Raúl Bocanegra
Público
15 de
Febrero de 2009
Varias asociaciones
de memoria histórica
han iniciado una
campaña para que los
desaparecidos de la
Guerra Civil y de la
represión franquista
acaben por fin
inscritos en los
registros civiles.
Reclaman a todos los
grupos
parlamentarios una
modificación de la
ley para facilitar a
las familias, que en
muchos casos
han acudido a los
tribunales,
la anotación.
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Restos humanos de
represaliados del
franquismo en el
Cementerio de San
Rafael en Málaga.
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El
proceso es esencial para
cualquier investigación
sobre la represión de la
dictadura y va encaminado
directamente a recuperar
personas, con nombres y
apellidos, que sufrieron una
doble muerte, la real y la
de esfumarse de la historia.
Esto sucedió sobre todo en
las zonas donde triunfó
antes el golpe de Francisco
Franco y donde avanzaron los
generales: Andalucía
occidental, Extremadura,
Castilla-León, Galicia,
Navarra y zonas de Aragón y
Asturias.
El
proceso es vital para
cualquier investigación
sobre la represión
Pocos
días después de la rebelión
de 1936, "se dictaron
órdenes precisas para que no
se inscribiera a los
asesinados con la clara
intención de dejar el menor
rastro posible", aseguran
las asociaciones de memoria
en el
manifiesto
¡¡¡Todas las víctimas
del franquismo en los
registros civiles!!!,
que ya
han firmado 233 personas de
toda la península.
No hay
cifras de cuántas personas
dejaron de apuntarse, pero
una idea de lo que se
pretende reparar la da la
historia de Manuel Escobar
Moreno y de Castilleja del
Campo, un pequeño municipio
(633 habitantes) de la
provincia de Sevilla. Como
documentó el profesor
estadounidense Richard
Barker en su libro El
largo trauma de un pueblo
andaluz, 17 personas
fueron asesinadas en 1936.
Nueve de ellas no constan en
el registro y algunos ni
siquiera tienen familiares.
"La intención era ocultar el
número de asesinatos",
asevera Cecilio Gordillo,
responsable del grupo de
trabajo sobre memoria
histórica de CGT-Andalucía.
En el
caso de Escobar Moreno, cuya
familia pudo inscribirlo en
1946, en la hoja número 76
se lee: "Falleció [...] el
día 27 de agosto de 1936 a
las [en blanco]
a consecuencia de aplicación
del bando de guerra".
"En otros casos pone por
herida de bala, nunca
asesinato", asegura
Noelia Rodríguez, concejal
socialista del ayuntamiento
y nieta de Escobar Moreno.
"Se trata de rescatar a
una persona. No
desaparecieron por arte
de magia"
Decreto de 1936
La
cobertura normativa de la
inscripción de Escobar
Moreno y tantos otros la dio
el franquismo en noviembre
de 1936, coincidiendo con el
declive de la represión al
amparo del bando de guerra,
según el historiador
Francisco Espinosa. En esa
fecha, se publicó un decreto
por el que miles de personas
pudieron legalizar la muerte
de sus familiares. "En el
mejor de los casos
se hizo falseando la causa
de la muerte. Al daño
causado, se añadió la
humillación de unos
procedimientos ideados para
que los asesinados no
pudiesen adquirir ni
siquiera la condición de
víctimas", aseguran las
asociaciones CGT, ARMH,
Memoria Antifranquista,
Aremehisa, Memoria Histórica
y Justicia, Dime y Guerra y
Exilio.
En los tribunales
Muchas personas han
acudido a los tribunales
para lograr la anotación
Ahora,
quienes quedaron fuera
plantean en los tribunales
la inscripción. Noelia
acudió hace tres años a los
juzgados con la lista
completa de los no inscritos
en Castilleja. Aún no han
recibido respuesta. En
numerosos casos, los jueces
deniegan la inscripción y en
otros, los menos, la
aceptan, aunque sea fuera de
plazo. Lo que quieren las
asociaciones es eliminar
esta discrecionalidad.
IU
prepara una batería de
mociones en los
ayuntamientos en apoyo del
cambio legal y baraja una
iniciativa en el Parlamento
andaluz. ERC, cuyo diputado
Joan Tardá ha firmado el
manifiesto, baraja la
posibilidad de dar la
batalla en el Congreso.
"Se
trata de rescatar a una
persona. Un monolito es una
forma simbólica de
recordarlos, pero no
desaparecieron por arte de
magia. Fueron asesinados",
resume Noelia.
Los tres cambios legales
reclamados
Sin familiares:
que decidan los
municipios
El manifiesto de las
asociaciones de memoria
histórica persigue
facultar a los
ayuntamientos para
inscribir en el Registro
Civil a los vecinos
censados en la población
cuando murieron y que no
tengan familiares que no
puedan hacerlo.
Las familias:
asesoramiento gratuito
También quieren que las
familias dispongan de
asesoramiento jurídico
gratuito para facilitar
la inscripción, previa
presentación de
documentación oficial.
Se exigen testigos que
ya son muy mayores o han
muertos.
Los jueces:
inscripción de oficio
También piden que se
agilice la inscripción
de oficio por los
juzgados cuando exista
documentación oficial de
la época de la que
tengan conocimiento que
acredite una muerte. “72
años después de la
masacre y 30 de las
primeras elecciones,
ningún gobierno ha
favorecido la
modificación de la ley
de registros civiles”,
recalcan las
asociaciones.