El cardenal
Segura y el dictador Franco
Han
pasado ya 72 años desde que la Iglesia española
y dentro de ella la navarra, se pusiera al
frente del levantamiento fascista contra la II
República, elegida democráticamente. Durante
parte de esos años ocurrieron sucesos terribles
y dolorosos, cuyas secuelas aun siguen latentes;
sobre todo para el bando perdedor de la guerra:
el pueblo. Otras hechos, que debieran haber sido
superadas décadas atrás, llegan hasta nuestros
días como larga noche incapaz de encontrar el
amanecer.
Por una parte, está la activa participación de
la Iglesia navarra -con su jerarquía a la
cabeza- en el aquel enfrentamiento sangriento
que acabó con el derrocamiento del orden
constitucional vigente hasta 1936. Durante estos
72 años ni la Iglesia española ni la navarra han
sido capaces de pedir perdón por los actos
cometidos. Solamente el obispo Blázquez,
tímidamente, se pronunció "sobre la necesidad de
perdonar por todos los que se vieron implicados
en la Guerra Civil, de uno u otro bando, en
acciones que el Evangelio reprueba"; algo que no
refleja el auténtico reconocimiento expreso de
culpabilidad por parte de la Iglesia Católica.
Además, esta declaración no fue suscrita por sus
compañeros de la jerarquía católica; tan solo
por el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo. Queda
pendiente una declaración en esa dirección por
parte de la Conferencia Episcopal y también de
la jerarquía eclesiástica navarra, que sigue sin
reconocer su detestable participación y, menos
aun, su arrepentimiento por el apoyo dado a la
Guerra Civil de 1936 y a la dictadura Franquista
que duró 40 terribles años.
Por otra parte, están los beneficios materiales
que aquella situación injusta y antidemocrática
proporcionó a la Iglesia Católica española y, en
el caso que nos ocupa, a la Navarra. Me refiero
a las inmatriculaciones llevadas a cabo por la
Diócesis navarra desde el final de la guerra
hasta nuestros días. Estas inmatriculaciones,
facilitadas por la Ley Hipotecaria franquista
del año 1946, les permitió adjudicarse inmuebles
no religiosos que nunca fueron de su propiedad
y, posteriormente, la llegada de la “democracia”
no reparó esa situación injusta; más bien la
amplió con la supresión en 1998 por el Gobierno
de Aznar del artículo 5 del Reglamento de la Ley
Hipotecaria, que impedía inmatricular lugares de
culto. Esta les ha permitido, además, hacerse
con los edificios religiosos que levantó el
vecindario a lo largo de la historia, como
consta en los documentos de la mayoría de los
ayuntamientos. En algunos casos ha sido
imposible tal constatación debido a que la
documentación ha desaparecido o ha sido
destruida.
En resumen, la deuda histórica de la Iglesia
navarra con la ciudadanía se concreta en:
primero, el reconocimiento y petición de perdón
por su activa participación en el levantamiento
fascista y en el posterior apoyo dado a la
dictadura. Y como consecuencia, la renuncia a
todos los bienes materiales conseguidos de
manera injusta e inmoral, con devolución de los
mismos a sus verdaderos propietarios o a sus
instituciones públicas.
Mientras esto no ocurra, la credibilidad
evangélica de la Iglesia navarra seguirá en
entredicho y la memoria histórica de esta deuda
pasará de generación en generación hasta su
solución definitiva. Cada vez más, aflorarán los
enfrentamientos entre parte de la comunidad
católica de base contra su Jerarquía (como está
pasando con la Cofradía de San Miguel de Aralar,
o con Patronato de la Virgen de Muskilda de
Otsagabia), por la apropiación indebida por
parte de la Diócesis de unos templos que nunca
les han pertenecido y que ahora son reclamados
por los vecinos. También seguirán y aumentarán
los pleitos entre la sociedad civil con sus
representantes a la cabeza, en un intento de
recuperar bienes y templos documentados que,
como ejemplos tenemos en la Parroquia de Uharte,
la Capilla de San Fermín y un largo etc.
La Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro
ya ha sacado a la luz el escándalo de las
apropiaciones indebidas por parte de la Diócesis
navarra desde el año 1998, consistente en: 650
Templos parroquiales. 191 Ermitas. 9 Basílicas.
42 Viviendas y Casas. 26 Locales comerciales,
almacenes, garajes, locales varios. 2 Atrios. 8
Cementerios. 107 Fincas, solares y terrenos. 38
Pastos, prados y helechales. 12 Viñas, pinares,
olivares, arbolados. Incluso frontones… El Total
de las inmatriculaciones llega hasta la cifra de
1086. Ahora nos queda por averiguar lo
inmatriculado desde el final de la contienda
hasta 1998 y esto nos dará una visión completa
de la apropiación realizada al amparo de unas
leyes injustas.