Tal como suena
La dura crónica de todo lo que – aún con
treinta años de retraso – se continúa
omitiendo en nuestro país resulta ya
demasiado sobrecogedora, demasiado extensa e
incomprensible. Como si, una vez más, el
derecho internacional de los derechos
humanos, el mismo derecho penal
internacional, volviese a acabarse en los
Pirineos; al menos respecto de todo un
amplio colectivo de ciudadanos con los
apellidos y antecedentes familiares
“equivocados”.
Una Comisión Interministerial
insuficiente
No se articularon, desde el
principio, las políticas públicas de memoria
y reparación siguiendo el modelo de Comisión
de la Verdad, independiente, prevista con
normalidad por el sistema ONU como espacio
natural de debate y amplia participación,
transparente – en algunas experiencias
retransmitidas sus sesiones por radio o
televisión – que elevase las propuestas de
intervención legislativa a nuestras
autoridades; se prefirió crear, en cambio,
una Comisión Interministerial de estudio.
Aunque “interministerial” e “independiente”
no signifique exactamente lo mismo.
Aunque la lacónica
idea de transparencia y accesibilidad a la
documentación del año y medio de trabajos de
nuestra Comisión Interministerial sea
constatable por el lector en la red.
Aunque tras todo ese estudio,
lamentablemente, se dejasen en el tintero
todo el caso de los niños perdidos, que la
subsiguiente ley “de la memoria” ni siquiera
menciona – ni siquiera lo menciona –; aunque
de “memoria de género” tampoco se diga una
sola palabra, ni de las vigentes
responsabilidades de los empresarios del
franquismo, las requisas coactivas de papel
moneda de la República, las deportaciones
forzadas de población civil protegida, la
persecución...imagínense que en las sesiones
de una Comisión de la Verdad, independiente,
retransmitida por televisión, se hubiese
acabado escuchando cientos de tales
testimonios, y hasta debatiéndose de todas
estas cosas, y se hubiese llegado al
atrevimiento – que a los independientes los
carga el diablo – de elevar propuestas
legislativas concretas respecto de todo ello
en su informe final para la elaboración de
una ley “de la memoria” diferente, y que,
probablemente, hubiesemos tenido que llamar
de otra manera; función esencial ésta última
atribuida a las Comisiones de la Verdad
precisamente para que ningún estudioso
ministerial, ni interministerial, se
despiste.
Una sombra alargada
Pero total, para qué va a necesitar
nuestra sociedad conocer la verdad para
poder hacer “memoria”, si con el buen rollo
institucional y un par de subvenciones nos
sobra... la sombra de los Pirineos,
efectivamente, es alargada.
Legado de Nuremberg... salvo en
España
Y, claro, así las cosas, mucho menos aún se
iba a enjuiciar a los responsables de toda
esa inmensidad de desapariciones, justamente
por aquello mismo del anómalo “efecto
jurídico ultrapirenaico”: al parecer al
norte de los Pirineos sí que rigen con
normalidad los posicionamientos adoptados
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
desde Papon contra Francia y Kolk Kislyiy
contra Estonia en materia de persecución
penal de los crímenes de ese periodo
histórico – nuevamente reiterado, además,
todo ello en recientísimos pronunciamientos
de septiembre de 2008 y de este mismo enero
de 2009 –, y que permitieron a los
tribunales de dichos países aplicar el
legado de Nuremberg a sus nacionales; al sur
de los Pirineos, en cambio, esto tampoco es
así. Y no lo es, precisamente, en virtud de
la llamada doctrina “Scilingo” de un
Tribunal Supremo bastante menos atento a
dicha jurisprudencia del máximo órgano
jurisdiccional europeo de derechos
fundamentales de lo que lo ha estado
respecto a los argumentos de la ultra
derecha patria contra Baltasar Garzón,
justamente el primer juez que ha intentado
hacer valer en España esa misma
jurisprudencia europea. Ver para creer.
Una olvidadiza ley de
memoria
Y no hay más que hablar, que aunque los
derechos humanos de nuestros desaparecidos y
sus familiares se sigan violando de forma
continuada cada día que se sigue prolongando
esta situación – sin que hayamos cumplido ni
una sola de nuestras obligaciones al
respecto para tratar de impedirlo – nuestra
olvidadiza ley “de la memoria” ya se encarga
de prever todo un bonito puzle de normas sin
desarrollo...que ahora tampoco parece que
las comunidades autónomas estén dispuestas a
pagar.
Investigación del Estado y no de los
familiares
Como si finalmente lo hicieran: el
problema es el mal planteamiento de base de
una ley contraria a varios derechos humanos
recogidos en los artículos 2 y 13 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos –
veinte organizaciones de jueces y fiscales
de toda Europa agrupadas en torno a MEDEL se
lo han dicho a nuestro Gobierno –; el
problema es que nuestra ley descarga las
funciones estatales de búsqueda de los
desaparecidos en sus familiares,
subvencionados a su suerte, y no tiene nada
que ver con los mínimos internacionales
exigidos por la Corte Internamericana de
Derechos Humanos, o el propio Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, respecto el
deber de llevar a cabo una “investigación
oficial efectiva e independiente” sin
tardanza, por propia iniciativa de las
autoridades del Estado – no de ningún
familiar – y en todos los casos de
desaparición de los que se tenga noticia; un
modelo patrio, sur-pirenaico, el actualmente
vigente en nuestro país que, de hecho, está
copiado-pegado de una orden de Franco de
mayo de 1940 (BOE n.130 de 09/05/1940, pág.
3157), por mucho que pueda producir
vergüenza hasta el mencionarlo. Y por eso no
hay buen desarrollo que valga de dicha
regulación, sino expulsar ese “redivivo”
jurídico del pasado de nuestro ordenamiento
modificando la ley – como se modifican
tantas otras – y creando una Comisión
Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos
del Franquismo con plena garantía de la
particición de las asociaciones en su seno,
como se le tuvo que recordar al Salvador con
ocasión del caso de las “niñas perdidas”
Serrano Cruz.
Trato inhumano
Pero, lamentablemente, antes parece
previsible – nada deseo tanto como
equivocarme – la inminencia de nuevas dosis
de malabarismo dialectico-jurídico, de huida
hacia adelante, “protocolizando” ahora dicha
misma abdicación de funciones propias del
Estado, que ninguna otra cosa. Según parece
“el espectáculo debe continuar”, aunque el
precio de todo esto lo continúen pagando
todas esas familias, víctimas del “trato
inhumano” de nuestro Estado y hasta de
injerencia en su “derecho a la vida
familiar” en virtud de otras cuantas más de
esas sentencias “latosas” de allende los
Pirineos y con la que – antes o despues –
tendremos que acabar haciendo las cuentas
como cualquier otro Estado de Europa.
Vergüenza
¿Cómo podremos explicar a nuestros hijos, a
nuestros estudiantes, los presentes momentos
de impunidad y abandono de todos esos miles
de personas, nosotros que estamos siendo
testigos directos de todo esto, el día que
obtengan pleno reconocimiento jurídico e
institucional los derechos humanos de estas
víctimas, y nuestro Estado tenga que pedir
perdón y cumplir con todo lo que hoy
incumple?, ¿cómo hablarles, ese día, del
relato de estos crímenes contra la humanidad
de la dictadura más sangrienta de nuestra
historia, y de la propia parcela de
responsabilidad de unas autoridades ya
democráticas que, durante décadas, toleraron
la continuación de dicha situación sin
activar por propia iniciativa ni uno sólo de
los mecanismos del entero aparato de
justicia?, ¿con qué palabras seremos capaces
de escribir, y preservar para el futuro, esa
otra “memoria histórica” de la vergüenza, el
relato de todas esas madres y familiares –
cientos, miles... – cuya vida hemos
permitido, seguimos permitiendo, que se
vayan apagando, una por una, en el íntimo
dolor y la soledad de la larga espera de un
anhelado reencuentro familiar que ya nunca
podrá ser?.
Por una investigación oficial, ya
Por favor, que impere de una vez la
cordura – jurídica, institucional –, que
impere de una vez la humanidad y la
compasión, el Estado de Derecho, y se
detenga, de una vez, toda esta situación que
nos hace ya acreedores de nuestra propia
parte de daño en el trágico devenir de estas
decenas de miles de seres humanos. Comisión
Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos
del Franquismo, “investigación oficial
efectiva e independiente” por parte de
nuestro Estado, ya.
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Miguel Ángel Rodríguez Arias es
investigador de Derecho penal Internacional
de la Universidad de Castilla-La Mancha,
autor del libro "El caso de los niños
perdidos del franquismo: crimen contra la
humanidad", (Tirant Lo Blanch, Valencia,
2008) entre otros estudios en la materia