El crucifijo, la escuela y la
Constitución
Antonio Casado
El Confidencial
5 de Diciembre de 2009
El Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos sentenció hace un mes que
“el crucifijo en la escuela pública
supone una violación de los derechos
de los padres a educar a sus hijos
según sus convicciones y de la
libertad de religión de los
alumnos”. Más claro no puede ser.
Sin embargo, quienes se han puesto
furiosos por la posibilidad de que
los crucifijos desaparezcan de las
escuelas públicas españolas, algo
que en muchos casos ya ha ocurrido,
utilizan exactamente el mismo
argumento. Creen que es una
violación del derecho de los padres
católicos a educar a sus hijos según
sus convicciones. Vamos de
paradojas.
Del derecho de los padres judios,
musulmanes, budistas o devotos de la
Iglesia del Septimo Día no dicen ni
una palabra. Pero son tan españoles
como ellos y no menos diligentes a
la hora de pagar los impuestos para
costear las escuelas a las que
acuden sus hijos, los que profesan
una religión y los que no profesan
ninguna. A la vista del ordenamiento
civil de un Estado aconfesional, el
derecho de los padres a educar a sus
hijos según sus respectivas
creencias no es exclusivo de los
padres católicos.
Por tanto, todos tienen derecho a
reclamar la desaparición de símbolos
religiosos extraños a su respectiva
creeencia. Y el Gobierno tiene la
democrática obligación de promover
su retirada de los centros públicos,
una vez obtenido el consiguiente
respaldo parlamentario. Si no lo
hace, seguiremos anclados en esta
especie de confesionalismo
encubierto que reina en España desde
la firma de los Acuerdos del Estado
con la Santa Sede (1979). Una
situación denunciada hace menos de
un año por 147 grupos católicos de
base, firmantes del “Manifiesto por
la Laicidad”. Ahí se apuesta por la
separación definitiva de las dos
esferas, la religiosa y la civil,
que supere de una vez por todas el
confesionalismo católico practicado
de hecho por los poderes públicos y
religiosos.
PP y CiU, unidos por el
crucifijo
A ese dulce amontonamiento se deben
no pocos de los conflictos que
envenenan la convivencia. El más
reciente, las flamígeras
advertencias del tal
Martínez Camino con el
fuego del infierno para los
diputados católicos que osen apoyar
la reforma de la ley del aborto. Y
ahora, está absurda controversia
sobre algo tan lógico, tan
constitucional, tan democrático como
la eventual retirada de símbolos
religiosos en las escuelas públicas.
Pero de ese dulce amontonamiento de
las cosas de Dios con las del César,
aún no superado, a pesar de la
neutralidad religiosa declarada por
el Estado, procede también la
paradójica réplica del mismísimo
presidente de los Obispos.
Rouco Varela califica de
“antidemocrática” la proposición no
de ley, aprobada en el templo de la
democracia, que reclama la
transposición a España de la
referida sentencia del Tribunal de
Estrasburgo sobre la retirada del
crucifijo de una escuela pública
italiana.
Y otra paradoja, la del presidente
de la Confederación de Padres
Católicos, Luis Carbonel,
que califica de “anticonstitucional”
la iniciativa alumbrada a última
hora del miércoles en la Comisión de
Educación del Congreso.
¿Anticonstitucional la estricta
aplicación del principio de libertad
religiosa en un Estado
confesionalmente neutro?
Última paradoja: El PP y CiU, unidos
por el crucifijo. Lo que no ha
conseguido el Estatut lo ha
conseguido esta proposición no de
ley: juntar en la misma causa a los
nacionales del PP y a nacionalistas
de CiU.