Álvaro Calleja

La Opinión de Granada 16 de Junio de 2009

 

Familiares de fusilados critican los obstáculos que deben sortear para recuperar a sus seres queridos pese a la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica

 "Llevo 72 años esperando. Toda la ilusión de mi vida es encontrar los restos de mi padre". Pedro Cerezo fue uno de los centenares de víctimas anónimas de la Guerra Civil. La envidia llevó a una delación aparentemente infundada y su crimen quedó envuelto en el silencio. Su hijo, que lleva su nombre, al que no conoció por 18 días, está a punto de iniciar la exhumación en el paraje del Collado del Muerto, entre la parte alta de El Purche (Monachil) y la actual carretera a Sierra Nevada (Güéjar Sierra).

Hace una década llevó a cabo un infructuoso intento por abrir la fosa. A día de hoy, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) ha conseguido ya todas las autorizaciones, incluida la de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por estar enclavado el lugar en el Parque Natural de Sierra Nevada.

"Yo no quiero indemnizaciones, lo único que deseo es encontrar sus restos y meterlos en un nicho con mi madre. Fue el deseo que también que me expresó mi madre poco antes de morir hace dos años", aclara Cerezo.

El tiempo se agota para muchos familiares de víctimas que ya tienen una edad avanzada. Los hijos de desaparecidos, como es el caso de Pedro Cerezo, superan ya los 70 años y su único anhelo es dar sepultura digna a sus familiares. En ese estado de espera, a veces interminable, le sobrevino la muerte a José Agustín Góngora que en junio de 2003 encabezó, junto a la CGT de Andalucía, el primer intento por reabrir una fosa de la Guerra Civil en Andalucía. Buscaba a su hermano –uno de los 25 que cayeron en Torvizcón–, pero el intento resultó baldío.Un cálculo sobre testimonios ambiguos y un paraje muy alterado por el tiempo propiciaron el error. José Agustín murió en 2005 sin conseguir su propósito pero sus hijas han recogido el testigo. Pilar, una de ellas, confiesa estar "harta" de las trabas que deben sortear. Los familiares de las víctimas de Torvizcón han constituido una asociación para tramitar la exhumación y parecen resignarse a la única posibilidad de llegar a un acuerdo con el propietario de la finca donde se cree que pueden estar enterrados sus seres queridos. "Llevamos casi dos años de papeleos. Esto no avanza y la Ley de la Memoria Histórica no ha servido para nada", censura.

En la mayor parte de las ocasiones, el camino es largo y lleno de obstáculos aunque también parece que sobrevuela un componente de recelo en Granada que impide avanzar.

El historiador de la Guerra Civil y ex presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Francisco González Arroyo, conoce de cerca las dificultades. González Arroyo reflexiona sobre la complejidad de la empresa. Parte del hecho de que los "criminales" hicieron bien su trabajo. "No dejaron testimonio de quiénes, dónde y de qué manera asesinaron a sus víctimas, lo que dificulta la reconstrucción de la historia", puntualiza.

A menudo, el mal estado de conservación de los restos dificulta los análisis de identificación genética. Los verdugos se tomaron la molestia de no dejar margen para la esperanza.

El historiador, que recientemente participó en la exhumación de tres fusilados de Beas que fueron enterrados en una fosa del cementerio de Diezma, se muestra crítico con la eficacia de la Ley de la Memoria Histórica, que sacó adelante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el voto en contra del PP. "No ha sido tan perfecta como se esperaba y hay muy poca voluntad para hacerla efectiva por parte de los gobiernos; y aquí incluyo no sólo al central sino también al regional e incluso a los gobiernos locales", precisa.

Entiende que los familiares necesitan una respuesta urgente aunque también cree que deben saber que el proceso de recuperación de sus seres queridos no resultará sencillo. "En Granada es mucho más complicado que en otras provincias que sufrieron la represión franquista porque nunca se identificaron a las víctimas ni a los asesinos", razona.
Caso Lorca. Víznar es un ejemplo de ello, sostiene González Arroyo. Sólo se tienen datos, más o menos fiables, de la fosa donde presumiblemente yacen los restos de Federico García Lorca junto a los del maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Algunos historiadores, no obstante, la sitúan en Alfacar. Pero se desconoce el lugar de enterramiento de miles de represaliados que fueron sepultados en barrancos y cunetas de Víznar.

El embrollo judicial en torno al caso Lorca es interpretado por Francisco Galadí, nieto del banderillero y secretario de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, como "un paso atrás en nuestras expectativas".

Galadí recuerda que se embarcó en la iniciativa de recuperar los restos de su abuelo hace ahora siete años. Tomó también el testigo de su padre quien en vida aspiró a cumplir el sueño de enterrar al banderillero en un lugar distinto al que fue arrojado por sus asesinos.

Pese a los últimos acontecimientos en torno a la posible exhumación de Lorca, con su enredo judicial y los obstáculos de la familia del poeta, partidaria de dejar las cosas como están, Francisco Galadí ve "luz al final del túnel". "Confío en que se hará la apertura, no hay otra salida, espero que siga adelante el proceso", añade Galadí.

Ni siquiera la decisión de la juez de instrucción 3 de inhibirse del asunto por tratarse de una causa relacionada con posibles crímenes contra la humanidad, cuya competencia correspondería a la Audiencia Nacional, les ha llevado a arrojar la toalla. A la espera de que se resuelva el conflicto de competencias para saber qué órgano jurisdiccional es competente para ordenar la apertura de fosas, la AGRMH ha iniciado ya la vía administrativa para tratar de acortar los plazos.

En los próximos días solicitarán formalmente a la Diputación de Granada, propietaria de los terrenos donde supuestamente se ubica la fosa, que inicie un expediente administrativo de autorización para la exhumación, y a la Consejería de Cultura que autorice un proyecto arqueológico en la zona, según adelantó el vicepresidente de la asociación, Rafael Gil Bracero.

Sobre el conflicto competencial, que posiblemente resuelva el Tribunal Supremo, el juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez se muestra prudente. No entra a valorar la decisión de la juez de instrucción –en contra del criterio de la Fiscalía–, cuya decisión dice respetar, pero aclara que el embrollo judicial tiene su origen en la causa penal que abre el juez Baltasar Garzón donde, además de ordenar los trámites para exhumar varias fosas, pretendía procesar a los responsables del franquismo por delitos de lesa humanidad.

"Se trata de un conflicto competencial. La exhumación se puede realizar al amparo de la ley. No se trata de demorar la exhumación sino de determinar la competencia", opina Sánchez Gálvez, quien dice entender "el anhelo de los familiares y su ilusión por buscar a sus seres queridos".

Sobre el enredo judicial, también tercia el historiador Francisco González Arroyo: "Si Garzón hubiera ordenado sólo la exhumación de fosas todo hubiera sido más fácil. Los mismos medios de comunicación de la derecha fueron muy críticos y se ´enmierdó´ tanto el asunto que a día de hoy todo sigue igual".