Más de mil
familias forman parte de la Asociación de Perjudicados por la
Incautación del Gobierno Franquista (APIGF). Reclaman los bienes
embargados por el régimen.
De cada comprobante se podría escribir una novela. El 17 de
septiembre de 1938, el Gobierno provisional de Franco editaba una
orden en el Boletín Oficial del Estado donde se prohibía “tener
papel moneda puesto en curso por el enemigo”. El dinero republicano
debía ingresarse en el Banco de España, donde a cambio se obtendría
un comprobante, con sello y número, que serviría más tarde para
obtener la misma cantidad en moneda franquista. Hasta la fecha, más
de ocho millones y medio de pesetas de la época jamás llegaron a ser
devueltas.
Traducido a euros, una peseta de 1939 equivaldría a más de 1,5
euros. El total serían más de 14 millones de euros. Y las familias
de los incautados piden la restitución de su patrimonio. Detrás de
cada comprobante se encuentra con frecuencia una historia de quiebra
familiar, dinero requisado o pequeñas fortunas desaparecidas. Fueron
miles las personas que no pudieron canjear el recibo. La causa: los
requisitos para devolver el dinero. Con un lenguaje funcionarial, el
decreto franquista advertía que el canje sería en función “del
espíritu diligente” del solicitante. Además, su trayectoria política
debería estar avalada, lo que suponía un eficaz sistema disuasorio
para los reclamantes del bando derrotado.
En la actualidad, algo más de mil familias de la APIGF conservan aún
el papel amarillento de los recibos. Durante décadas, conservarlo
podía suponer más un motivo de riesgo político que de seguro
económico. No obstante, su valor no ha prescrito. El documento es
válido, y cerca de un millar de personas que componen la asociación
reclaman al Gobierno que se devuelva el dinero requisado.
El expolio y las sentencias
En comparación con otros casos, incluso se puede decir que algunos
miembros de la APIGF han tenido suerte. Poseen un documento que da
cuenta de su propiedad. No es lo usual. Durante los primeros años de
guerra, miles de bienes y propiedades de represaliados pasaron a
manos del bando franquista directamente por orden judicial. Alberto
Lorente, quien ha estudiado el caso de la represión en el Valle del
Tiétar, señala un ejemplo en Casillas, un pequeño pueblo de Ávila de
apenas 800 habitantes, donde se elaboraron 210 expedientes en los
que había que señalar el pasado político y bienes del individuo.
“Ese documento tenía que ser avalado por dos personas del orden.
Tenían que decir si tenía propiedades, dónde estaban,
especificarlas, y el párrafo daba un informe sobre su actitud
religiosa”, señala Lorente. “Y esto ocurre en todos los pueblos”.
Según los colectivos de la memoria, uno de los motivos por los que
no se anulan las sentencias se relaciona directamente con este
expolio.
Emilio Silva, presidente de la ARMH, señala que la Administración
teme el “revoltijo patrimonial” que supondría anular los juicios. No
obstante, este temor contrasta con la recuperación por parte de los
grandes partidos y sindicatos de su patrimonio incautado. E incluso
desde la ARMH se apunta que el interés de los partidos por su
patrimonio pueda estar contribuyendo también a ralentizar el trámite
de la Ley de la Memoria. Mientras, entre la APIGF miran con recelo
una ley que consideran ya “bastante descafeinada” y en la que no se
dice nada de su situación. De momento, deberán seguir esperando.
La guerra vivida en los pueblos
Alberto Lorente lleva años estudiando la historia oral sobre la
Guerra Civil y la represión en varios pueblos de Ávila.
Recientemente escribió sobre Casillas, enclavado a mil metros de
altura y aislado históricamente, “que quizás se enterase de la
guerra tres o cuatro días más tarde”, comenta. Para Lorente, “en
Casillas se empieza a aplicar lo que se va a empezar a hacer en
otros pueblos”, con la llegada de escuadrones de la muerte ajenos a
los vecinos. En Casillas fueron nueve los fusilados. Una cifra baja
en comparación con otras localidades cercanas como Piedralaves,
donde por motivos religiosos se quemó a 20 personas. En este tiempo,
Lorente ha descubierto “cómo empiezas a entender el por qué de la
brutalidad, ves una estrategia de aniquilación planificada”. “En
cuanto a la perpetuación de ese orden: claro que sigue. Lo hicieron
para eso”.