“Dios se fue de la Escuela”. La nueva Ley de Educación en
Venezuela
Marcelo Colussi
Argenpress 26 de
Agosto de 2009
“Dios se fue de la
Escuela”. Con esta sensacionalista y sensiblera declaración el cardenal Jorge
Urosa Sabino, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, reaccionó ante
la aparición de la nueva Ley Orgánica de Educación surgida en Venezuela el
pasado 15 de agosto, marcando así la matriz con la que toda la derecha del país
valoró la nueva norma jurídica.
Se contribuye así a dividir, una
vez más, toda la sociedad entre “chavistas” y “antichavistas”,
reafirmando que las luchas de clases (que siguen al rojo vivo) se
expresan en todos los campos, también el educativo. Reacción, por
cierto, enteramente visceral, absolutamente cargada de tirria
ideológica, que indica que: o ni siquiera se ha leído a profundidad el
texto de la nueva normativa jurídica (dudoso), o que el odio de clase en
juego no permite ser objetivo (nos inclinamos por esto). Reacción, por
otro lado, que además de movilizar en bloque a la más conservadora y
retrógrada derecha local, hizo reaccionar a lo más conservador y
retrógrado de la derecha del mundo. |
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Para muestra, la nota publicada en el católico reino hereditario
de la real casa de los Borbones –más conocido como España– por
el diario El País, titulado “Las trampas de Chávez”, apenas unos
días después de conocida la nueva ley, y que marca el talante en
juego: “El presidente Hugo Chávez sigue adelante con la
progresiva demolición del Estado de derecho en Venezuela en
nombre del socialismo del siglo XXI. (…) El texto no sólo se
dirige a regular los programas educativos y los centros de
enseñanza, sino también a formar a los ciudadanos de la sociedad
que se propone construir la revolución bolivariana”.
¿Acaso una ley nacional no está para eso, para regular? ¿Acaso
la educación, cualquiera sea, no se dirige justamente a formar a
los ciudadanos sobre los que actúa? ¿Podría ser de otra manera
quizá? ¿Por qué esta reacción? ¿Qué tiene de tan “maléfica” la
nueva ley? En realidad: nada. Es un instrumento que se enmarca
enteramente en los lineamientos contemporáneos acerca de la
educación como bien público, como derecho humano que impulsan
los organismos rectores en la materia (por ejemplo, el
Manifiesto “Educación para Todos” de la UNESCO, Dakar, Senegal,
del 26-28 de abril de 2000: “La educación es un derecho humano
fundamental, y como tal es un elemento clave del desarrollo
sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las
naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable para
participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI,
afectados por una rápida mundialización”). Es decir, la ley está
lejos de ser un arma de adoctrinamiento socialista como se la
presenta desde la visceral y maniquea visión del mundo de la
Guerra Fría, que evidentemente no ha desaparecido de la cabeza
de mucha gente, especialmente los ideólogos de la derecha.
La ley, en verdad, ni siquiera habla de formación socialista; de
hecho, en ningún lado tan siquiera roza la ideología marxista;
muchos menos se la menciona en forma explícita. Muy claramente,
en su artículo 1 dice que la educación se realizará “de acuerdo
con los principios constitucionales y orientada por valores
ético humanistas” –¡humanistas!, lo cual es tan amplio que puede
dar para todo; humanistas, pero no socialistas, nótese bien–. Se
entiende que hay una preocupación social, una búsqueda de
igualdades, pero en ningún lado se habla de abolición de la
propiedad privada, de construcción revolucionaria de un nuevo
orden, de abierta lucha anticapitalista ni antiimperialista, de
pueblo en armas defendiendo sus conquistas o algo que pudiera
erizar la piel para alguien no familiarizado con un discurso de
izquierda. Por el contrario, es una ley bastante “neutra” en
términos políticos. Una vez más: ¿por qué esa reacción tan
visceral desde la derecha católica?
Dos de los tres elementos que pudieran ser el núcleo de esa
abierta oposición de la derecha conservadora: la educación
privada y la enseñanza religiosa, se respetan íntegramente. En
ningún lugar de la nueva ley queda abolida la enseñanza privada.
En todo caso queda claramente dicho que el Estado habrá de
regular el ámbito de la educación, incluidos los centros
privados, tal como cualquier Estado capitalista hace en
cualquier parte del mundo con cualquier empresa privada (¿para
qué otra cosa está el Estado sino para fijar normas de
funcionamiento? ¿O apostamos por la mano invisible del mercado
como principio ordenador supremo?) A propósito: ¿quién reaccionó
por la “socialista” medida de la actual administración de
Washington cuando recientemente el Estado salió a auxiliar
bancos privados en bancarrota o a la quebrada General Motors
Company en el medio de la crisis financiera? En materia de
educación son más estatistas muchas constituciones de países
europeos, por ejemplo, que la de Venezuela. De hecho el Estado
venezolano sigue subsidiando a los colegios y universidades
privadas con un entre 40 y 70% de su presupuesto general, y la
nueva ley no cambia esa situación. ¿Por qué entonces esta
reacción de desaprobación?
En cuanto a la enseñanza religiosa, de ningún modo queda
condenada ni se promueve un presunto ateísmo de Estado. En todo
caso, siguiendo una tendencia moderna y progresista de la
humanidad, “el Estado mantendrá en cualquier circunstancia su
carácter laico en materia educativa, preservando su
independencia respecto a todas las corrientes y organismos
religiosos. Las familias tienen el derecho y la responsabilidad
de la educación religiosa de sus hijos e hijas de acuerdo a sus
convicciones y de conformidad con la libertad religiosa y de
culto, prevista en la Constitución de la República”, según puede
leerse en el artículo 7 de la ley. Laicidad, valga remarcar, que
está constitucionalmente garantizada en el artículo 59. En
Venezuela como en cualquier parte del mundo, una ley de
educación debe garantizar que cualquier persona pueda acceder
sin discriminación de ningún tipo, ni religiosa, ni étnica, ni
de género, ni de nivel socio-económico, a una educación digna,
de buena calidad, rigurosa y veraz. Ese carácter universal del
derecho a la educación implica que la enseñanza debe ser laica,
por ser esa la única opción neutral no imbuida de conceptos
religiosos de signo alguno que, en todo caso, pueden derivar en
fundamentalismos. Una educación laica y objetiva es garantía,
quizá la única, de una sociedad más equilibrada. Y eso es lo que
hace la nueva ley, no otra cosa. Que es lo que hizo ya la
Revolución Francesa hace más de 200 años atrás, sin ser
socialista precisamente.
El tercer elemento de discordia para esta visión conservadora de
la derecha que ahora protesta airada no es, en realidad, en modo
alguno objetivo sino que asienta en un profundo odio de clase.
Así de simple. Ese otro elemento que hace parte del ataque está
dado por la ya monotemática acusación de autoritarismo
antidemocrático del gobierno bolivariano encabezado por el
presidente Hugo Chávez. Dado que la ley toca directamente los
medios de comunicación social, a los que incluye como elementos
educativos en tanto servicios públicos buscando su regulación,
eso es la gota que derrama el vaso y transforma el nuevo
instrumento jurídico, según la crítica de toda la derecha, en
una demostración de fascismo, de autoritarismo supremo, que sólo
servirá para el adoctrinamiento castro-comunista transformando
cada alumno venezolano en un potencial pichón de terrorista
internacional. Dice la ley en su artículo 9 que “los medios de
comunicación social públicos y privados en cualquiera de sus
modalidades, están obligados a conceder espacios que
materialicen los fines de la educación. [Y además que] orientan
su programación de acuerdo con los principios y valores
educativos y culturales establecidos en la Constitución de la
República, en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico
vigente”. ¿Es eso fascismo autoritario? ¿No debe marcar líneas
el Estado? ¿Para qué está, si no?
“La Ley Orgánica de Educación –dice en la referida nota el
diario “El País”– pone de manifiesto más que otras medidas hasta
qué punto el proyecto chavista es tributario de las ideologías
autoritarias del pasado, por más que se escude en las
invocaciones al futuro. Desde esta perspectiva, no son nuevos
los disparates que contiene la nueva norma. La educación no
puede ser un instrumento para que los ciudadanos encajen a la
fuerza en una sociedad diseñada desde el poder, sino para que
sean libres en la sociedad en la que viven”. Hay ahí una
(fingida) incomprensión de los procesos sociales (la educación
enseña siempre los valores de las clases en el poder, “la
ideología dominante es la ideología de la clase dominante”, eso
no puede ser de otra manera. Y los medios de comunicación
social, ¡ni se diga!). Pero además, en la reacción de la derecha
se evidencia su profundo y nada enmascarado odio social, de
desprecio por el pobrerío que ahora, mal que bien con la
Revolución Bolivariana comienza a levantar la voz, aunque esa
preocupación se disfrace de “democrática”: ¿protesta así esa
derecha por la propaganda de la Coca-Cola? ¿Protesta esa derecha
por las interminables transmisiones de fútbol que ya, por lejos,
pasaron a ser la principal droga social, el nuevo “opio”
tecnológico con el que se maneja a las masas planetarias?
¿Protesta esa derecha por la descarada propaganda ideológica de
CNN? La comunicación de masas, un instrumento que día a día se
transforma en uno de los principales agentes de educativos de
las sociedades, ¿debe funcionar también regida por la mano
invisible del mercado? Dicho sea de paso, según estimaciones de
la UNESCO, en pocas generaciones los medios audiovisuales irán
reemplazando a la escuela formal en la tarea educativa.
¿Apostamos por la absoluta liberalización del asunto dejando que
cada empresa privada de comunicación (léase: las grandes cadenas
televisivas básicamente) sean las que eduquen a las futuras
generaciones? ¿Optamos por la desaparición del Estado entonces?
La nueva ley, además, contiene importantes mejoras en las
relaciones laborales de los trabajadores de la educación. Al
respecto, en su Artículo 42 se establece que: “El personal
docente adquiere el derecho de jubilación con veinticinco años
de servicio activo en la educación, con un monto del cien por
ciento del sueldo y de conformidad con lo establecido en la ley
especial [de regulación laboral en el ámbito educativo]”, lo
cual representa un paso adelante en términos sociales. ¿Es
contra eso que adversan quienes se oponen a la nueva normativa?
Seguramente dirán que no, pero en definitiva el espíritu de toda
la normativa, enmarcada en el proceso político que vive el país,
apunta a eso: al mejoramiento de las condiciones sociales de las
grandes masas siempre excluidas. Cuando decíamos más arriba
“odio de clase”, pues a esto nos referíamos. ¿Quiénes son los
que salen airados a protestar y manifestar en las calles contra
esta ley?: por supuesto no son los sectores pobres, los que
nunca llegaron a las universidades, los que miran resignados que
otros van a centros privados de excelencia. ¿De qué
autoritarismo hablamos entonces: el del “dictador” Chávez o el
de la dictadura del mercado que mantiene en el límite de la
pobreza a grandes masas históricamente marginadas?
En definitiva, la nueva ley de educación surgida en la República
Bolivariana de Venezuela, sin ser una abierta declaración
anticapitalista, es un paso firme para la construcción de más
espacios de participación popular, y el hecho que los medios de
comunicación queden más sujetos a control del Estado es, en todo
caso, una buena noticia para el campo popular, porque puede
facilitar mayor profundización del proyecto revolucionario, en
beneficio de los más y no de los menos, obviamente. Si alguien
reacciona ante eso… como dicen que dijo don Quijote (cita que
realmente no figura en el texto cervantino, pero que vale
igualmente): “ladran Sancho, señal que cabalgamos”.
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