La polémica sobre la exhumación de una fosa común en Calatayud y el incumplimiento en la realización de la misma de la ley de Patrimonio aragonesa no debe desenfocar la naturaleza del verdadero problema que se esconde tras ella.

No parece la mejor solución la intención de la Dirección General de Patrimonio, perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno aragonés, de aplicar a un problema humanitario un protocolo creado para la recuperación del patrimonio arqueológico. El reglamento de Patrimonio no plantea el interés fundamental que tienen ese tipo de actuaciones: el humano.

El verdadero debate que tiene que suscitar la existencia de fosas comunes y de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos es cuál debe ser la implicación de las instituciones y qué deberes tienen hacia las víctimas.

LA ASOCIACIÓN que llevó a cabo la exhumación de Calatayud lleva casi diez años trabajando en la búsqueda de desaparecidos y desaparecidas como consecuencia de la represión franquista. Los arqueólogos y forenses que colaboran con ella han participado en ese tipo de exhumaciones en numerosas comunidades autónomas. Y nunca han tenido que aplicar un protocolo como el que pretende el Gobierno de Aragón, que exige en las exhumaciones la presencia de un restaurador, como si lo que se estuviera buscando fuera un mosaico romano.

El Gobierno de Aragón presentó en las Cortes aragonesas el proyecto Amarga Memoria en abril del año 2006. Se trataba de una iniciativa que respondía a la creciente demanda social de medidas orientadas a paliar las consecuencias de la represión franquista. Pero el citado proyecto evitaba asumir ningún tipo de responsabilidad con respecto a la búsqueda, exhumación e identificación de restos de desaparecidos y desaparecidas. Así se dejó un vacío que las asociaciones y los familiares han llenado como han podido.

Esther Tabuenca, hija de uno de los dos hombres exhumados en Calatayud, acudió a las oficinas de su Gobierno autonómico para pedir ayuda, pero nadie desde esa institución dio una solución a su problema. Esta mujer, que tiene hoy 78 años y no quería esperar más tiempo, buscaba identificar los restos de su padre, concejal socialista de Calatayud en los años de la república, asesinado por ello. Finalmente, tuvo que ser un colectivo originario de El Bierzo leonés el que llevara a cabo la exhumación, con la colaboración del ayuntamiento bilbilitano.

EL GOBIERNO de Aragón debe asumir la responsabilidad de un problema ante el que nadie puede cerrar los ojos. Las demandas de las familias de los desaparecidos y desaparecidas deben tener respuesta institucional, para que la administración aragonesa no incumpla la esencia del derecho internacional humanitario. Para ello, las asociaciones y los técnicos que han participado en las exhumaciones pueden poner a disposición de los técnicos correspondientes la experiencia de las numerosas exhumaciones que se han llevado a cabo en los últimos años. Sería la mejor forma de reglamentar una situación que requiere una respuesta específica.

Es triste que un debate acerca de la desaparición de hombres y mujeres que construyeron nuestra primera democracia sea si hay que multar o no a quienes han llevado a cabo su búsqueda. Las Cortes de Aragón tienen que honrar públicamente a todos los hombres y mujeres que compartieron un destino similar al de Jaime Teófilo Tabuenca Pinilla, el concejal bilbilitano asesinado violentamente que fue exhumado hace unas semanas.

La sociedad aragonesa debe esforzarse por buscar los restos de todos ellos, para que esos hombres y esas mujeres que vivieron gobernados durante cuarenta años por los asesinos de sus seres queridos, tengan la oportunidad de vivir la reparación que supone honrar dignamente a quienes tanto sufrieron.

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Emilio Silva es Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada por una prueba de ADN