La Conferencia Episcopal (CE) ha respondido con rapidez a la aprobación el pasado 14 de mayo del anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo mediante una arrasadora declaración contra la "ley del aborto" (así denominada por los obispos). Aunque la CE esté formada por varones de mediana o avanzada edad, célibes y castos, desprovistos de experiencia personal directa en cuestiones de fecundación y paternidad, sus pronunciamientos sobre la materia son contundentes y audaces. En términos comparativos, esa agresiva rotundidad contrasta con la cautela de las declaraciones concedidas hace pocas semanas por el cardenal Cañizares en torno a los abusos sexuales cometidos en parroquias, seminarios y colegios religiosos a costa de púberes y adolescentes, investigados, probados y sancionados en Estados Unidos, México e Irlanda; una pesquisa, por cierto, nunca llevada a cabo -como debiera- por la Iglesia española.

Según la declaración episcopal, cualquier forma de interrupción del embarazo (voluntaria o forzada) en cualquier momento de la gestación (puesta en marcha por el acto sexual de fecundación) y cualquiera que haya sido su origen (incluida una violación) constituye "un crimen abominable". Ese riguroso maximalismo queda modificado en sentido retrospectivo por la tesis según la cual el anteproyecto de 2009 constituiría "un serio retroceso" en relación con la ley despenalizadora de 1985. El PP, aun oponiéndose a la iniciativa del Gobierno, se ha distanciado de la agresividad del tono y la extremosidad de los argumentos de la declaración episcopal; esa mayor sensatez nace seguramente de la experiencia: el Gobierno de Aznar mantuvo en vigor durante sus ocho años de mandato (cuatro con mayoría absoluta) la ley actualmente en vigor.

La CE acompaña su defensa del derecho a la vida con la denuncia de una supuesta cultura de la muerte implícita en las prácticas abortivas. Los obispos fingen olvidar, sin embargo, el necrófilo papel desempeñado por la Iglesia católica como testigo mudo o connivente en las matanzas perpetradas por las dictaduras fascistas y militares del siglo XX y como incitadora de la Cruzada emprendida contra el Gobierno legítimo de la Segunda República española bajo la coartada justificadora de las sangrientas expediciones cristianas medievales a Tierra Santa.

El Evangelio de la vida predicado por los obispos defiende la reproducción ilimitada de la especie humana en el hacinado y superpoblado planeta del siglo XXI, escenario del hambre y la mortandad infantil en sus regiones más atrasadas y amenazado por el cambio climático y la creciente escasez de agua, alimentos y combustibles. Llevada hasta el último extremo de fanatismo esa consigna fecundadora, los escrúpulos de conciencia morbosamente cultivados por la Iglesia no asaltarán sólo a los responsables de acabar con la potencialidad humana de los embriones mediante prácticas abortivas; también debería afectar a quienes incumplen -hombres y mujeres, casados y solteros, laicos y religiosos- la sagrada misión de transmitir la potencialidad vital de los espermatozoides y óvulos que hubiesen podido acompañar a los actos de procreación nunca realizados.

La Declaración se dirige no sólo a los fieles de la Iglesia católica, obligados a obedecer a sus pastores, sino también al resto de la humanidad, receptora de "los justos imperativos de la razón" transmitidos por "la ley natural escrita en su corazón". La amenaza de excomunión a los creyentes relacionados incluso remotamente con prácticas abortivas -subrayada con delectación por el meloso portavoz de la Conferencia Episcopal- sólo surte sus intimidatorios efectos dentro de una asociación voluntaria susceptible de ser abandonada por sus miembros. Y la libertad de expresión permite a los inculpados libres de la férula eclesiástica responder a los cargos de asesinato o infanticidio con el mismo derecho que los obispos a insultar al prójimo. Resulta inadmisible, por el contrario, la interferencia que pretende causar la Conferencia Episcopal -sus miembros tienen pasaporte español pero son designados y adoctrinados por el Estado vaticano- en el órgano supremo de la soberanía popular y nacional a través de su mandato imperativo -bajo pena de excomunión- a los parlamentarios católicos para que boicoteen el proyecto de ley del aborto.