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No consiento que se hable mal de Franco en mi

 presencia. Juan  Carlos «El Rey»   


 

Cumplir la Ley de Memoria Histórica

Ana Naranjo Sánchez.

 

 Diario de Córdoba  26 de Noviembre de 2009

 

      La aprobación de la Ley de Memoria Histórica en diciembre de 2007 recoge en su artículo 16 que "en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo".

Desde su inauguración, Franco otorgó la Fundación Gestora de la Abadía del Valle de los Caídos a la Orden Benedictina, que actualmente mantiene sus funciones, aunque el edificio no está directamente recogido como patrimonio, ni está obligado a tener una gestora por ley, ya que no está recogido en el artículo 5 de la Ley 23/1982 de 16 de Junio, reguladora del patrimonio nacional al enumerar los monumentos que tienen derecho de patronato o de gobierno y administración. Esto quiere decir que el Estado no tiene obligación de mantener ni de subvencionar la fundación que gestiona este espacio, ni a su abad, que en este 20 de noviembre de 2009 permitió un año más la exaltación de la figura del dictador, ante la impasibilidad de la Guardia Civil, sin que agente alguno impidiera el acto fascista e ilegal, tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica.

En cualquier país de la renombrada Europa actos similares serían impensables, tienen una mayor conciencia democrática y legislaciones más antiguas que lo impiden, pero en nuestro caso, en nuestros país han pasado más de 30 años de la transición "democrática" y continuamos conviviendo con las postrimerías franquistas.

El régimen sancionador de la ley contempla la retirada de subvenciones y ayudas de las entidades públicas. Ante una violación de la ley tan descarada, el Gobierno debe de intervenir, apartando de forma inmediata de la Fundación Gestora de la Abadía a la Orden Benedictina, que debe pasar a un control directo y escrupuloso de las instituciones públicas estatales, una amonestación pública a su abad y la retirada inmediata de fondos públicos.

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Ana Naranjo Sánchez. Del Foro por la Memoria de Córdoba

 

 

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