Educación desde el púlpito
Óscar Celador
Público 12 de Octubre de 2009
El inicio de las negociaciones entre el ministro de Educación y los representantes del Partido Popular para la consecución de un pacto político y social por la educación ha coincidido con las declaraciones de varios líderes de la Iglesia católica reclamando su derecho a participar en este proceso. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica en el terreno de la educación han sido tradicionalmente problemáticas, debido a que la posición del Estado ha evolucionado en paralelo al desarrollo del Estado social y a la conformación de la educación como un servicio público esencial, mientras que la Iglesia siempre ha defendido un modelo educativo subordinado a sus intereses religiosos, en el cual el Estado debe desempeñar un papel subsidiario.
La Iglesia ha lanzado un dardo envenenado al Gobierno, ya que
ha anunciado su deseo de participar en la
mesa de diálogo, pero al mismo tiempo
mantiene sus duras críticas al modelo
educativo que diseñó la LOE. En otras
palabras, en un contexto en el cual parece
que los líderes políticos han asumido su
responsabilidad de alcanzar un pacto de
Estado, la Iglesia ha visto una oportunidad
única para recuperar un modelo educativo
felizmente superado, en el cual sus escuelas
concertadas podían elegir a su alumnado, los
alumnos no recibían la preparación necesaria
para el ejercicio de la ciudadanía y eran
sancionados con una enseñanza alternativa si
decidían no cursar la asignatura de
religión.
No hace falta ser adivino para predecir cuál sería el
desenlace que tendría la participación de la
Iglesia en el pacto educativo, y es que,
como señaló el célebre político alemán Otto
Von Bismark, “cuando alguien dice estar de
acuerdo, en principio, en hacer algo, quiere
decir que no tiene la menor intención de
hacerlo”. Esta es la actitud que cabe
esperar de la Iglesia en el caso de que el
Gobierno acceda a sus pretensiones, ya que
la experiencia histórica dice que la Iglesia
sólo bendecirá el pacto educativo en la
medida en la que éste satisfaga sus
intereses particulares. Pero, además, ¿qué
legitimidad tiene la Iglesia católica para
participar en este debate?, ¿acaso sus
líderes han sido elegidos por la ciudadanía
para ostentar alguna responsabilidad
política? La jerarquía eclesiástica no está
demandando ejercer su derecho constitucional
a la participación en la vida política, lo
que pretende es participar en los foros de
decisión de las políticas nacionales con la
excusa de que representa los intereses de
las familias que escolarizan a sus hijos en
centros católicos.
La Iglesia católica parece ignorar que en el marco del Estado
democrático los ciudadanos elijen a sus
representantes por su compromiso con un
programa político; de ahí que deban ser
exclusivamente los partidos políticos los
que decidan cuál debe ser el modelo
educativo, ya que ellos, y no la Iglesia,
serán los que en el futuro tengan que rendir
cuentas ante su electorado. La intromisión
de la Iglesia supondría que esta influyera
en la política nacional defendiendo
intereses particulares y, mucho más
importante, sin asumir ninguna
responsabilidad política.
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Óscar Celador es profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas