Miguel Ángel Rodríguez Arias (Barcelona,
1977) es investigador de Derecho Penal
Internacional de la UCLM (Universidad de
Castilla-La Mancha) y autor de las primeras
investigaciones jurídicas en España abordando la
cuestión de los desaparecidos del franquismo
como “crímenes contra la humanidad” no
prescritos y no sólo como cuestión de “memoria”,
dando lugar con las mismas a actuaciones de la
Audiencia Nacional. Junto a otros tres estudios
publicados en la revista Jueces para la
Democracia demostrando las actuales violaciones
de derechos humanos en nuestro país a la luz de
la jurisprudencia internacional1,
es autor de El caso de los niños perdidos del
franquismo: crimen contra la humanidad (Tirant
Lo Blanch, Valencia), investigación en la que se
basó el juez B. Garzón para abrir el caso de las
desapariciones infantiles durante la dictadura.
En la actualidad, Rodríguez Arias cuenta en su
haber cuatro premios nacionales e
internacionales de investigación.
Si le parece podríamos empezar dando cuenta del
significado político-cultural del Día
Internacional de los Desaparecidos que
celebramos este 30 de agosto de 2009.
El Día Internacional de los Desaparecidos fue
impulsado en 1981 por FEDEFAM (Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos). Día tras día, los
familiares de las miles de personas que han
"desaparecido" soportan el desgarrador
sufrimiento de no saber qué ha sido de sus
hijos, sus padres, sus cónyuges, o hermanos y
eso es lo que se quiere recordar junto a la
denuncia de las políticas pro impunidad que
permiten que eso siga siendo así. Y eso es
exactamente lo que sucede en el caso español,
aunque prácticamente hasta el 30 de agosto del
año pasado nada de esto ha sido tenido presente
entre nosotros y queda aún mucho camino por
recorrer; a pesar de que seguimos siendo
el segundo país del mundo en cifras de
desaparecidos, tan sólo por detrás de la Camboya
de Pol Pot y aunque trágicamente sigamos
teniendo más desaparecidos en España que en toda
hispanoamérica, donde hemos acudido a pretender
darles lecciones y son ellos los que deberían
dárnoslas a nosotros en este campo.
Usted ha escrito recientemente un artículo que
ha titulado “Ciento cincuenta mil muertos en el
armario de la Presidencia española de la Unión
Europea”. ¿Qué muertos son esos? ¿Por qué están
guardados en algún armario?
En realidad se trata de 340.000 víctimas del
franquismo, ciento cincuenta mil desaparecidos,
y otros 190.000 ejecutados previa escenificación
teatral de un juicio-farsa o muertos en
circunstancias no esclarecidas en las cárceles
de Franco. Lo titulo así porque esa es la cifra,
143.353 desaparecidos del franquismo,
oficialmente conocida tras las actuaciones de la
Audiencia Nacional, aunque todavía no sepamos a
ciencia cierta cuantos miles de niños perdidos
siguen desaparecidos en vida y no estén
incluidos en el cálculo. Todas esas víctimas son
el “muerto en el armario” de unas autoridades
que quieren liderar Europa en su próxima
Presidencia europea, a partir de 2010, desde la
violación del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, como si tales decenas de miles de
desaparecidos, los cientos de fosas clandestinas
y sus familias que les aguardan no existiesen.
Ciento cincuenta mil escribe usted, 143.353
puntualiza. ¿Cómo se ha realizado ese cálculo?
¿No es una exageración teniendo en cuenta la
población de España en aquellos años y el número
de fallecidos durante la contienda y los
numerosos republicanos que tuvieron que
exiliarse al triunfar el fascismo internacional
en nuestro país?
Como bien dice la
desproporción de dicha cifra, no sólo en
términos absolutos sino relativos de un país
menos poblado y que además acaba de salir de una
cruenta guerra, es lo que me lleva a hablar de
“cifras de genocidio”, el de los defensores de
la Segunda República española, del que todavía
no se ha tomado ni remotamente conciencia en
nuestra sociedad empezando por nuestros propios
representantes. Esas cifras resultan de las
investigaciones de la Audiencia Nacional, de la
propia Condena de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 –
citando a su vez, en su punto 642,
cifras admitidas por el propio régimen lo que
nos debe llevar a pensar que podrían ser incluso
superiores – y como digo ni siquiera contabiliza
el caso de los niños perdidos del
franquismo que algunas fuentes apuntan que
podrían ser varios miles (hay quien habla de
30.000) pero todavía sin contrastar.
Se habla y se ha hablado de “los desaparecidos”
de las dictaduras militares de Chile, Argentina
o Uruguay, entre otros ejemplos, pero poco -o
con escasa insistencia e incidencia- de los
desaparecidos españoles durante el franquismo,
¿por qué? ¿No es extraño un silencio tan sonoro
treinta años después de la muerte del dictador
golpista?
Hay que pensar que el nivel de exterminio
durante, y después, de la guerra contra la
población civil española (“guerra civil” se
queda corto), exilio forzado, persecución y
represión sostenida en el tiempo respecto de los
que sobrevivieron a todo ello no tiene parangón;
los cuarenta años de dictadura para modelar a su
antojo un país desde la más absoluta impunidad
tampoco. El franquismo sociológico sigue siendo
una realidad entre nosotros, presente de manera
difusa y con distinta modalidad en todo el arco
político y social y hará falta tiempo y
constancia para borrar su huella y
desaprenderlo. La transición hacia el
reestablecimiento democrático no puede
considerarse concluida mientras sigamos siendo
el segundo país del mundo con ciento cincuenta
mil personas en fosas clandestinas como ya he
mencionado, y sigue habiendo temas tabú como el
de la devolución de las requisas de bienes y
papel moneda y el de las indemnizaciones,
imprescriptibles, a los trabajadores forzados
por parte de los empresarios de Franco que
sacaron buen provecho de la dictadura.
¿Conoce usted un caso similar en la postguerra
europea al que ha sucedido en España con estas
personas desaparecidas?
El caso de los desaparecidos de la antigua
Yugoslavia, de hecho, y como he demostrado en mi
última investigación aplicando por primera vez
dicha jurisprudencia europea al caso español, la
condena por violación de derechos humanos de las
autoridades serbias post Milosevic en el caso de
las fosas de Srebrenica -por no emprender una
investigación oficial efectiva e independiente
de cada fosa, y no revelar el paradero a sus
seres queridos, incurriendo así en “trato
inhumano” y violación del “derecho a la vida
familiar"- debería ser un aviso para navegantes
en toda regla para nuestro Gobierno.
Me refería a la inmediata postguerra. Estaba
pensando en Alemania o en Italia tras la derrota
del fascismo.
No, salvo alguna posible excepción, las víctimas
de Hitler o Mussolini fueron honradas y
reconocidas como luchadores anti fascistas, los
responsables juzgados, en ningún caso sería
planteable que víctimas como las más de 300 de
las matanzas de las fosas ardeatinas en Roma
–considerado un lugar para la memoria y el
homenaje protegido por el Estado– estuviesen
todavía en la fosa clandestina dispuesta por los
verdugos, con los familiares clamando para que
se los devuelvan, con especuladores
inmobiliarios al acecho de los terrenos cuando
no simplemente construyendo encima de los
cadáveres insepultos de todas estas personas,
defensores de nuestra República, ¿qué más se
puede decir?. Cuando se reflexiona despacio y
mirando a nuestro entorno sobre todo lo que se
está haciendo con los desaparecidos de Franco en
España no es posible creer que todo esto esté
pasando de verdad.
A veces se oye hablar, muy poco desde luego, o
se elaboran documentales sobre los niños
desaparecidos durante el franquismo. Hablaba
usted de ellos hace un momento ¿De quiénes eran
esos niños? ¿Qué familias les acogieron? ¿Se
tienen cifras aproximadas? ¿Saben ellos ahora
quienes fueron sus verdaderos padres?
El caso de los “niños perdidos” del franquismo
presenta varias facetas. En un principio las
víctimas fueron netamente pertenecientes a
familias de defensores de la República, puestos
a salvo en el extranjero por las colonias
infantiles de Victoria Kent, o fueron robados de
los brazos de sus madres ilegalmente detenidas
por pura razón de parentesco en centros de
detención de distinta índole, así como niños de
los entornos maquis, también como forma de
represalia ante acciones guerrilleras. Después
en los años sesenta -tenemos niños perdidos
todavía rondando los cuarenta años de edad, como
da pie a pensar el presunto caso de la
maternidad de Odonell y otros-, el componente de
indefensión social ante el abuso cobró más
relevancia. En todo caso el problema de todo
este caso es que es de mucha mayor complejidad
que el de las fosas al tratarse de desaparecidos
en vida, y requerirse instrumentos específicos
del Estado para la búsqueda e identificación
como una Base Nacional de Datos Genéticos y una
Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos,
una unidad policial específica de búsqueda de
niños perdidos, etc, como en Argentina y otros
países. Pero, para empezar, no tenemos ni tan
siquiera una “investigación oficial efectiva e
independiente” promovida por nuestras
autoridades, como exige el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos respecto de nada de esto, por
qué centros pasaron los niños, de qué
titularidad eran los centros de detención
materno-infantil, etc, etc, sin dicha
investigación oficial, como he demostrado que es
la obligación del Estado en un atento examen de
una veintena de sentencias vinculantes para
nuestro país, el velo de impunidad todavía
existente es completo.
Habla usted del reciente caso de la maternidad
de Odonell. ¿Podría explicarlo brevemente?
Se trata de un caso que llegó también a la
prensa nacional hace unas semanas, denunciándose
la situación de niños presuntamente separados de
sus familias al nacer al decírseles que habían
fallecido, pero de enfermedades altamente
improbables que daría pie a un verdadero estudio
de la OMS en su incidencia en dicho centro, y lo
más determinante, sin devolver el cuerpo que es
lo que en todo caso determina la situación de
desaparición. Vivos o muertos debían ser
entregados a sus familias, o debería decírseles
hoy dónde quedaron enterrados, de ser ello así.
Por eso, una vez más, debe ser una investigación
oficial efectiva e independiente la que lo
esclarezca todo.
¿Qué actividades realizan las familias de esas
personas desaparecidas? ¿Han recibido alguna
ayuda pública en su democrático y razonable
empeño de búsqueda?
De verdad, lo de que las familias busquen a
desaparecidos que se llevó el Estado, es el
completo mundo al revés, en cualquier otro lugar
del mundo está reconocido que es el Estado el
que debe hacerlo, y su único fundamento es que
al hacer la ley de la memoria le copiaron a
Franco su Orden de primero de mayo de 1940
"sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres
asesinados por los rojos", como también he
podido demostrar. No se trata de que el Estado
dé subvenciones -Franco daba exenciones
fiscales–. El único rol de esas familias es el
de ser tratadas con el respeto y consideración
que merecen y que la fiscalía las tenga
puntualmente informadas de cuantos avances se
puedan realizar en la persecución penal de los
asesinos de sus seres queridos arrebatados o, de
no ser ello posible, del estado de la
localización e identificación de sus seres
queridos. No sé cuanto tiempo hará falta para
explicarle a nuestra ciudadanía y que se alcance
una conciencia clara de que hemos vivido, y
seguimos viviendo, en la anormalidad
jurídica y que a quien hay que copiarle es al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos no a Franco
como se ha hecho. ¿Es así como se educa además a
la ciudadanía en el alcance de sus propios
derechos humanos internacionalmente reconocidos,
a base de generar confusiones graves en torno a
elementos básicos?
¿Por qué cuando se habla de terrorismo en
España no se habla de estas situaciones que, sin
apenas atisbo de duda, parecen fruto de acciones
que pueden ser calificadas de terrorismo de
Estado?
Creo que los crímenes del franquismo pueden ser
calificados como terrorismo de Estado, como
también lo fueron los de la Dictadura argentina,
pero que el concepto de crímenes contra la
humanidad es mucho más exacto y favorable para
las victimas por los efectos que les reconoce el
Derecho Penal Internacional desde Nuremberg. De
hecho, creo que hay que tratar de avanzar hacia
la comprensión de los crímenes del franquismo
como un “genocidio” con todas las letras y a
pesar de distintos aspectos jurídicos
cuestionables surgidos post Nuremberg que lo
dificultan, sustancialmente que la Convención de
1948 elimina la figura del genocidio político,
aunque antes sí que ésta resultaba reconocible.
Creo que ese es el nuevo concepto por revisar en
todo este tema, como antes hubo que revisar la
cuestión del franquismo como algo mucho más allá
de la “memoria histórica”. Lo que hizo el
franquismo con los defensores de la República
española, desapariciones y todo lo demás –la
práctica totalidad de crímenes internacionales
que existen–, fue un genocidio. Y todo eso sigue
impune y ni siquiera los derechos reparatorios
de sus victimas encuentran un normal
cumplimiento.
¿Qué opinión le merece la ley de Memoria
Histórica y su cumplimiento?
Tengo un artículo pendiente de publicación en
prensa nacional en los próximos días titulado
«La “ley” de la memoria no es ley: fórmula de
Radbruch y objeción de conciencia ante una
injusticia insoportable», creo que ello y mis
consideraciones previas, ilustra suficientemente
mi valoración jurídica de la ley. Mi conciencia
me impide reconocer como derecho, ni nada que se
parezca, la regulación que hace la “ley” de la
“memoria” de temas como la situación de los
desaparecidos (copiada-pegada directamente de
Franco), o la consideración como derecho “con
vicios de forma y fondo” de los fusilamientos.
Yo no puedo llamar derecho al asesinato de
decenas de miles de personas. Y no puedo
entender como alguien pueda hacerlo aunque sólo
fuera por motivos estrictamente de humanidad y
compasión hacia sus familiares.
Entonces, en su opinión, ¿por qué se ha obrado
de esa forma? ¿Por miedo? ¿Por la correlación de
fuerzas existentes? ¿Por qué no se ha sabido
hacer mejor?
Para mi todo esto es una cuestión de posibilismo
político irreflexivo, llevado por su propia
inercia, en ausencia de un efectivo freno o
control, ni político ni social ni periodístico
–algún medio nacional debió haber alzado la voz
alto y claro para decir que no era correcto
encomendar a los propios familiares octogenarios
el desentierro de sus seres queridos asesinados
y que había que poner el empeño necesario en
buscarles a todos con los medios del Estado, que
había que respetar sus derechos humanos y el
derecho internacional– hasta representar un caso
de “banalidad del mal” tal y como lo definiese
Hannah Arendt: se regula irreflexivamente, sin
una verdadera toma de conciencia ética de las
repercusiones materiales y humanas de la acción
política en este campo, el dolor en el que
siguen sus familias, etc.
Déjeme apuntarle unos ejemplos. Un hospital de
Burgos lleva el nombre de un general golpista,
amiguísimo y colaborador del general golpista
Franco. En Barbastro, a las orillas del Vero,
puede verse una Iglesia con una inmensa placa
llena de símbolos fascistas. En Artica ha sido
destrozada una placa que recordaba a los 17
fusilados en el pueblo. Varios historiadores, y
no sólo de una impresentable extrema derecha, no
dejan de reconstruir permanentemente el pasado
de antiguos dirigentes del franquismo como, por
ejemplo, el de José Mª Areilza, conde Motrico.
¿Cómo puede soportarse sin gritos enrabietados
una cosa así? ¿Cómo concebir la aceptación de
tamaño disparate?
Todo ello forma parte de esa necesidad que
apuntaba de terminar de verdad con el franquismo
difuso entre nosotros, y más cosas tan solo muy
tardíamente rectificadas como el hecho de que el
derecho de asociaciones estuviese regido hasta
2002 por una ley de la dictadura del año 1964
mínimamente parcheada. Durante años ese ha sido
el modelo de participación democrática que se ha
seguido lactando, siendo como es el movimiento
asociativo un elemento esencial, una primera
escuela. El lastre y la huella de esos cuarenta
años debe ser examinado en 360 grados, desde la
perseverancia, y el compromiso con lo mejor de
los valores democráticos republicanos que nos
arrebataron con la imprescindible ayuda de
Hitler y Mussolini.
¿Sigue siendo España el país de los niños
perdidos? ¿Cómo deberíamos actuar entonces? ¿Qué
hacer, si me permite la eterna y necesaria
pregunta?
Eso es lo que a mi juicio sigue siendo y de ahí
que ese fuese el título de la introducción de mi
libro sobre el tema y hasta de mi blog personal.
Esa es mi convicción. Es de donde venimos y lo
que seguimos siendo. Para cambiar todo esto
bastaría con dar normal cumplimiento a unos
instrumentos internacionales de sobra conocidos
y claros en su significado. Para conseguirlo
tenemos un largo camino por delante, sea en
denuncia y concienciación dentro de España como
de actuación internacional ante distintos
tribunales y organismos de derechos humanos.
Dos preguntas finales. La primera, discúlpeme,
algo personal. Usted es joven, nació después de
la muerte del dictador. ¿Qué le mueve a realizar
todas estas investigaciones y denuncias? ¿Su
ideal de justicia, tiene acaso familiares
afectados…?
Siempre me orienté vocacionalmente hacia el
Derecho penal internacional, ya desde mis años
de formación en Italia y Alemania, y me parecía
claro que, enmascarando toda la cuestión de los
crímenes contra la humanidad del franquismo como
“memoria histórica”, en España se estaban
llevando a cabo políticas pro impunidad
incumpliendo Nuremberg, derechos humanos y todo
lo que uno se pueda imaginar. Pero, sobre todo,
no podía evitar una sentida gratitud, una
sensación de que les debemos algo muy
importante, a todos aquellos que defendieron
nuestra República en unas circunstancias
aterradoras y con prácticamente todo en contra.
¿Cómo voy a guardar silencio y no utilizar mi
formación permitiendo que gente que debería
avergonzarse de las ilegalidades que está
cometiendo sigan tratando así a las personas que
los defensores de nuestra República dejaron
atrás, a sus propias familias y seres queridos,
que les sigan negando sus derechos humanos?. La
gente de mi generación no hemos podido hacer
nada antes por ninguno de ellos, pero a sus
familias sí que las podemos defender y hacer lo
que pueda estar en nuestra mano para que nuestro
Estado respete sus derechos. Y pienso que los
defensores de nuestra República habrían querido
que hiciésemos lo posible para que sus familias
estuviesen bien. ¿Qué menos que eso les debemos?
A partir de ahí poco importa el trabajo que
tengamos por delante. Ellos enfrentaron algo
infinitamente peor por todos nosotros, y el
derecho está de nuestra parte, aunque no lo esté
todavía en nuestro propio país por la transición
inconclusa.
Una última cuestión que creo
enlaza consistentemente con algunas de sus
consideraciones anteriores. El Gobierno de
Aragón, un gobierno PSOE-PAR, no un gobierno del
PP o de derechas nacionalistas, estudia multar a
la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica por la apertura de una fosa. La
sanción podría llegar hasta los 300.000 euros.
Según creo, la Dirección General de Patrimonio,
dependiente de la Consejería de Cultura y
Turismo, remitió a finales del pasado mes de
julio de 2009 una carta a la ARMH con el fin de
conocer si el colectivo había cometido una
infracción de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés, con la exhumación
de una fosa común en Calatayud (Zaragoza). La
carta solicita a la ARMH un informe de la
exhumación llevada a cabo con "el fin de valorar
la posible incoación de un expediente
sancionador". El Gobierno aragonés considera que
la exhumación se llevó a cabo sin la
correspondiente autorización necesaria para
realizar, no es una errata, “excavaciones
arqueológicas”. Para la ARMH es "lamentable que
el Gobierno de Aragón quiera tratar la
exhumación de una fosa común, promovida en este
caso por la hija de uno de los fusilados, Esther
Tabuenca, como si se tratara de un resto
arqueológico anónimo que no fuera consecuencia
de un delito permanente; uno de los más graves
que se recogen en el derecho internacional
humanitario". ¿Cómo puede pensarse políticamente
una cosa así? ¿Qué pensar de un agravio de
tamaña magnitud?
Ello es un claro ejemplo ilustrativo de esa
“banalidad” de la que hablaba antes, junto con
algún otro igualmente claro relativo a la
negativa a que el Estado sea el que busque a los
desaparecidos como es debido, para no generar un
conflicto de competencia en materia de
salubridad mortuoria, competencia de las
Comunidades Autónomas, no del Estado Central...
Como decía Hannah Arendt, en el juicio de
Eichmann en Jerusalén, son argumentos y
actitudes burocráticas, por completo desconexas
del referente humano de fondo, que le sobrecogen
a uno y le dejan sin palabras. La banalización
del dolor ajeno llevada a la práctica del poder
puede amparar cualquier cosa; ése es su peligro.
Notas:
1.
Véase
http://segurquetomba.wordpress.com/category/investigaciones-juridicas
2.
El punto 64 de la condena dice así: “64.
En 1944, un portavoz del ministerio de
justicia franquista reconoció que más de 190.000
detenidos habían sido ejecutados o habían muerto
en prisión (...)”. El texto íntegro de cien
puntos traducido al castellano, señala M. A.
Rodríguez Arias, puede verse en
http://segurquetomba.wordpress.com/2009/08/11/condena-de-la-asamblea-parlamentaria-del-consejo-de-europa-a-la-dictadura-franquista-de-17-de-marzo-de-2006/