Simbología religiosa y fiestas
Pablo Archel Domench
Diario de Noticias 8 de octubre de 2009
CON el título de
Republicanos bajo la cruz , el concejal de NaBai en Ansoáin
Koldo Pla criticaba (DIARIO DE NOTICIAS, 5 de octubre) la
intención de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Ansoáin de colocar una "cruz de hierro sobre la pirámide"
que adornaría las placas de los presos de San Cristóbal,
fusilados por los fascistas y enterrados junto a la iglesia
y el viejo cementerio. La crítica iba dirigida a algunos
concejales del PSN y a Manolo Benítez, concejal de IU,
miembros de esa comisión.
Se pregunta Koldo Pla en su artículo con qué derecho "nos
imponen a toda la ciudadanía de Ansoáin sus propias
creencias y convicciones religiosas", para seguidamente
criticar la inclusión en el programa festivo de actos
religiosos tales como "una romería y una misa".
Comparto el fondo (aunque no la forma) en la que Koldo Pla
realiza las críticas a la apabullante presencia de actos
religiosos (católicos) en los programas festivos de nuestros
municipios. El propio programa de San Fermín está lleno de
actos religiosos como la procesión, donde la corporación
municipal desfila desde la iglesia de San Lorenzo hasta la
Catedral, o el Riau-Riau, que no marca sino el camino de la
corporación para asistir a vísperas acompañado por La
Pamplonesa. Que yo sepa, ningún concejal de NaBai ha
objetado estos actos. Desde esta tribuna, animo a la
ciudadanía a iniciar un sereno debate para definir el papel
y la participación (o no) de los representantes políticos en
los actos religiosos. O, ¿es que San Fermín es diferente?
Pues no, no es diferente. Como tampoco mi pueblo, Villava,
es diferente. En el programa festivo de este año, el alcalde
(NaBai) nos convoca en el programa oficial de fiestas al
Rosario (sábado 3 de octubre), a la Salve Solemne "con
presencia de la corporación" (el mismo sábado, un poco más
tarde), a la Solemne Misa, por supuesto "con asistencia de
la corporación" (domingo 4 de octubre), a la "Santa Misa" en
homenaje a nuestros mayores (jueves 8 de octubre), a la
"Misa en el día de la Mujer" (9 de octubre), a la "Misa
infantil y ofrenda floral" (sábado 10 de octubre) y, por
último, a la "Solemne Misa" en la iglesia de los Dominicos
(domingo 11 de octubre). Parece excesivo. Pero todo esto en
un ayuntamiento cuyo alcalde, señor Pla, es de NaBai. Y
puestos a recordar, convendría no perder de vista que en la
primavera de 2008, el grupo parlamentario de Izquierda Unida
presentó una moción que instaba a los poderes públicos a
"impulsar las medidas necesarias para asegurar la
aconfesionalidad del Estado". La moción proponía una serie
de medidas como la eliminación de la simbología religiosa de
los espacios públicos y otras varias como, por ejemplo, la
denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. Pues bien, las
actas del Parlamento muestran que la moción únicamente
obtuvo tres votos favorables, los dos de IU y otro de un
parlamentario (o parlamentaria) cuya afiliación desconozco.
Las actas recogen, asimismo, que el señor Zabaleta (NaBai)
en su turno de intervención anunció la abstención de su
grupo a este punto de la moción. Por lo tanto, antes de
lanzar exabruptos y descalificaciones, convendría
documentarse bien, pues de lo contrario se corre el riesgo
de resultar incoherente y poco creíble. Claro, que esto no
es nada si tenemos en cuenta que el salón de plenos de
Villava (NaBai) está (todavía) presidido por el Sagrado
Corazón. Pues eso, señor Pla, que en todas las casas cuecen
habas y en la mía a calderadas.
Creo pues, llegado el momento de iniciar un debate social
sobre la relación de los cargos públicos y de las
instituciones con actos y otras manifestaciones de carácter
religioso. No se trata de prohibir ningún acto, al
contrario, se trataría de garantizar que las manifestaciones
y expresiones de religiosidad se ejerzan en libertad,
respetando el espacio público y sin involucrar a los cargos
políticos en esos menesteres. Las manifestaciones
religiosas, si se hacen desde el respeto, corresponden a la
esfera de lo privado y no debería hacerse ostentación
pública de las mismas. Y un Estado democrático y tolerante
debería cuidar y garantizar la exquisita independencia del
poder político (y los concejales lo son) de las
instituciones religiosas. Al César lo que es del César.