UCR 24 de Enero de 2008

El que esta medida se haya producido en nuestro país es fruto de quienes, armándose de valor, han denunciado y testimoniado los horrores a los que se vieron sometidos por el franquismo. Pero también de la complicidad de distintos ámbitos de la sociedad civil que han tenido el coraje de solidarizarse con este colectivo. A todos ellos, nuestro más profundo y sincero agradecimiento.

Permítanme hacer el breve recorrido que la ´Asociación Ex presos Sociales´ ha tenido que transitar hasta alcanzar su reparación legal y económica.

La asociación la creamos algunos supervivientes de esta represión en el año 2000, cansados de que todavía en los controles policiales se nos señalara como fichados en el archivo especial de peligrosos sociales. Algunos, como Antonio Ruiz, presidente de la asociación, recurrieron a la vía judicial, lo que supuso un costoso proceso en dinero y tiempo que les permitió recuperar su expediente policial, pero no consiguieron ninguna reparación alguna. Otros contaron sus testimonios en los medios de comunicación, que pronto se interesaron por el tema. El periodista Arturo Arnalte recopiló los testimonios en el libro ´Redadas de Violetas´. Esto supuso el revulsivo que descubrió los crímenes del armario franquista y el escándalo de que estas personas continuaran señaladas y excluidas de ciertos derechos democráticos.

El Congreso de los Diputados abrió entonces una línea de comunicación con este pequeño colectivo y se comprometió a estudiar el asunto en el inicio de la ya fenecida legislatura. Instituciones Penitenciarias, con su directora Mercedes Gallizo a la cabeza, tomó la iniciativa después de que algunas víctimas, como el que subscribe, acompañados por Beatriz Jiménez y Javier García, presidenta y vocal de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas (FELGT), realizáramos un acto de reivindicación histórica ante la prisión de Huelva , símbolo de nuestra represión.
Instituciones Penitenciarias organizó un acto de desagravio y colocó una placa en la fachada de esa prisión. Este gesto llamó la atención del Gobierno. Se invitó a los ex presos sociales para debatir el asunto en el contexto de la llamada popularmente ´Ley de Memoria Histórica´, sin eludir perfiles escabrosos como el tema de los expedientes judiciales, penitenciarios, psiquiátricos y las fichas policiales, su situación de ilegalidad, y por lo tanto objeto de reclamación judicial.

En diciembre de 2004 el Congreso, incluido el grupo parlamentario popular, votó una declaración de condena y desagravio por la represión desencadenada por el franquismo contra los homosexuales. Al año siguiente el Gobierno acordaba estudiar indemnizar a los afectados por la represión sufrida y el daño continuado producido por el Estado de Derecho.

Durante estos cuatro años algunas comunidades autónomas han organizados actos institucionales de desagravio y apoyo a los ex presos sociales. El Gobierno de Cataluña, en función de sus competencias en materia judicial, decidió, a petición de esta asociación, expurgar los expedientes judiciales de peligrosidad social y facilitar la copia testimoniada de los mismos a quien lo solicitara por haber sufrido la represión en la Cárcel Modelo de Barcelona. De hecho, los pocos expedientes que se han podido entregar al día de hoy se han dao en Barcelona.

La partida de dos millones de euros, incluida en los presupuestos generales del Estado para el año 2008, con el fin de indemnizar a los homosexuales perseguidos por el franquismo, no hubiera sido posible sin el resolutivo apoyo de los socios del Gobierno (PSOE, IU y ERC).

Estamos de enhorabuena por que el Estado reconoce que, cegado por el odio de la irracionalidad fascista, se obliga a reparar, en lo posible, el daño originado como garantía de que nunca más se perseguirá y discriminará a los homosexuales.

Por último, nos gustaría dejar patente el sabor agridulce que nos deja que la Iglesia Católica (actora principal de nuestra represión) siga empecinada, más por ideología que por doctrina, en el odio y la exclusión de los homosexuales. Pero sobre todo lamentamos que se sirva de la mentira, la injuria, el miedo y la amenaza que dice que los homosexuales representamos, sobre todo, para la familia y la patria. Estos prejuicios, que se introducen en corrientes ideológicas, son los que facilitaron el camino que nos llevó a los campos de exterminio, a las cárceles y a los psiquiátricos.

Al hilo de lo expuesto, nos cabe recordar al Estado y a las fuerzas políticas y sociales, la obligación que tienen de garantizar los derechos fundamentales de los homosexuales y protegerlos de los ataques de injuria y odio. Por ello demandamos que se consideren las conductas y manifestaciones homófobas como un delito específico a incluir en el Código Penal. Éste, y no otro, sería el cierre, en justicia, que significan nuestras indemnizaciones.