Encuentro Memorias en Transición.
Expertos juristas
critican en un congreso el trato a las víctimas de la dictadura
Diego Barcala
Público
1 de Noviembre de
2009
La transición española ha dejado de ser un ejemplo a seguir para
muchos países que como España han sufrido un periodo de
represión y falta de libertades. Los miles de cuerpos
desaparecidos, enterrados en cientos de cunetas, pesan
demasiado para que países como Argentina, Chile, Brasil o
Uruguay miren al otro lado del Atlántico en busca de una hoja de
ruta para ver cómo hacer justicia.
El Encuentro Memorias en Transición, celebrado la
pasada semana en Madrid, ha puesto de manifiesto el olvido
urdido por el franquismo para impedir a las víctimas de sus
crímenes pedir cuentas. |
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El
magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, califica
así la Transición: "Jurídicamente chapucera e insostenible en el ámbito
del derecho internacional". Para este magistrado, la Ley 46 de 1977 de
Amnistía, todavía vigente, "resiste a someterse a los
imperativos de la legislación internacional", porque fue
aprobada meses después de que España suscribiera el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.
Fuera de las
fornteras
Las
críticas de Martín Pallín sorprenden más hacia dentro que hacia fuera de
las fronteras. "Hay países que han corrido riesgos mucho mayores que
España en su intento por reconocer a las víctimas, por reformar sus
intituciones y por judicializar casos" tras dejar atrás
una dictadura, reflexiona el filósofo colombiano Pablo de Greiff,
experto del International Center for Transitional Justice(ICTJ).
La
desatención que la Transición prestó a las víctimas del franquismo se
refleja en el movimiento de los colectivos que trabajan en su ayuda. El
presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica, Emilio Silva, cree que "es posible que la transición
española tenga que hacer otra transición", según señaló en el
encuentro organizado por la Fundación Contamíname.
Los
colectivos de víctimas en España se miran en las experiencias de países
como Argentina donde las leyes de punto final fueron derogadas para que
los responsables de la tortura política desfilen ante los tribunales
democráticos. "Para los autores de crímenes contra la humanidad
no hay otro camino que el juzgamiento y la condena", explica el
secretario de derechos humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde.
Silva
recoge la reflexión y señala que "el blindaje que instaló el franquismo
puede hacer que quizás un juez de la Audiencia Nacional que trata de
investigar violaciones de derechos humanos se vea sentado en un
banquillo para responder por una acusación de prevaricación",
ejemplificó sobre la denuncia de un sindicato de ultraderecha contra
Baltasar Garzón.
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