Lo primero: localizar el lugar de enterramiento. Podía ser un trabajo fácil, accediendo a los archivos del camposanto. Pero pronto se encontró con las puertas cerradas. Incluso cuando intentó conseguir una partida de defunción del Registro Civil recibió como contestación que "no estaba inscrito", contestación sorprendente pues data de 2006, hace apenas tres años. Sólo la mediación de Sebastián Terrada, concejal de IU, permitió, por arte de magia, descubrir que el documento sí existía. Curiosamente en el mismo el tratamiento administrativo de don para la figura del finado aparecía tachado.

A partir de ahí, solicita tanto a la gerencia del Mancomunado como a la propia alcaldesa la exhumación del cuerpo. Incluso adelanta que cuenta con la colaboración de una asociación que dispone de arqueólogos que, procedentes de Sevilla, colaborarían de forma gratuita en las labores de búsqueda del cuerpo.

Y ahí comienza el penúltimo capítulo de una historia aún incompleta. La gerencia del Mancomunado comunica que sobre la unidad de sepultura que se pretendía exhumar "se ha construido, con posterioridad, el bloque de nichos San Pedro-San Pablo", planteando la necesidad de realizar unas catas para comprobar la existencia o no de enterramientos en la zona. Aunque había un compromiso de informar sobre esta actuación, cerca de año y medio después Arauz aún no ha recibido comunicación alguna.

Con tantos silencios, con tantos problemas burocráticos, Arauz está llegando al límite. Recuerda que dos de sus familiares, que también estuvieron en la lucha por la recuperación del cuerpo de Domingo Vélez, ya han fallecido, y la salud ya no perdona. Sólo le mantiene firme el compromiso realizado en su día a su madre y que lo que él reclama es algo de justicia.

Pendiente de confirmar la ubicación exacta de los restos de su tío, la posibilidad de contar con la colaboración de los arqueólogos sevillanos chocó con la limitación horaria que para trabajos en el viejo cementerio se imponía: de lunes a viernes y hasta las tres de la tarde. "Cuando comuniqué que los especialistas sólo podían venir los fines de semanas y que el propio personal del camposanto estaba dispuesto a no cobrar horas extras por trabajar el fin de semana, me dijeron que la tarifa obligatoria era de 48 euros a la hora, una cantidad que unos jubilados no podemos asumir".

El Ayuntamiento de Cádiz ha firmado un convenio con el colegio de arqueólogos para prestar este servicio. En este sentido, el veterano sindicalista reconoce que, aunque prefiere al equipo de Sevilla por cuanto éstos participan en el proyecto común de la Memoria Histórica, aceptaría cualquier grupo de trabajo "siempre que se haga de una manera profesional".