Hace 400 años, Galileo Galilei apuntó por primera vez su telescopio hacia el cielo. El gesto abrió paso a una nueva era, pero le abocó también a la persecución por parte de la Iglesia. Cuatro siglos después, defender ideas científicas aún puede ser causa de juicio. Ahora los inculpados son profesores, periodistas y escritores. Sin embargo, la pregunta de fondo es la misma: ¿Tiene sentido que un tribunal dictamine sobre asuntos científicos?

      El caso más sangrante es probablemente el del escritor británico Simon Singh. En abril del 2008, Singh expresó en el diario The Guardian sus dudas sobre los fundamentos científicos de la quiropráctica, una terapia alternativa que utiliza especialmente la manipulación de la espalda. La Asociación Quiropráctica Británica le demandó por difamación. Si el proceso que empezará en febrero le diera razón a la asociación, Singh se enfrentaría a pagar centenares de miles de euros.

      En Estados Unidos, Christina Castillo es una de las víctimas del creacionismo. En 2007, esta profesora de instituto, ascendida al cargo de supervisora de la enseñanza de las ciencias en Tejas, recibió una invitación para una conferencia que analizaba críticamente el creacionismo. Enseguida la reenvió a compañeros y añadió las palabras "por si os interesa". Al cabo de una semana ya estaba despedida. La profesora decidió demandar a la junta educativa de Tejas. Tras perder el primer juicio porque el Estado "no necesitaba motivos para despedirla", según la ley de EEUU, su caso está en manos de jueces federales.

      Son solo algunos ejemplos, aunque los efectos de las ideas anticientíficas son especialmente graves en los países más pobres, aunque España no está exenta. En el 2003, el periodista de El Correo Luis Alfonso Gámez se dedicó a desmontar en su blog las teorías presentadas en la serie televisiva Planeta encantado, del escritor Juan José Benítez. Éste demandó al periodista por 80.000 euros. El juez desestimó esta petición, pero le condenó a pagar 6.000 euros por daños morales.