Las leyes y el marco de la Constitución son las únicas directrices que tienen que marcar el gobierno de un país. La ética pública no puede estar sometida a la moral católica ni a ninguna otra moral de índole religioso. No cabe en democracia otra forma de gobierno que aquella en la que se garantiza un gobierno sin dogmas. Para Norberto Bobbio, filósofo italiano, el espíritu laico es la condición para la convivencia de todas las posibles culturas. Bobbio que se definía como “heredero del pensamiento ilustrado y defensor de los derechos humanos” fue ante todo un hombre de diálogo.

      Aunque para María Teresa Fernández De la Vega, es evidente “la voluntad firme del Gobierno de avanzar en la laicidad del Estado y de proteger las creencias de quienes no creen” es palpable que la intención de promulgar la laicidad del Estado carece de plazos y que no hay datos concretos sobre la revisión del texto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) de 1980. La percepción es que los pasos del gobierno parecen encaminados hacia un Estado neutral, pluri confesional y no hacia un Estado Laico. Sin embargo el Vaticano, a pesar de lo poca información de que disponemos sobre la reforma de la Ley de Libertad Religiosa no dudó en agilizar el nombramiento de un nuevo nuncio para España, el envío de Renzo Fratini es una medida de choque que tiene como objetivo frenar la tan temida por ellos “deriva laicista” de nuestro país.

      Si se pretende gobernar “sin dogmas y sin imposiciones de nadie ni a nadie” no se entiende que siga vigente el Concordato de 1979, un acuerdo entre el Vaticano y el Estado Español que tuvo sentido en los difíciles años de la transición pero que en el momento actual es de todo punto inadmisible; no se pude seguir manteniendo un acuerdo que establece en uno de sus puntos clave el compromiso de colaboración del Estado con la Iglesia Católica para garantizar su “sostenimiento económico” .

      El hecho de que un Estado aconfesional no pueda alinearse con una única confesión religiosa se traduce en que no puede asumir como propia ninguna creencia ya que tiene que garantizar la neutralidad ante los distintos credos, no obstante nos encontramos con que a fecha de hoy la Iglesia Católica mantiene una gran parte de sus privilegios a pesar de que un estado aconfesional, y el nuestro lo es constitucionalmente, no puede presentar ningún tipo de adscripción a una creencia en detrimento de las restantes.

        Los intentos de injerencia en el gobierno de la sociedad civil son una constante en la trayectoria de la jerarquía eclesiástica cuyos integrantes no parecen entender que si bien todos y cada uno de los ciudadanos tienen derecho a rezar al dios que sus creencias religiosas le indiquen no por ello están eximidos de respetar la Constitución. Asistimos estos últimos días, después de más de tres décadas de democracia, a un espectáculo deplorable, fuimos espectadores de como la extrema derecha sigue buscando cobijo al abrigo de ciertos púlpitos, de como siguen amparándose en las sotanas de curas integristas que están del todo alejados de una iglesia de base que defiende los principios de igualdad, libertad y formación crítica. Entre los diversos actos de exaltación de la memoria de Franco celebrados recientemente el más lamentable tuvo lugar en la basílica del Valle de los Caídos y en él que se hizo caso omiso del artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica que prohíbe expresamente la realización es ese recinto de “actos de naturaleza política o exaltadores de la Guerra Civil, sus protagonistas o del franquismo” .

      Si llegamos a esta situación es debido a que el integrista Rouco Varela y su cohorte fundamentalista atesoran un poder, a todas luces excesivo, que no dudan en utilizar para sus continuas injerencias en el gobierno de la sociedad; experiencia no les falta porque desde tiempos remotos sus únicas opciones han sido y son la prohibición y la ignorancia de todo lo que consideran una amenaza para su “verdad única” y como consecuencia para sus privilegios.
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Pilar Rego es  Educadora Social.