Llegó la hora del
laicismo
Juan
G. Bedoya
El
País
20 de Agosto de 2009
La nueva
ley de religión es la ocasión para proclamar la laicidad pendiente del
Estado y poner fin a la confesionalidad encubierta - Todas las iglesias
lamentan el secretismo del Gobierno
¿Por fin la
culminación de la transición religiosa? ¿Una vía hacia el modelo
laicista francés? ¿O es sólo un cambio para que todo siga igual? Las
declaraciones del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sobre la
inminente reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa han disparado
las especulaciones. Algunos temen que se desate una nueva guerra de
los crucifijos, e incluso que peligre la paz religiosa. Otros dicen
que ya es hora para esa reforma. Y muchos recelan. Han colmado sus
decepciones en los últimos años y creen que el Gobierno carece de coraje
para llegar al fondo en la proclamada aconfesionalidad constitucional
del Estado español.
Las
disputas sobre la masiva presencia de símbolos católicos en los colegios
públicos son la historia de nunca acabar. En realidad, encubren un
debate más amplio: el de la confesionalidad encubierta del Estado
español, muy visible en ocasiones. En muchos aspectos, el férreo
nacionalcatolicismo franquista sigue vigente, pese a lo acordado por la
Constitución de 1978. Ocurre cuando el presidente del Gobierno y los
ministros toman posesión de sus cargos ante un vistoso crucifijo, o
cuando asisten a ceremonias católicas que son calificadas oficialmente
"de Estado"; también cuando el Gobierno socialista acuerda con la
Conferencia Episcopal un nuevo y más generoso sistema de financiación
pública para el culto y el clero católicos, marginando al resto de las
confesiones, que cuentan ya con varios millones de fieles en España.
La reforma
religiosa anunciada cuenta con muchos apoyos, pero también con
reticencias. La primera crítica se refiere al procedimiento. No hay
información; nadie sabe cómo se está gestando. Es la queja de Mariano
Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (FEREDE). La Dirección General de Relaciones con
las Confesiones Religiosas, del Ministerio de Justicia, pidió opinión a
este dirigente protestante, hace algo más de un año, sobre la
oportunidad de cambiar la ley y sobre los asuntos a tocar. No ha vuelto
a tener noticia, pese a remitir casi a vuelta de correo sus opiniones.
Lo mismo le ha pasado al resto de los líderes de las confesiones que
cuentan con la declaración oficial de "notorio arraigo".
"Desconocemos cuáles son los criterios del Gobierno y nuestro temor es
que no se afronten los verdaderos problemas estructurales del sistema de
libertad religiosa. Si se cambia la norma, lo mejor sería un consenso
generalizado, sobre todo si deseamos no romper la paz religiosa que es
clave para la futura paz social", añade Blázquez.
También se
queja de "falta de información" la Iglesia católica española,
representada en la Comisión de Libertad Religiosa del Ministerio de
Justicia por el jurista y sacerdote Silverio Nieto. La confesión
mayoritaria se siente "algo más que una invitada de piedra". Los obispos
no se hacen ilusiones, pese a afirmar, en un principio, que la nueva ley
de libertad religiosa no les afectaría "en absoluto", amparados por el
concordato firmado en Roma en 1979. Ya no están tan seguros.
La mera
proposición de la reforma le parece a la jerarquía del catolicismo "un
acto de prepotencia", un paso más en lo que el arzobispo emérito de
Pamplona, Fernando Sebastián, llama "el laicismo intransigente".
Sebastián, uno de los grandes cerebros del episcopado español, sostiene
que "los partidos y asociaciones de izquierdas piensan que lo público
tiene que ser laico".
Sería
decepcionante que el debate previo de tan importante reforma se centrase
en una supuesta guerra de crucifijos. Además, no sería la
primera. Ya hubo una, muy airada, en 1977, cuando el presidente de las
nuevas Cortes, el católico Antonio Hernández Gil, retiró el crucifijo de
su despacho oficial. El general Franco, cruzado nacionalcatólico, había
muerto hacía dos años. También surgió una gran trifulca cuando el
director de Radio Nacional en 1982, Eduardo Sotillos, suprimió el rezo
del ángelus al mediodía, y eso que mantuvo una sintonía de
campanas y la siguiente locución: "Con las campanadas del mediodía,
Radio Nacional recuerda a sus oyentes católicos que es la hora del
ángelus".
Parecería
que por las cuestiones que afectan a la relación entre un Estado laico y
las creencias de sus ciudadanos no hayan pasado los años. En la
execración episcopal contra toda reforma que equipare derechos y deberes
de las religiones impera la vieja proclama del Catecismo Patriótico
Español, de lectura obligatoria durante décadas en las escuelas
públicas y privadas. Para argumentar por qué España había llegado a ser
"Una y Grande", reproducía casi al pie de la letra el famoso texto de
Menéndez Pelayo sobre la "unidad de creencia" como partera de la España
que fue una vez "luz de Trento y espada de Roma".
"Cristofobia" o "anticlericalismo rancio" son calificativos que se
escuchan en las filas eclesiásticas ante el anuncio del ministro Caamaño
sobre la supresión de símbolos religiosos en los espacios públicos. El
cardenal Antonio María Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal, es
contundente: "Si la reforma implica que los católicos no pudieran jurar
sus cargos ante un crucifijo, no sería aceptable. El crucifijo pertenece
a la historia y a la cultura de España. Siempre hay minorías que se
ofenden por todo, pero la presencia del crucifijo es masiva en todos los
pueblos, así que o se destruye España para quitarlos, o cierran los
ojos".
Es también
la opinión del jurista y político catalán Jorge Trías Segnier. Afirma,
con esta cita de Unamuno: "La presencia del crucifijo en las escuelas no
ofende a ningún sentimiento ni aun al de los racionalistas y ateos; y el
quitarlo ofende al sentimiento popular hasta el de los que carecen de
creencias confesionales". Según Trías, este pensamiento del autor de
La agonía del cristianismo resume el sentimiento de la mayoría de
los españoles. "No me parece un buen inicio para comenzar a discutir las
bases de la nueva ley y tratar de llegar a un acuerdo entre el Estado y
las confesiones comenzar con esa iniciativa agresiva e innecesaria. Me
sorprende en un ministro dialogante como parece que es Francisco
Caamaño. España es un estado aconfesional pero no laicista. Según el
artículo 16 de la CE debe existir una especial cooperación con la
Iglesia católica y con las demás confesiones, según sean las creencias
mayoritarias de la sociedad española. Eso es lo que dice la
Constitución. Pretender otra cosa es inventarse una interpretación que
no está en la ley. Me cuesta entender qué es lo que pretende el Gobierno
con la retirada de los símbolos cristianos. La modernidad no comienza
con la revolución francesa. La modernidad, es decir, los principios de
igualdad, libertad y caridad o amor o fraternidad, son principios
evangélicos que sintetizan la tradición bíblica de la Torá", añade.
Antonio
Monclús, catedrático de Didáctica y Organización Escolar, también acude
a una cita de gran autoridad para sustentar su criterio. Se refiere a
Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública en la II
República. Escribió en 1931: "El Estado, ni por su naturaleza jurídica,
ni por su finalidad, ni por el postulado que hemos admitido en España,
la libertad de cultos, puede ni debe hacer otra cosa que declarar su
carácter aconfesional. El Estado solicita del hombre acciones con que ir
tejiendo la conducta de la comunidad; pero el Estado no puede solicitar
del hombre ni emociones, ni sentimientos, ni creencias, y es, sin
embargo, en el reino de la emoción, del sentimiento y de la creencia
donde viven la fe y la confesión. Por eso, ante el dintel de la fe, de
la creencia, de la emoción, del sentimiento, el Estado no es que puede,
es que debe mantenerse alejado y neutral; es decir, el Estado tiene que
ser aconfesional".
Antonio
Monclús sostiene que "la presencia de crucifijos o símbolos religiosos
en las escuelas es una consecuencia directa del nacionalcatolicismo que
constituyó la esencia del régimen franquista". Ello implica una serie de
dimensiones. "En primer lugar, es una falta de respeto a la igualdad de
oportunidades en lo que se refiere a la libertad de expresión, en este
caso, de ideas religiosas o no religiosas. En segundo lugar, transmite
el abuso de una posición dominante, en este caso la herencia del sistema
de privilegios de la iglesia católica en la educación en España. En
tercer lugar, no puede eludir el recuerdo de una victoria bélica, que
fue el origen del estado franquista surgido tras la derrota en 1939 del
gobierno republicano, legítimamente constituido", dice.
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