El guión que está siguiendo la aprobación de la futura Ley de Libertad Religiosa es un calco del que protagonizaron otras reformas legislativas relacionadas con la libertad de conciencia durante la pasada legislatura. Ha sido suficiente con que el Gobierno anuncie su intención de modificar la Ley para que, primero, la Iglesia católica y los sectores más conservadores de la sociedad y, ahora, las asociaciones educativas católicas critiquen duramente un proyecto cuyo texto todavía no es público. Se trata de una estrategia perfectamente diseñada que busca generar crispación para conseguir desgastar electoralmente al gobierno, y en esta labor para algunos todo vale –incluso falsear el auténtico debate político–, mientras que se consiga aglutinar detrás de una pancarta al mayor número posible de manifestantes.

Los dos anuncios que el Gobierno ha hecho hasta ahora en este terreno, a través del ministro de Justicia, han sido que la presencia de símbolos religiosos en las escuelas públicas y en las tomas de posesión de los cargos y funcionarios públicos deberá compatibilizarse con la laicidad del Estado. Pese a las ampollas que han levantado estas declaraciones, parece que todavía nadie se ha dado cuenta de que no hacen más que reiterar lo que desde los años 90 viene estableciendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El objetivo de la futura Ley será garantizar la defensa y protección de la libertad de creencias y convicciones, con independencia de que éstas sean o no religiosas, y dar alcance y contenido a la laicidad del Estado. En otras palabras, lo que se pretende es que todos los individuos puedan ejercer en régimen de igualdad su derecho a la libertad de conciencia, lo que exige que el Estado sea ideológica y religiosamente neutral, que no privilegie a sus ciudadanos por tener unas u otras creencias o por carecer de las mismas, y que no exista confusión entre las funciones estatales y las religiosas.

Asimismo, la futura Ley contribuirá a eliminar el elevado grado de inseguridad jurídica que permite la actual regulación, y que ha servido para que los diferentes gobiernos que se han sucedido en democracia –legitimados por un Tribunal Constitucional sin referentes legales claros y precisos– hayan podido formular un modelo de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas que discrimina y privilegia injustificadamente: a unas Iglesias sobre otras, a estas sobre los grupos ideológicos no religiosos, y a la Iglesia católica sobre todos. Ahora bien, lo que realmente preocupa a los sectores críticos con la futura Ley, y en particular a la Iglesia católica, es que la aprobación de una ley de estas características supone dar un paso firme en un proceso que debe culminar con la desaparición de su situación privilegiada.

Sin embargo, lo peculiar de este debate no es que se produzca ahora, sino que haya sido necesario esperar tres décadas para que comiencen a atisbarse los primeros signos de que el principio constitucional que ordena la igualdad y no discriminación por motivos religiosos puede ser una realidad.

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