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La imposición religiosa
Arturo del Villar
UCR
19 de Junio de 2009
LA Conferencia Episcopal
desafía una vez más al Gobierno presuntamente socialista, al ordenar a
sus fieles que se opongan al proyecto de reforma de la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo. Su portavoz, Juan Antonio Martínez
Camino, ha tenido la osadía de convocar a los medios informativos, para
contarles que se trata de una imposición intolerable del Gobierno a los
ciudadanos. Pero la imposición es la suya precisamente.
La Ley dicta unas normas a
las que deben ajustarse las mujeres que quieran abortar, sin imponer a
nadie la obligación de hacerlo. De modo que las monjas y las amas de los
curas y las mujeres catolicorromanas que no deseen abortar no tendrán
que hacerlo. En cambio, la Conferencia Episcopal sí pretende imponer sus
convicciones a todos los españoles, incluidos los que rechazamos
plenamente a esa secta de historia sanguinaria, inspiradora de la
sublevación de los militares monárquicos en 1936, y después colaboradora
de los crímenes cometidos por la dictadura. Y Martínez se ha atrevido a
amenazarnos con la excomunión a los que toleremos la reforma
legislativa. ¡Pues muy bien! ¿Cómo nos va a expulsar de donde no estamos
por propia convicción?
Saben los obispos que
tienen amedrentado al Gobierno supuestamente socialista, de modo que
incitan a los ciudadanos a declararse en rebeldía contra las leyes
aprobadas en el Parlamento. Así empezaron en 1931, con el resultado que
todos padecemos todavía.
La Iglesia catolicorromana
está siendo subvencionada por los gobiernos monárquicos de turno, desde
que se firmaron los acuerdos con el Estado Vaticano en 1976 y 1979,
cuando presidía el Gobierno Adolfo Suárez, residuo reciclado de la
dictadura. Y además, se tolera a los cardenales que se lleven al Estado
Vaticano buena parte de esa subvención, lo que constituye un tráfico de
divisas inaceptable para cualquier Gobierno decente. Pero los cardenales
tienen bula, nunca mejor empleada la expresión coloquial, para hacer lo
que les salga del capelo.
Cuando se firmaron esos
acuerdos, la Iglesia catolicorromana se comprometió a autofinanciarse
con el tiempo, dejando de recibir las subvenciones estatales, que
pagamos los crédulos en sus dogmas y los que no comulgamos con sus
ruedas de molino, dicho sea por continuar utilizando modismos populares.
Han pasado treinta años, y todavía la Conferencia Episcopal no ha
encontrado la oportunidad de autofinanciarse. Eso es comprensible: le
resulta mucho más rentable seguir cobrando del Gobierno de turno del
reino de España, en el que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”,
según declara el artículo 16.3 de la Constitución: ¡quién lo diría!
Lo que dicen algunos
malpensados, pero no compartimos tales maldades, es que el actual
presidente del Gobierno, el señor Rodríguez, aspira a entrar en las
catedrales bajo palio, igual que el dictadorísimo. Por eso tolera todas
las intromisiones del Estado Vaticano en los asuntos internos del reino
de España. ¿Quién sabe?
Madrid, 18 de junio de 2009.
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Arturo del Villar es
Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio
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