Bertone hizo suyos el «estupor y pesar» mostrado la víspera por
el responsable de prensa del Vaticano, Federico Lombardi, quien
consideró «sorprendente que un tribunal europeo intervenga tan
duramente sobre una materia ligada muy profundamente a la
identidad histórica, cultural y espiritual del pueblo italiano».
El
tribunal de Estrasburgo da la razón a una ciudadana
italofinlandesa que llevaba desde 2002 luchando para conseguir
que fueran retirados los crucifijos de la escuela del norte de
Italia donde estudiaban sus hijos.
Soile Lautsi culmina así una larga batalla que comenzó cuando
pidió al instituto de la ciudad de Albano Terme (Padova) que
retirara los crucifijos de su clase. Desoída su petición, acudió
a los tribunales italiano que rechazaron su solicitud.
Herencia del fascismo
Los
crucifijos están presentes en las aulas italianas desde la época
fascista. El Vaticano no dudó entonces en negociar con el
dictador Benito Mussolini el Pacto de Letrán (1929), que ponía
fin a la pugna entre el Estado italiano y la iglesia católica
dándole una preeminencia como religión oficial del Estado que,
si bien fue anulada oficialmente, sigue vigente en la realidad.
Soile Lautsi ha contado en su larga pugna judicial con la ayuda
de la Unión de Ateos y Agnósticos Racionalistas de Italia
(UAAR), que calificaron la sentencia como una «victoria para la
laicidad».
La
sentencia de Estrasburgo recuerda que el crucifijo no es
esencialmente un símbolo ético, sino que predomina su
representación de la religión católica. De ahí se deriva que su
exposición en las aulas vulnera el artículo 9 de la Convención
de los Derechos Humanos, que protege la libertad de conciencia,
religión y pensamiento.
Roma recurrirá la
sentencia
El
Gobierno derechista de Silvio Berlusconi anunció que recurrirá
la sentencia y utilizó un tono similar al del Vaticano para
criticarla. Un ministro llegó a asegurar que el Ejecutivo no
retirará ningún crucifijo y el titular de Exteriores, el antiguo
post-fascista Franco Frattini, espetó que el fallo «es un golpe
mortal a Europa».
Si
Estrasburgo admite a trámite el recurso -saludado efusivamente
por el Vaticano-, el caso será revisado por la Gran Cámara,
órgano superior al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En caso
de que no sea admitido, la sentencia sería ejecutiva en un plazo
de tres meses y el Comité de Ministros del Consejo de Europa
(institución que reúne a los 47 estados del Viejo Continente)
deberá, en un plazo de seis meses, decidir las acciones que
deberá llevar a cabo el Gobierno italiano para acatar la
resolución.
La
Comisión de Bruselas se amparó en que el tribunal de Estrasburgo
es un órgano del Consejo de Europa y añadió que la decisión de
situar símbolos religiosos en los edificios públicos es una
competencia exclusiva de los Estados miembros y que no hay
actualmente en vigor ninguna legislación comunitaria al
respecto.
Polémica española
La
sentencia, que en principio afecta sólo a Italia aunque abre una
vía para la interposición de recursos similares desde otros
estados -previo agotamiento, eso sí, de la vía judicial de cada
estado-, ha levantado una gran polvareda en el Estado español,
donde la denuncia del padre de un alumno en Valladolid fue
estimada por un tribunal, que ordenó por primera vez retirar los
símbolos religiosos de las aulas.
Organizaciones que agrupan a escuelas religiosas españolas han
mostrado su alarma, llegando a advertir de que «si ocurre algo
similar en España, habrá que manifestarse con contundencia». Una
responsable de estas organizaciones integristas católicas
aseguró que «Italia no puede abandonar su fe, es el bastión del
catolicismo».
En
las antípodas, la Asociación España Laica se congratuló de que
Estrasburgo «hace honor a su nombre» y exigió al Gobierno del
PSOE, condescendiente como pocos con la iglesia católica, a que
ordene la retirada inmediata de los símbolos religiosos de los
edificios públicos, «poniendo punto final a este anacronismo».
El
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que tendrá «en
cuenta» esta sentencia en la redacción de la próxima Ley de
Libertad Religiosa.
No
obstante, en su práctica gubernamental, los «socialistas» se han
negado hasta la fecha a hacer cumplir el principio de laicidad y
ordenar la retirada de los crucifijos de los edificios públicos.