecutivo- para que se
visualizase la imposibilidad de una solución
jurídica coherente con el Derecho Penal
Internacional y la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y sólo se visualizase la famosa
“Ley” como logro del Gobierno; siguió con los
protocolos de exhumaciones articulados por
diversas comunidades autónomas, dando a los
republicanos españoles el mismo tratamiento
arqueológico que a los restos antropológicos de
Atapuerca; y continuando, por fin, con el
disparate de buscar a Lorca, instrumentalizando
a familiares que no lo son, familiares que sí lo
son y familiares presionados, poniendo por
encima de una decisión judicial, que está
pendiente en el Tribunal Supremo, una decisión
administrativa. Nuestra organización, a través
del Foro por la Memoria de Andalucía presentó
alegaciones en tiempo y forma, sin que hasta la
fecha se hayan contestado, indicando esta
situación. |
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Esperemos que se pidan cuentas al respecto a la
Consejera de Justicia y al Comisario de la Memoria de
Andalucía, en especial por no valorar lo que desde el
movimiento memorialista y desde diversas organizaciones
de Derechos Humanos se viene reclamando desde hace años:
la aplicación de las leyes y normas internacionales
relacionadas con lo crímenes contra la humanidad
imprescriptibles.
Pero la frivolidad con la que se ha tratado el tema
llega al absurdo, ya que sin haber investigado con
seriedad y rigor –cuestión que llevaría bastantes años-
lo ocurrido en el barranco de Víznar -donde se supone
que fueron inmolados miles de andaluces por defender la
legalidad democrática de la II República-, se han
lanzado a la búsqueda de Lorca y los que le acompañaron
aquel día (o amanecer, o noche) fatídico, cuando lo
importante es conocer qué pasó con todos aquellos miles
de granadinos, entre los que Lorca deja de ser el gran
poeta y artista para transformarse en uno más entre los
demócratas exterminados. Las ansias de un gran éxito
mediático, por parte de varios de los protagonistas
impulsores de tal desatino, para vender posteriormente
una imagen que les permitiese vivir de la creación de un
nicho de empleo en lo que podemos denominar “mercado de
levantamiento de fosas” y otros, con claros objetivos
electoralistas, y de que el levantamiento del que se
puede considerar más famoso desparecido español sirviese
para dar otro golpe al carácter reivindicativo del
movimiento memorialista republicano (los restos de Lorca
aparecidos provocarían tal revuelo informativo que se
olvidaría el resto de los muertos), tan sólo ha servido
para poner en bandeja a la “derechona” española la
posibilidad de atacar más despiadadamente la memoria
democrática en el estado español y fortalecer las tesis
revisionistas de los pseudo-historiadores pro-franquistas.
Una vez realizada una buena investigación (aunque, al
tratarse de crímenes contra la Humanidad que no han
prescrito debería realizarla el juez), hay que presentar
la denuncia correspondiente, agotando todas las
instancias posibles y, si se agota la vía jurídica
española, acudir a los tribunales internacionales. Una
institución como la Junta de Andalucía tiene los medios
materiales necesarios para llegar, desde el punto de
vista jurídico, a donde las asociaciones no podemos
llegar por falta de medios. Eso sería empezar a enmendar
y reparar el deterioro que acciones como la emprendida
en Alfacar –sin olvidar otras tremendas chapuzas
apoyadas por la Junta de Andalucía en este sentido-
provocan en la democracia española. Porque tratar con la
frivolidad con la que muchas instituciones están
tratando la Memoria Democrática, es atacar la democracia
misma
Habiendo pertenecido al “Comité Técnico para la apertura
de fosas” creado por la Junta de Andalucía en el seno de
la Consejería de Justicia, en 2004 -hasta que otro
compañero de la organización pudo sustituirme- he de
callar lo que se habló allí en aquellos momentos. Sin
embargo, sí puedo afirmar que de aquellos polvos vienen
estos lodos.
Ahora, después del fracaso, quieren lanzarse a levantar
fosas como la del Marrufo, en la provincia de Cádiz, de
la misma forma, frívola y sin sentido. ¿Hasta dónde
piensan llegar?
Señores gobernantes, señores jueces y demás poderes de
lo que hoy podemos denominar “monarquía bananera”:
Si de verdad quieren ustedes que podamos decir que este
es un estado democrático y de derecho hagan sus deberes.
No se trata de redactar y aprobar una ley más o menos, o
de un protocolo más o menos sino de aplicar de una vez
por todas, la legislación existente, tanto a nivel
nacional como internacional. La denominada “Ley de
Memoria” es incompatible con un estado democrático y no
tiene enmienda posible. Sólo una Ley que observase
escrupulosamente le legislación internacional y la
jurisprudencia existente al respecto podría ser
aceptable. Con todo, y con eso, si de verdad hubiera
voluntad política y seriedad por parte del poder
judicial, tampoco sería necesaria la citada ley. Tan
sólo serían necesarias normas que regulasen ciertos
aspectos relacionados con la Memoria Democrática.
Sabemos que existen iniciativas para enmendarla y
modificarla, creando comisiones de la verdad, incluso
con propuestas que introduciendo términos en apariencia
radicales aparentan ser la solución, pero no con el
ánimo de llegar a la justicia y al fin de la impunidad,
caiga quien caiga, sino con el objetivo de hacer lo
máximo posible parándose en el límite que afecte a los
llamados logros de la transición. Nuestra organización
no va a apoyar comisiones de la verdad, ni leyes que
enmienden lo existente si esto sólo va a servir para
avanzar un poco más sin llegar a la justicia que la
Democracia y el Pueblo se merecen. Sabemos que conseguir
Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del
franquismo, lleva aparejado declarar ilegal el
franquismo, incluida la transición (última gran obra de
los franquistas con la complicidad de una buena parte de
las direcciones de los partidos democráticos). Y estos
logros de la transición no son otra cosa que un reparto
de poder y riquezas entre franquistas y aparatos
partidistas.
¡Ya está bien, señores! Ya no pueden seguir
engañándonos. Los que les seguíamos cuando teníamos
veinte años, al llegar a la madurez, nos hemos dado
cuenta de la gran estafa urdida hace treinta años. Si
esto sigue así, algunos seguiremos pensando que vivimos
en un extraño estado en el que se aplica el derecho sólo
contra los más débiles (en este caso los defensores de
la legítima democracia española: la II República) y para
proteger la propiedad privada (de algunos). Por mucho
que podamos ir a votar cada cuatro años, mientras que
los defensores de la II República no tengan Verdad,
Justicia y Reparación no podemos decir que exista
realmente una democracia en el Estado Español.
http://josepedre.0fees.net/
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José Mª Pedreño. Federación
Estatal de Foros por la Memoria
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