La Ley
de Memoria Histórica la inventó un dictador,
Francisco Franco, cuando sólo era un general
golpista. No la llamó así, pero no hay, en el
texto arrancado con esfuerzo a las fuerzas
democráticas en 2007, nada que el Caudillo no
hubiera hecho 70 años antes. Fue Franco el
primero en pedir un censo de desaparecidos de la
guerra; el primero en encargar a un grupo de
expertos un protocolo de exhumación, y el único
en preservar por ley las fosas comunes para que
no se construyera sobre ellas. Todo únicamente
para las víctimas de su bando.
Así se
lee en la fuente más fiable posible, al menos,
la más oficial. Múltiples leyes, decretos y
órdenes publicadas en el Boletín Oficial del
Estado dan cuenta, desde casi el principio
de la contienda, en 1936, de la preocupación de
Franco no ya por ganar la guerra, sino por
honrar a sus víctimas. Así lo han
constatado cuatro investigadores de la
Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH) tras dedicar más de 400 horas a
bucear en una fuente tan generosa como
inabarcable. "Sólo hemos podido arañar el BOE
analizando algo más de 3.000 páginas", reconoce
Carlos Agüero, coordinador de la investigación.
Franco
vigiló que todas sus víctimas fueran inscritas
en un censo de desaparecidos o fallecidos
acompañando las palabras "muerto gloriosamente
por Dios y por España". Y quiso atender "tan
justas aspiraciones de los familiares de
aquellos que gloriosamente cayeron víctimas de
la barbarie roja"; esto es, recuperar los
cuerpos de las fosas comunes donde yacían.
Para
llevar a cabo la "piadosa finalidad" de devolver
a las familias los cadáveres de sus seres
queridos, una ley de mayo de 1939 facultó a los
Ayuntamientos para no exigir los impuestos que
"gravan las inhumaciones, exhumaciones y
traslados de cadáveres víctimas de la barbarie
roja", obedeciendo a "la verdadera necesidad de
rendir el postrero homenaje de respeto a los
restos queridos de personas asesinadas en
circunstancias trágicas o muertas en el frente y
cuyo enterramiento se ha verificado muchas veces
en lugares inadecuados". Otra orden de 1940
publicaba el "modelo de acta de exhumación" que
había elaborado su comité de expertos, en este
caso, el Consejo General de los Colegios
Oficiales de Médicos. El protocolo de exhumación
incluía la expropiación temporal de un terreno
cuando los restos se hallaran en fincas privadas
y la declaración del lugar de "tierra sagrada".
Además,
en abril de 1940, el Ministerio de la
Gobernación ordenó a todos los Ayuntamientos que
adoptaran "medidas que garanticen el respeto a
los lugares donde yacen enterradas las víctimas
de la revolución marxista". Y explicaba: "Con el
fin de evitar posibles profanaciones y guardar
el respeto debido a los restos sagrados de los
mártires de nuestra Cruzada, los Ayuntamientos
acotarán y cerrarán, de modo provisional, pero
que reúna las precisas garantías de seguridad,
aquellos lugares en donde conste de manera
cierta que yacen restos de (...) asesinados por
los rojos".
Y para
los casos en que nada de lo anterior fuera
suficiente, Franco estableció medidas drásticas:
"Para defender este camposanto (Paracuellos)",
recordaba un decreto de marzo de 1951, "fue
desviado en 1941 el torrente de San Miguel,
afluente del río Jarama, y se llevó a cabo una
variante de la carretera provincial de Barajas a
Fuente el Saz".
Quiso
preservar (y lo logró) los lugares donde yacían
sus muertos para que pudieran ser devueltos a
sus familias. Mientras, muchas de las fosas de
republicanos eran sepultadas para siempre por
autovías y edificios. Y concedió, desde 1936,
generosas pensiones vitalicias a sus viudas,
algo que las esposas del bando enemigo no
lograron hasta 1979. "Hemos encontrado pensiones
de más de 1.200 pesetas, un fortunón para la
época, y eso, en la España de la posguerra,
generó unas élites de vencedores, poderosas y
ricas", afirma Agüero.
Para
Emilio Silva, presidente de la ARMH, esta
investigación derriba la tesis de que Franco
diera un "golpe espontáneo" porque "comienza a
legislar desde el primer momento" y demuestra lo
"absurdo" del debate sobre la ley de memoria:
"quienes decían que habría que reparar a los dos
bandos deberían haber sabido que uno de ellos se
autorreparó durante años". Silva lamenta no
haber podido investigar más. "Hemos gastado más
de 1.000 euros en las consultas al BOE. Prefiero
usar ese dinero para ayudar a familiares a
recuperar a los suyos". Como hizo Franco. -
La
factura de la guerra
Franco fue tan
generoso con las víctimas de su
bando como cruel con las del
contrario. Mientras concedía
"medallas al sufrimiento por la
patria" y pensiones vitalicias a
unos, vaciaba por completo las casas
de otros. Primero, de gente,
llevándose a padres y maridos
republicanos a cárceles o fosas
comunes. Y después, de todo lo que
les quedaba, arrebatando a los
supervivientes su profesión y sus
bienes. De hecho, lo uno hubiese
sido imposible sin lo otro.
Franco empezó
a conceder ayudas y pensiones a
sus víctimas en 1936. ¿De dónde
salía el dinero? En 1937, Franco
estableció por ley el procedimiento
para la incautación de "bienes
pertenecientes a las entidades de
carácter político", esto es, todos
los partidos e instituciones
democráticas. Después lo hizo
familia a familia. "Se juzgó incluso
a personas ya muertas para poder
requisar sus bienes y pagar la
factura de la guerra", asegura
Emilio Silva, presidente de la
Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica.
Todo eso está
también en la investigación sobre el
BOE: "Las comisiones depuradoras",
las "incautaciones",
las
"requisitorias" convocando a cientos
de personas
ante el juzgado más cercano; las
partidas para mantener los
abarrotados "campos de
concentración"... "Por eso
le enviamos el
informe a Garzón", afirma Carlos
Agüero, coordinador de la
investigación. "Era la prueba más
contundente e inapelable de la feroz
represión de Franco". -