Manifiesto de las V Jornada Laica en Rivas Vaciamadrid
Europa
Laica
V JORNADA LAICISTA
MANIFIESTO DE RIVAS VACIAMADRID
PREÁMBULO
Las personas asistentes, a título individual o como representantes de las
asociaciones laicas abajo firmantes, tras los debates y exposiciones realizados
durante la celebración de la V Jornada Laicista de Rivas Vaciamadrid
Constatamos, por un lado, el avanzado grado de secularización de la sociedad
española, así como la creciente diversidad de creencias, tanto de origen
religioso como de cualquier otra naturaleza (atea, agnóstica,…), mientras por
otro, se mantienen enormes privilegios económicos y simbólicos en beneficio de
la Iglesia católica.
Consideramos que la presencia de las creencias religiosas en el espacio público
educativo segrega a los alumnos en función de sus creencias, atenta contra su
libertad de conciencia, dificultando su libre desarrollo intelectual y su
autonomía moral, e introduce un factor tremendamente perturbador del clima
escolar. Entendemos que el doctrinarismo religioso en la escuela pública no
viene avalado por ningún mandato constitucional.
Observamos, con preocupación, la frecuente confusión entre los ámbitos público
(de carácter universal) y religioso (de carácter particular), inundando de
símbolos confesionales las ceremonias políticas, así como garantizando la
presencia institucional en un sinfín de ritos y ceremonias religiosas. Esta
connivencia con las creencias religiosas (católicas, especialmente) se completa
con una presencia permanente en cárceles, hospitales y ejército, financiada
además con fondos públicos, y por tanto, de todos l@s ciudadan@s.
Entendemos que todos estos privilegios confesionales señalados no están basados
en las disposiciones de la Constitución. Muy al contrario, la clave de bóveda de
esta clara deriva confesional del Estado, desde 1979, debemos buscarla en los
Acuerdos concordatarios y en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. En este
sentido afirmamos que mientras sigan existiendo estas figuras jurídicas, la
Transición en materia de creencias y convicciones seguirá siendo una tarea
pendiente y cada vez más lejana.
Por todo ello, los abajo firmantes enunciamos los siguientes
PRINCIPIOS
Nos comprometemos tanto con la defensa del derecho de Libertad de Conciencia de
todos los individuos, como con la autonomía de lo político (y, por tanto, de lo
público) frente a las creencias o convicciones particulares, tanto de índole
religiosa como de cualquiera otra naturaleza.
Nos comprometemos, asimismo, con la defensa de la igualdad, no sólo en términos
formales, sino explicitada en una práctica política de vigilancia permanente,
para que no se produzca discriminación alguna contra ningún ser humano, en el
libre ejercicio de sus derechos ciudadanos.
Rechazamos la utilización de conceptos como “culturas” o “civilizaciones”, que
habitualmente sólo sirven para enmascarar el sometimiento de las conciencias
individuales a dictados comunitaristas, que sustituyen las múltiples identidades
de las personas por una exclusiva característica dominante de categorización,
que suele ser la religión.
Pensamos que las organizaciones sociales basadas en creencias religiosas deben
gozar del mismo trato, a efectos jurídicos, que aquellas cuyo sustrato sean las
creencias no religiosas: unas y otras deben someterse al derecho común, sin
exigir privilegios públicos de orden económico o institucional.
Rechazamos por confusionista cualquier adjetivación sobre los conceptos de
laicismo y laicidad que no esté sustentada en la libertad de conciencia
individual, la igualdad de todas las creencias ante la ley (religiosas o no), la
separación de las iglesias y el Estado y la autonomía moral y de juicio de cada
persona, que sólo puede estar basada en una escuela pública, laica y gratuita.
Ante esta situación, nos planteamos los
siguientes DESAFÍOS
Creemos que ha llegado el momento de que los partidos políticos que se
autodenominan laicos sean consecuentes con su ideario y transformen en leyes su
aparente voluntad laicista. La clara disonancia entre lo que dicen y lo que
hacen en esta materia, impide, por otra parte, que se articule una mayoría
social visible que ponga coto a la maraña jurídica confesional que sólo favorece
a la jerarquía católica y a sus intereses.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones sociales y sindicales para
que, lejos de sentir el laicismo como ajeno, perciban que con su defensa lo que
está en juego es la calidad de nuestra convivencia democrática y nuestra propia
condición de ciudadanos libres e iguales.
Instamos a la creación de plataformas cívicas, políticas y sindicales que, de
forma coordinada, creen una mayoría social activa que trabaje por la consecución
de los objetivos expuestos, y que pueda promover, y respaldar, una iniciativa
política hoy inexistente. Debemos dar comienzo a la Transición en materia de
creencias.
Las frecuentes agresiones efectuadas por distintos grupos de presión,
instrumentalizando a veces a las instituciones públicas, presionan continuamente
de forma desigual sobre los ciudadanos que, tomados individualmente, se ven
inermes ante ellas. Es hora de que se articulen, en las instituciones públicas
locales, organismos que, al modo de un Defensor de la Libertad de Conciencia,
tengan como misión específica velar por este derecho fundamental así como por la
igualdad ante la ley en relación con las creencias, la etnia o el género.
Las creencias de orden religioso o de cualquiera otra naturaleza no son, por sí
mismas, factores de cohesión social. Los únicos factores de cohesión en un
Estado que se pretende laico, son la libertad de conciencia de cada individuo,
la igualdad ante la ley, la justicia social, la solidaridad y los derechos
humanos. Por tanto, nos comprometemos a desarrollar nuestra actividad en torno a
los valores que dimanan de estos principios.
En un Estado en el que ninguna creencia tiene carácter estatal, sus servidores y
funcionarios se deben exclusivamente a la función pública para la que han sido
designados, y sus servicios son de interés general. La universalidad de la
esfera pública no puede confundirse con la particularidad de una creencia
religiosa, sus ritos o sus símbolos. Así pues, declaramos que cuando en el
ejercicio de la función pública los servidores del Estado (justicia, sanidad,…)
contemplan compromisos de conciencia que provocan situaciones de injusticia, que
se traduce en obstaculizar la aplicación de leyes aprobadas por el Parlamento,
están de hecho, burlando la justicia democrática.
Debemos contribuir a la extensión del laicismo entre los sectores con creencias
religiosas (especialmente católicas), a través de la discusión y el debate
democrático y la búsqueda de la unidad de acción en torno a los principios
políticos y jurídicos expresados en este Manifiesto. Sin la confluencia de este
gran cúmulo de personas en las tareas laicas resultará sumamente difícil romper
nuestra actual imagen pública antirreligiosa (extendida interesadamente por los
voceros de la jerarquía católica), así como poner en pie un importante
movimiento laicista con una cierta capacidad de acción.
Las fuerzas políticas que dominan los diversos poderes del Estado, en sus
distintos niveles, se muestran especialmente remisas a alterar la actual
situación de privilegios de la Iglesia católica debido, fundamentalmente, a las
consecuencias electorales. La fuerza de los cambios precisos no surgirá desde
las cúpulas de tales poderes políticos si no hay un empuje de la sociedad que lo
exija...y que se lo permita. En el último año transcurrido las reivindicaciones
laicistas se han multiplicado como nunca anteriormente, se han expresado en
todos los medios, han dado a luz organizaciones nuevas en múltiples territorios.
Este es el camino. Esta la tarea actual. Multiplicarnos, organizarnos,
coordinarnos y hacernos oír. Desde esta ya no tan pequeña localidad que hoy nos
acoge, modesto ejemplo de reivindicaciones laicas en el ámbito local, donde su
Ayuntamiento ha creado la primera Oficina Municipal de Defensa de los Derechos
Civiles,
Hacemos un llamamiento a tod@s l@s ciudadan@s para que se comprometan en la
extensión de los principios aquí expuestos, demanden su implantación en los
ámbitos públicos, asuman los desafíos aquí señalados y se coordinen en
organizaciones y acciones que posibiliten que podamos convertirlos en realidad.
En Rivas Vaciamadrid, a 24 de enero de 2009
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