José María Aznar, entre la ley
y el pecado
Juan José Téllez
Nueva Tribuna 21 de Octubre de 2009
El Partido Popular pretende ahora la
retirada del proyecto de Ley de Salud Sexual
y Reproductiva. ¿Cuál es su alternativa, la
de mantener el texto actual, contradictorio,
viciado y peligroso tras veinticuatro años
de ejercicio, o eliminar el aborto de
nuestro corpus jurídico? ¿Realmente están
convencidos de que esa sería la opción de
sus votantes?
La presencia de José María Aznar, anterior
presidente del Gobierno español, al frente de la
manifestación contra el aborto que recorrió
Madrid el pasado sábado, sólo puede entenderse
como un acto de contrición. Y es que si el
todavía líder espiritual del Partido Popular y
de la FAES entiende que la interrupción
voluntaria del embarazo es un crimen, debe
haberse arrepentido de no haber prohibido su
práctica durante los ocho años que gobernó este
país.
Quienes recorren en romería las calles patrias, repartiendo
fetos de plástico y llamando asesina a la
ministra Bibiana Aído no pretenden una reforma
distinta de la actual Ley, sino que ese tipo de
intervenciones médicas sean erradicadas de
nuestra normalidad legislativa tal y como ocurre
en diversos países extracomunitarios. Así, Aznar
se habría convertido en una especie de San Pablo
redivivo que hubiera caído a destiempo del
caballo que deslinda la moral religiosa de la
ética civil y se hubiese sumado a la cohorte de
abolicionistas que probablemente también busque,
con el tiempo, la supresión del divorcio y que
las misas vuelvan al latín.
Habrá que recordar que el pecado no existe en democracia y
que exigir que una doctrina concreta rija para
el común de la población obedece a las mismas
reglas que en numerosos países llegan a imponer
algunos fundamentalistas del Islam contra
quienes tanto predica el propio Aznar. Quizá sea
por nuestra bisoñez democrática pero, ¿en qué
cabeza cabe que en el contexto de la laicidad
europea, España siga primando a la Iglesia
Católica por encima de todas las otras
confesiones al reservarle un casillero especial
en la declaración de la Renta? Tampoco sale mal
parada su jerarquía, por cierto, en el reparto
de los fondos públicos que nuestro país sigue
destinando para mantener ese inasible entusiasmo
de los creyentes por su fe que, como el cariño
verdadero, ni se compra ni se vende.
El Partido Popular pretende ahora la retirada del proyecto de
Ley de Salud Sexual y Reproductiva. ¿Cuál es su
alternativa, la de mantener el texto actual,
contradictorio, viciado y peligroso tras
veinticuatro años de ejercicio, o eliminar el
aborto de nuestro corpus jurídico? ¿Realmente
están convencidos de que esa sería la opción de
sus votantes?
Es probable que el consenso parlamentario obligue a algunas
reconsideraciones del texto que el ministerio de
Igualdad ha venido redactando y debatiendo desde
hace más de un año. Entre sus incógnitas no
parece que vaya a verse afectado el epígrafe que
permite que las menores de edades comprendidas
entre 16 y 18 años no necesiten el
consentimiento de sus padres para interrumpir
embarazos no deseados: probablemente se mantenga
en su redacción actual dicho epígrafe ya que tan
sólo amplia la Ley de Autonomía del Paciente que
promulgó el PP en 2002. Otro aspecto polémico
estribará en como articular la Objeción de
Conciencia, a fin de regular el ejercicio de
este derecho a través de los servicios públicos
de salud en los que hasta ahora abundaban las
negativas por parte de los sanitarios.
Pero, ante la manifestación del sábado, lo que cabe preguntar
es donde se meten los partidarios de que el
aborto siga siendo practicable, con mayores
garantías, en este país. Los socialistas han
renunciado a sacar a los suyos a la calle y
tampoco otras corrientes ideológicas y sociales
lo han hecho de manera visible. Cabría pensar
que las organizaciones feministas que se
movilizaron como una piña en 1985 a favor de que
fuera legal la interrupción voluntaria del
embarazo, prefieren quedarse en casa ahora que
ya no se va a criminalizar a las mujeres por
practicarla.
No se trata tanto de deserción o de dejación, sino de que
aunque a José María Aznar y a otros
ultramontanos les parezca mentira, ese segmento
de la opinión pública entiende que el Gobierno
se queda corto en los actuales postulados de la
Ley. Y, en tal sentido, desde dicho sector se
considera urgente y necesaria la tramitación del
anteproyecto de la Ley Orgánica de Salud Sexual
y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria
del Embarazo del 14 de Mayo de 2008, pero bajo
otras premisas. Por ejemplo, que se introduzcan
mejoras para reafirmar ese derecho de las
mujeres a decidir sobre su maternidad, de la
apuesta por la educación sexual como forma de
prevenir los embarazos no deseados y de dotar a
la red sanitaria pública de los recursos
necesarios para no sólo atender, sino promover
la salud sexual y reproductiva. Así que, durante
los últimos meses, vienen reclamando del
Gobierno y del Parlamento que se mantenga la
propuesta, recogida en su anteproyecto, de
modificación del artículo 9 de Ley de Autonomía
del Paciente para equiparar los derechos de las
menores de 16 y 17 años ante una interrupción
voluntaria del embarazo las demás intervenciones
sanitarias, tanto en el ámbito de la decisión
como en el de la información a dar a la familia.
En ese sentido, tal reclamación podría chocar no
sólo con los diputados y senadores conservadores
sino con los de un sector del PSOE al que
pareciera representar José Bono, que se muestra
hostil a dicha proposición.
Quienes piensan que el Gobierno se queda corto, demandan que la
nueva ley no limite “la libre decisión de las
mujeres al corto plazo de las 14 semanas,
alejado de las legislaciones europeas más
avanzadas, que contemplan el plazo de decisión
hasta las 22-24 semanas”. También, que se
eliminen los requisitos administrativos, como
los dos informes médicos o los 3 días de
reflexión, ya que son obstáculos innecesarios
cuando una mujer ha tomado la decisión de
interrumpir un embarazo: “Retrasarlo lo único
que logrará será prolongar el tiempo de
angustia”, afirman. Otras demandas incluyen las
de que no se desproteja a ninguna mujer,
obviando las situaciones en las que llevar a
término el embarazo pueda suponer graves riesgos
para su salud física y/o psíquica. No hay ningún
motivo que justifique el hecho de que una nueva
ley dé un trato peor para estas mujeres que la
Ley de 1985. Desde su punto de vista, por otra
parte, la Ley es imprecisa en algunos extremos,
como el de la regulación de la responsabilidad
de los centros sanitarios y de objeción de
conciencia de sus profesionales, de forma que
ésta no pueda llevar a que determinados centros
sanitarios públicos dejen de atender las IVES
por ausencia de personal dispuesto a hacerlo.
Quizá este último asunto no se resuelva en este
trámite sino que habrá que llevarlo a un debate
de otro calado sobre la objeción en general.
Mientras tanto, ajenos a esta otra frontera sobre esa misma
polémica, los detractores de la ley del aborto
seguirán en la calle o en los medios, con José
María Aznar al frente, denunciando que Galileo
es un hereje. Y que debería legislarse en tal
sentido para que todos los españoles estuvieran
obligados a creerlo.
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Juan José Téllez es
escritor y periodista, colaborador en distintos
medios de comunicación (prensa, radio y
televisión). Fundador de varias revistas y
colectivos contraculturales, ha recibido
distintos premios periodísticos y literarios.
Fue director del diario Europa Sur y en la
actualidad ejerce como periodista independiente
para varios medios. En paralelo, prosigue su
carrera literaria como poeta, narrador y
ensayista, al tiempo que ha firmado los libretos
de varios espectáculos musicales relacionados en
mayor o menor medida con el flamenco y la música
étnica. También ha firmado guiones para
numerosos documentales.