Lo primero: localizar el
lugar de enterramiento. Podía ser un trabajo fácil, accediendo a
los archivos del camposanto. Pero pronto se encontró con las
puertas cerradas. Incluso cuando intentó conseguir una partida
de defunción del Registro Civil recibió como contestación que
"no estaba inscrito", contestación sorprendente pues data de
2006, hace apenas tres años. Sólo la mediación de Sebastián
Terrada, concejal de IU, permitió, por arte de magia, descubrir
que el documento sí existía. Curiosamente en el mismo el
tratamiento administrativo de don para la figura del
finado aparecía tachado.
A partir de ahí, solicita tanto a la gerencia del Mancomunado
como a la propia alcaldesa la exhumación del cuerpo. Incluso
adelanta que cuenta con la colaboración de una asociación que
dispone de arqueólogos que, procedentes de Sevilla, colaborarían
de forma gratuita en las labores de búsqueda del cuerpo.
Y ahí comienza el penúltimo capítulo de una historia aún
incompleta. La gerencia del Mancomunado comunica que sobre la
unidad de sepultura que se pretendía exhumar "se ha construido,
con posterioridad, el bloque de nichos San Pedro-San Pablo",
planteando la necesidad de realizar unas catas para comprobar la
existencia o no de enterramientos en la zona. Aunque había un
compromiso de informar sobre esta actuación, cerca de año y
medio después Arauz aún no ha recibido comunicación alguna.
Con tantos silencios, con tantos problemas burocráticos, Arauz
está llegando al límite. Recuerda que dos de sus familiares, que
también estuvieron en la lucha por la recuperación del cuerpo de
Domingo Vélez, ya han fallecido, y la salud ya no perdona. Sólo
le mantiene firme el compromiso realizado en su día a su madre y
que lo que él reclama es algo de justicia.
Pendiente de confirmar la ubicación exacta de los restos de su
tío, la posibilidad de contar con la colaboración de los
arqueólogos sevillanos chocó con la limitación horaria que para
trabajos en el viejo cementerio se imponía: de lunes a viernes y
hasta las tres de la tarde. "Cuando comuniqué que los
especialistas sólo podían venir los fines de semanas y que el
propio personal del camposanto estaba dispuesto a no cobrar
horas extras por trabajar el fin de semana, me dijeron que la
tarifa obligatoria era de 48 euros a la hora, una cantidad que
unos jubilados no podemos asumir".
El Ayuntamiento de Cádiz ha firmado un convenio con el colegio
de arqueólogos para prestar este servicio. En este sentido, el
veterano sindicalista reconoce que, aunque prefiere al equipo de
Sevilla por cuanto éstos participan en el proyecto común de la
Memoria Histórica, aceptaría cualquier grupo de trabajo "siempre
que se haga de una manera profesional".