«Si
no ha muerto, ¿por qué la mataron?», pregunta
Rafaela García Lobo, de 77 años, y vecina de
Fregenal de la Sierra, que reivindica la vida y
muerte de su madre, de la que no existe
inscripción en ningún registro oficial.
Rafaela es huérfana desde los cuatro cuatro
años, pero no hay ninguna tumba en la que se
recuerde a su madre, María Lobo Villa, cuyo
nombre tampoco consta en ningún Registro Civil
como difunta.
La fotografía de María, la imagen de una mujer
guapa, joven y fuerte, preside el salón
principal de la casa de Rafaela, la misma en la
que nació y vivió la madre hasta su prematura
muerte.
María Lobos Villa nació el 16 de junio de 1904
años. Se casó con Antonio García Adame, y tuvo
cuatro hijas: Juana, Pura, Dolores y María.
Cuando tenía 32 años, y estaba embarazada de
cuatro meses, se la llevaron y «dicen» que la
fusilaron en las tapias del cementerio de la
localidad, donde los desconchones por los
disparos sobreviven a pesar de que encalan una y
otra vez sus paredes.
«Cuando una de mis hermanas fue a llevarle la
comida, el guardia le dijo que su madre se había
ido y no sabía cuándo volvería. Mi hermana se
echó a llorar porque no era la primera a la que
le ocurría lo mismo. Ya habían matado entonces a
mucha gente», recuerda aún emocionada Rafaela.
Era el el 25 de noviembre de 1936, pero su
muerte aún no consta oficialmente. Ni la suya,
ni la de los hermanos menores que habían sido
fusilados unos meses antes: José y Manuel, de 22
y 18 años.
Su nombre no fue inscrito en el Registro Civil
poco después porque su viudo, Antonio, no aceptó
el acuerdo que le ofrecían para inscribirla,
ocultando la causa real de la muerte. «Mi mujer
no murió, a mi mujer la mataron», destaca
Rafaela que decía siempre su padre.
En la misma situación, muertos, pero vivos en
los papeles, se encuentran unos 4.000 extremeños
fallecidos durante la Guerra Civil, la mayoría
víctimas de fusilamientos y la represión.
Alrededor del 30%
Hasta lo que tiene rastreado el
Proyecto de la Memoria Histórica de Extremadura,
alrededor del 30% de los nombres de los
fallecidos durante la represión franquista que
se inició en la contienda no fueron inscritos en
los Registros Civiles por miedo de los
familiares en esos momentos, o lo fueron de
forma errónea.
En muchos casos, su rastro físico se perdió a la
vez que el documental. Muertos los familiares y
amigos que los recordaban, es como si nunca
hubieran existido.
Y eso es precisamente lo que no quiere el
extremeño Vicente Almeida que ocurra con su
hermano Domingo, por lo que está invirtiendo
energías y una buena cantidad de dinero en mover
papeles y pagar abogados.
Domingo Almeida
«Mi hermano Domingo existió, vivió, y
murió, y tengo justificantes que lo demuestran»,
asegura con un punto de indignación Vicente,
natural de Segura de León pero vecino de
Sevilla, que dedica la mayor parte de las
energías que le quedan a sus 84 años al titánico
intento de inscribir a su hermano en el Registro
Civil como fallecido.
Hasta el momento, su deseo se ha visto frustrado
en el juzgado de Llerena, y eso a pesar de
contar con una declaración jurada de un testigo
que, debido a su avanzada edad y deterioro
físico, no pudo finalmente declarar ante el
tribunal, y también con investigaciones
históricas que certificaban la muerte de Domingo
Almeida Rubico el 19 de septiembre de 1936.
Tal como consta en el recurso presentado ante la
Dirección General de los Registros y del
Notariado Civil, está perfectamente documentado
por investigaciones históricas llevadas a cabo
por la Universidad de Extremadura que Segura de
León fue tomada por las tropas franquistas el 14
de septiembre de 1936 tras un breve tiroteo en
las sierras colindantes.
El padre de ambos, Vicente Almeida Garduño, de
49 años, y carpintero de profesión, fue fusilado
ese mismo día junto a otras 20 personas.
Domingo Almeida huyó de forma inmediata y se
unió a la columna de refugiados denominada De
Los 8.000 que, desde la provincia de Huelva, se
desplazó por los términos de Fregenal de la
Sierra, Valencia del Ventoso, Segura de león, y
Fuente de Cantos, en dirección a la comarca de
La Serena, zona que aún seguía en poder del
Gobierno de la República.
Una de estas columnas, porque en realidad fueron
varias, inició la marcha el día 16, pero en un
paraje entre Llerena y Fuente del Arco, sufrió
una emboscada el 18 de septiembre, y como
corroboró después un testigo directo, Francisco
García Girol, el joven Domingo resultó
gravemente herido.
Los prisioneros que sobrevivieron a aquel
encuentro con las tropas franquistas fueron
conducidos a Llerena, y recluidos en una antigua
fábrica de cerveza, La Maltería, que fue
utilizada como cárcel improvisada.
Domingo Almeida fue prácticamente abandonado, y
murió en el citado centro de detención sin
recibir ningún tipo de atención médica. La
muerte se produjo el 19 de septiembre de 1936.
Cuando murió, toda la familia huyó a Sevilla
para librarse del señalamiento y del mal trato
al que fueron sometidos todos sin excepción,
como recuerda aún con angustia Vicente.
El último documento oficial que citó el nombre
de su hermano Domingo fue en marzo de 1937,
cuando fue llamado para unirse a las tropas de
reemplazo, y tal como consta en el Archivo
Municipal de Segura de León, fue calificado a
como «desaparecido».
Aún así, y a pesar del informe histórico, el
juzgado de Llerena denegó la inscripción de su
fallecimiento fuera de plazo por estimar que no
hay certeza absoluta del fallecimiento «sin
ningún género de dudas».
Hay antecedentes
El presidente de la Asociación de la
Memoria Histórica en Extremadura, José Manuel
Corvacho, recuerda que, en casos parecidos, la
propia Dirección General de los Registros y del
Notariado ha estimado recursos en caso de
cadáver desaparecido o inhumado, entendiendo
como «certeza de la muerte» la existencia de
documentación próxima al hecho de la que se
deduce, teniendo en cuenta además el tiempo
transcurrido y las especiales circunstancias de
una defunción acaecida en la guerra.
Con estos argumentos, han iniciado en
Extremadura una campaña de ámbito nacional que
exige la modificación de la Ley de Registros
Civiles, y que solicita la inscripción de los
ciudadanos que fallecieron víctimas de la
represión, previa presentación de documentación
que confirme su muerte.
Actualmente, muchos juzgados sigan exigiendo la
declaración de dos testigos al solicitar la
inscripción de muertos y desaparecidos en la
contienda.
«Tenemos en los libros de registros miles de
nacidos que nunca llegaron oficialmente a
morir», lamenta Cecilio Gordillo, natural de
Medina de las Torres, y coordinador de
Recuperando la Memoria de la Historia Social de
Andalucía, región a la que huyeron muchos
extremeños durante la represión franquista para
huir, o bien para estar más cerca de los
prisioneros trasladados a las cárceles
andaluzas.
No
consiento que se hable mal de Franco en mi
