Reflexiones electorales de un anticlerical

Sabino Cuadra Lasarte
Gara.net

He leído en días pasados una nota de nuestro arzobispo Sebastián en la que, una vez más, nos recuerda todo un conjunto de criterios morales para ayudarnos a «emitir el voto responsablemente» en las próximas elecciones. Por supuesto, en primer lugar se halla «la protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona, especialmente el derecho a la vida desde el primer momento de la concepción y... el derecho de los ancianos y enfermos terminales a morir de muerte natural» y, más adelante, el derecho de la familia a «recibir sin agobios los hijos que Dios quiera enviarles», así como eso tan socialmente avanzado de «la valoración del trabajo de la mujer esposa y madre en el cuidado de su familia y la educación de sus hijos». Sin comentarios. Así es Sebastián, nuestro pastor. Nuestro arzobispo, honesto él como pocos, nos recuerda que, si bien ningún programa respeta del todo las exigencias de la moral católica (otra cosa era aquel cristianísimo régimen, con Franco bajo palio y los obispos en las Cortes), habrá que valorar cuál favorece más el conjunto de la conducta cristiana, ya que, «si no siempre se puede elegir lo mejor, siempre hay posibilidad y obligación de votar lo menos malo». Y, así, Sebastián, como quien no quiere la cosa, nos cuenta aquella dificilísima adivinanza de «blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga espera». O sea, nos llama a votar UPN-PP, que a quién si no. No, si de tonto no tiene un pelo. Si no, ¿de qué va a ser arzobispo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal?

Pues bien, en un sentido parecido, trataré ahora de aportar una serie de consideraciones laicistas, democráticas y de sentido común que, relacionadas con la Iglesia Católica, nos puedan servir también de orientación a la hora de ejercitar nuestro derecho de voto en las próximas elecciones.

Supongamos que una asociación civil o partido político solicita su inscripción en el registro correspondiente y, de acuerdo con sus estatutos, las mujeres carecen del derecho a ser elegidas para cualquier cargo, excluye la democracia de su funcionamiento interno y, por si fuera poco, está sometido a las directrices emanadas de un Estado extranjero. Pues bien, de acuerdo con la legislación vigente Constitución, Leyes de Asociaciones y Partidos.., ¿cabría legalizar a un colectivo de estas características? Evidentemente, no. Y si esto es así, ¿por qué la Iglesia Católica, jerárquica, misógina, antidemocrática, dogmática y obediente a consignas del Vaticano, no sólo está legalmente reconocida, sino que goza de más privilegios que nadie?

Sin duda, habrá quien diga que una cosa son las creencias religiosas y otras muy distintas las políticas o sociales, y que no se puede medir todo con el mismo rasero. Sin embargo, ¿qué ha pasado con el iman de Fuengirola?, ¿por qué éste ha sido condenado por publicar un folleto con instrucciones sobre cómo han de ser las «correcciones físicas» a dar a las mujeres y no se procesa y condena a obispos y curas por considerar sus ataques contra los medios anticonceptivos como un atentado contra la salud pública?; ¿por qué estos mismos señores pueden calificar de asesinos a quienes practican un aborto legal y no hay ningún juez que los procese por calumnia y difamación?

A mí me parece muy bien que la Iglesia se organice como le dé la gana, que goce de la más amplia libertad de expresión y que realice sus liturgias como quiera. Es más, me divierte ver en la procesión de San Fermín a toda esa dignísima representación eclesial (arzobispo, cabildo, cofradía...) vestida y parafernaliada de un glamour que parece recién salido del mismísimo yacimiento de Atapuerca. Pero una cosa es el reconocimiento religioso de la Iglesia para organizarse internamente y practicar sus ritos y funciones, y otra muy distinta darle a ésta patente de corso para campar a sus anchas, directamente o escondida tras supuestas ONGs y fundaciones que, según sus estatutos, restringen la calidad de socio de pleno derecho a los miembros de una orden religiosa o admiten que la elección de sus órganos dependan no de la voluntad de su base afiliada, sino de la jerarquía eclesiástica.

Habría que cortar con esta especie de gorroneo jurídico-político de la Iglesia, de andar siempre exigiendo derechos para sí y obligaciones para los demás. Así, a nivel internacional, a pesar de su constante discurso humanitario, la Iglesia Católica no ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre la que se asienta la ONU. Ni ha ratificado ninguna de las convenciones sobre la supresión de las discriminaciones basadas en el sexo, o referidas a la protección de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, la enseñanza, el empleo, la defensa de la familia y el matrimonio... De los 104 convenios acordados por la ONU, el Vaticano tan sólo ha suscrito doce. A pesar de ello, se le reconoce el status de Estado Observador Permanente y el derecho a participar en la Asamblea General de la ONU, sin voto, así como en sus conferencias internacionales, con plenos derechos en este caso.

Por todo ello, en las elecciones, antes de dar el voto, habría que ver qué dicen los programas de los partidos políticos en relación con la Iglesia Católica. Ver si recogen, entre otros, alguno de estos puntos: ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano por ser un estado antidemocrático, confesional y patriarcal; derogación de los acuerdos de 1979 entre la Iglesia Católica y el Estado español; reforma inmediata de la Constitución y afirmación del carácter laico del Estado y de todas sus instituciones y servicios; laicidad total de la enseñanza pública y supresión de subvenciones a la privada; anulación de todo tipo de exenciones y beneficios fiscales (impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones, contribución urbana...), así como de las subvenciones directas (23.000 millones de pesetas anuales para el mantenimiento del clero) e indirectas (otro tanto para sus ONGs); compromiso de los cargos públicos de no acudir en calidad de tales a ningún acto religioso (misas, procesiones...), sometimiento real de la Iglesia y sus miembros a la legalidad, incluido el Código Penal, etc...

Termino. La izquierda que le teme al agua bendita, ni es izquierda, ni es nada. Y quien calla sobre estos temas, consiente. No merece la pena dar el voto a quien no se plantee nada de lo anterior.