José Luis Romero

UCR  13 de Diciembre de 2009

      El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez, proclamó urbi et orbi el pasado día 11 que el aborto debe ser castigado como un delito, y volvió a insistir en que están excomulgados, y por tanto no pueden comulgar, los diputados que voten a favor de la reforma de la vigente Ley sobre Interrupción del Embarazo.

   La polémica desatada no es consecuencia de la ley, sino de no haber dejado bien sentado, desde la Constitución para acá, el sitio que le corresponde al Estado, y el que en relación con él le corresponde a la Iglesia catolicorromana. Desde 1978 las cuentas entre el Estado y la Iglesia son cada vez menos claras. El Estado y la Iglesia tienen connotaciones comunes, basadas en la demografía y la sociología, porque todos los habitantes de España son ciudadanos del Estado español, y una buena parte de ellos son católicos. Todos los católicos son del Estado, pero no todos los habitantes del Estado son católicos.

   En la filosofía de nuestra Constitución y en el mandato expreso que encierra el artículo 16, se recoge esa realidad, al declarar que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, y que el Estado mantendrá “las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Pues bien, todo eso se ha quedado sólo en el papel…, y encima papel mojado.

   Y hay que plantearse: ¿financiar a la Iglesia por el Estado  (5.000 millones de euros anuales, en pagos directos de sueldos, subvenciones, ayudas o exenciones fiscales) encaja con lo que dice la Constitución? Y la siguiente pregunta es: ¿La cúpula de la Iglesia católica en España, cuando le conviene ciudadanos del Estado español, y cuando le conviene del Estado vaticano, de quién depende, del primero, del segundo, o de la “comunidad autónoma número 18”, la Conferencia Episcopal? Porque esa dependencia está en estrechísima relación con su financiación.

   Si la corrupción política en España tiene un claro cimiento en la financiación de los partidos, el enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia-organización arranca de la financiación de ésta por aquél, aun en contra de la solera ideológica e histórica del PSOE, de la opinión de sus bases, de la opinión de una inmensa base cristiana, de las bases lógico-científicas del Estado de Derecho, y del sentido común decente, a pesar de que quienes permiten desde el Gobierno esa financiación, o la protegen en pretendidos alardes de ingeniería seudopolítica, crean que por ello iban a callarse los jefes eclesiásticos…, que sólo se han callado respecto a denunciar la corrupción pública.

   Y como no teníamos bastante con tanto “circo” (el del Estado no confesional dándole a la Iglesia católica muchísimo más dinero que cuando era confesional; la Iglesia injiriéndose en la legislación del Estado, como si se mantuviera la confusión histórica del trono/altar, etc.), aparece un portavoz episcopal diciendo cosas nuevas como que “quitar la vida a un ser humano es contradictorio con la fe católica” (declaraciones del 10 de noviembre pasado).

    Digo “cosas nuevas” porque su vigencia parte de 1975. Antes no era ley de Dios o estaba de vacaciones…, o no se lo dijeron a Franco y su gente cuando en la guerra, en la posguerra y después quitaban de en medio no a los seres humanos a los que se refiere el portavoz (embriones de uno, dos o tres meses), sino a los ya creciditos, con hijos y nietos. Y ocasiones de decírselo tuvieron de sobra, con tanto como trataron y hablaron con el genocida, bien en los despachos oficiales o bajo los palios con los que entraban al dictador en las iglesias, y con las buenísimas relaciones de cariño que llevaron a instituir en las misas (la principal obligación de un cristiano, según el catecismo católico) la petición de preces por la salud del “jefe del Estado” en todas las misas celebradas todos los días en todos los templos de toda España.

   Como no tienen bastante los señores obispos, llegan ya, en el colmo ciclópeo de la provocación, la impunidad, la falacia y las desvergüenzas e ilicitudes institucionales, a decir que el aborto es un crimen. El aborto está autorizado en España porque hay una ley que ha sido votada con gran mayoría en las Cortes Generales, donde radica la representación de la soberanía popular, de la que provienen todos los poderes del Estado; fue votada sobre un proyecto de ley elaborado por un Gobierno legítimo y legal, ejercida y juzgada por los jueces competentes, y sancionada y promulgada por el jefe del Estado.

   Pues bien, según el portavoz, todos, todos, cada uno en su ámbito constitucional, al actuar sobre la ley que implanta un crimen, son CRIMINALES. Es el mundo al revés: la Iglesia dice lo que es delito o no, y define la moral pública; respecto a la suya, tiene el derecho y el deber de fijarla, pero no la moral laica, lo que tenemos que hacer los católicos, los cristianos no católicos, los creyentes no cristianos, y los no creyentes. Y se soporta que portavoces y obispos cometan el delito de calumnia, que es la imputación indebida de otro delito, mezclando la acusación, y pretendiendo fundarla en las palabras de Dios.

   El aborto legal no es delito, por mucho “canoneo” que arguyan los corifeos episcopales. Lo que sí es pecado, según su propia doctrina, es llevarse el dinero que no han de devolver y contra la voluntad de sus dueños. Cuando quieran, que soliciten del Gobierno, y éste responda democráticamente, que nos pregunte a los españoles si queremos darle a la Iglesia catolicorromana 5.000 millones de euros anuales, hasta siempre, según parece ser la intención de la una y el otro.

   Como en todos los esperpentos, en éste aparecen “actores” por libre en el patio del pícaro monipodio político, para “redondear” el espectáculo. El portavoz niega misas y comuniones a los miembros de las Cortes que voten a favor de la reforma de la ley, a ésos que están ligados a la vez a la fe y a la razón, a ésos que llevan una mano por el cielo y otra por el suelo, a los que quieren estar en misa y repicando y defienden los círculos cuadrados…, entrando en natural contradicción entre lo que dice el artículo 67.2 de la Constitución (“Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”) y lo que les diga el portavoz, cumpliendo órdenes de la Conferencia y del Vaticano, bien como Iglesia de Cristo o como Estado (“estén en el partido que estén y por encima de lo que les diga su partido”).

   A estos “actores” se les presentan los problemas bipolares propios de estar ligados a la vez a la creencia y al sillón, sobre todo si son o declaran ser socialistas. Se puede ser socialista por muchas causas y cauces y clases. Una persona puede ser socialista en lo social, en lo económico, en lo político, y yo tengo muchos compañeros que lo son profundamente, siendo católicos, de los que me fío plenamente y me pueden dar ejemplo.

   Pero nunca serán socialistas filosóficamente, porque es imposible conciliar la fe y el dogma católicos con la negación filosófica de la fe y el dogma que es el socialismo para ser tributarios de la razón y la demostración y la rectificación razonable. El que pretenda ser socialista filosófico, que no me venga “como político que quiere inspirar su vida en el evangelio de Jesús”. ¡Como si se quiere hacer vegetariano! Pero dejar el sillón, seguro que no. Y que no vaya diciendo el rechazo que le producía ver comulgar a Pinochet… Si no se tiene que ir tan lejos: aquí, más cerca, tenía a Franco, que en cualquier esquina se cargó a más gente que Pinochet en todo Chile, y las comuniones, los palios, etc., se los proporcionaban aquí los mismos que les daban las comuniones a él…

Sevilla, 13 de diciembre de 2009

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José Luis Romero es miembro del Colectivo Republicano Tercer Milenio