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No consiento que se hable mal de Franco en mi

 presencia. Juan  Carlos «El Rey»   


 

El crucifijo, la escuela y la Constitución

 

Antonio Casado

 

El Confidencial     5  de Diciembre de 2009

 

      El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sentenció hace un mes que “el crucifijo en la escuela pública supone una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y de la libertad de religión de los alumnos”. Más claro no puede ser. Sin embargo, quienes se han puesto furiosos por la posibilidad de que los crucifijos desaparezcan de las escuelas públicas españolas, algo que en muchos casos ya ha ocurrido, utilizan exactamente el mismo argumento. Creen que es una violación del derecho de los padres católicos a educar a sus hijos según sus convicciones. Vamos de paradojas.

 

       Del derecho de los padres judios, musulmanes, budistas o devotos de la Iglesia del Septimo Día no dicen ni una palabra. Pero son tan españoles como ellos y no menos diligentes a la hora de pagar los impuestos para costear las escuelas a las que acuden sus hijos, los que profesan una religión y los que no profesan ninguna. A la vista del ordenamiento civil de un Estado aconfesional, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus respectivas creencias no es exclusivo de los padres católicos.

 

       Por tanto, todos tienen derecho a reclamar la desaparición de símbolos religiosos extraños a su respectiva creeencia. Y el Gobierno tiene la democrática obligación de promover su retirada de los centros públicos, una vez obtenido el consiguiente respaldo parlamentario. Si no lo hace, seguiremos anclados en esta especie de confesionalismo encubierto que reina en España desde la firma de los Acuerdos del Estado con la Santa Sede (1979). Una situación denunciada hace menos de un año por 147 grupos católicos de base,  firmantes del “Manifiesto por la Laicidad”. Ahí se apuesta por la separación definitiva de las dos esferas, la religiosa y la civil, que supere de una vez por todas el confesionalismo católico practicado de hecho por los poderes públicos y religiosos.

 

PP y CiU, unidos por el crucifijo

 

      A ese dulce amontonamiento se deben no pocos de los conflictos que envenenan la convivencia. El más reciente, las flamígeras advertencias del tal Martínez Camino con el fuego del infierno para los diputados católicos que osen apoyar la reforma de la ley del aborto. Y ahora, está absurda controversia sobre algo tan lógico, tan constitucional, tan democrático como la eventual retirada de símbolos religiosos en las escuelas públicas. Pero de ese dulce amontonamiento de las cosas de Dios con las del César, aún no superado, a pesar de la neutralidad religiosa declarada por el Estado, procede también la paradójica réplica del mismísimo presidente de los Obispos. Rouco Varela califica de “antidemocrática” la proposición no de ley, aprobada en el templo de la democracia,  que reclama la transposición a España de la referida sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la retirada del crucifijo de una escuela pública italiana.

 

       Y otra paradoja, la del presidente de la Confederación de Padres Católicos, Luis Carbonel, que califica de “anticonstitucional” la iniciativa alumbrada a última hora del miércoles en la Comisión de Educación del Congreso. ¿Anticonstitucional la estricta aplicación del principio de libertad religiosa en un Estado confesionalmente neutro?

 

      Última paradoja: El PP y CiU, unidos por el crucifijo.  Lo que no ha conseguido el Estatut lo ha conseguido esta proposición no de ley: juntar en la misma causa a los nacionales del PP y a  nacionalistas de CiU.

 

 

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