ESTÁN entre un rosal y un seto. Llevan allí casi setenta y tres años. Toda una vida.

La carretera Nacional VI entre Madrid y La Coruña pasaba por aquella curva en 1936. El día 17 de septiembre los bajaron a los tres de un camión cerca de Magaz de Abajo, seguramente fuera de noche, y les dispararon al borde de la cuneta. Después los enterraron y quisieron olvidarlos.

Filomena Ferrera y José Soto estaban casados, pero no tenían hijos que les recordaran. Francisco Gundín Pérez, sí. Cinco. Y una esposa que no se resignó a que su marido fuera un desaparecido y logró que el viejo régimen le extendiera un certificado oficial de defunción. Su nieto, Bienvenido Gundín, quiere recuperar ahora sus restos, abrir la fosa donde reposa su abuelo y el matrimonio que no dejó descendencia, identificarlos, y darles sepultura en algún lugar más adecuado. Pero los tres cuerpos están entre un rosal y un seto, en una finca cerrada, en el jardín de una casa particular, y a su dueño, que no reside habitualmente en la vivienda, no parece incomodarle demasiado que sea verdad lo que dice la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y bajo el césped que más de una vez habrá pisado, se encuentren restos humanos. Una herida de guerra sin cicatrizar.

No soy jurista, ni abogado. Pero tengo claro, porque me lo han explicado, que la Audiencia Nacional no puede investigar las fosas de la Guerra Civil ya que el delito de genocidio no estaba definido cuando en España nos matábamos a tiros, ni puede encontrarse vivo a ningún responsable de la rebelión militar para sentarle en un banquillo. Los hijos y los nietos de las víctimas tampoco están pidiendo ningún proceso ejemplar. Muchos se conforman con que los juzgados territoriales se hagan cargo de las exhumaciones e identifiquen oficialmente los restos. Es lo menos que se le puede pedir a un Estado democrático.

De momento no lo están haciendo. La primera fosa abierta en España después de que la inhibición del juez Garzón trasladara desde la Audiencia Nacional a los juzgados territoriales cualquier investigación sobre los desaparecidos ha sido un enterramiento en Toral de Merayo, y aunque la ARMH ha pedido a un juez de Ponferrada que se haga cargo de los restos, dos semanas después todavía desconoce si algún juzgado asumirá la tarea.

El caso de Bienvenido Gundín es más apremiante todavía. Los tres cuerpos que quieren exhumar están en una propiedad privada, la ARMH dice que su dueño no les da todas las facilidades, y por eso resulta imprescindible que un juez intervenga desde el principio.

Al menos Bienvenido ya ha podido informar en un juzgado sobre lo que le sucedió a su abuelo y el lugar donde se encuentra enterrado. Setenta y tres años después, ya no pretende poner ante la Justicia los hombres que le mataron. «Tenemos indicios de quien pudo ser el que les disparó. Pero eso ya no importa», decía el viernes pasado. Lo que busca Bienvenido es tan sencillo como darle a los restos un enterramiento que no esté en un jardín particular, entre un rosal y seto, donde nadie puede entrar sin permiso de su dueño. Porque ciertas cosas no prescriben nunca.