Nueva Tribuna
25 de Febrero de 2009
Juan Antonio Martínez Camino, secretario general y portavoz
de la Conferencia Episcopal Española ha manifestado que la
«excomunión automática» en relación con el aborto no recaerá
sobre el legislador sino sobre los que realizan el acto o
son colaboradores directos. Esto es, sobre las mujeres que
decidan interrumpir su embarazo y los sanitarios que les
ayuden a hacerlo.
Supongo que en el colmo de la retórica algún teólogo
considerará dichas precisiones como una cima del respeto
católico a la cacareada laicidad de los parlamentos
democráticos. Y en cierta medida, si hemos de considerar
tales declaraciones como una interpretación fidedigna de la
posición del Vaticano, vendría a aceptar que diputados y
senadores que fueran fieles al magisterio de la Iglesia,
votasen a favor de cualquier ley de aborto sin retirarles la
eucaristía. Con el peso que todavía tiene la democracia
cristiana en media Europa y con el predicamento del Opus, de
los Legionarios de Cristo y de otras sectas ultracatólicas
entre los conservadores españoles, que les excluyan de la
comisión de un pecado mortal, puede contribuir a que una ley
razonable como la que va a presentarse a las cámaras por
parte del ministerio español de Igualdad, concite nuevos e
impensables apoyos: sobre todo, entre las filas de
Convergencia i Unió y del Partido Nacionalista Vasco, a
pesar de que sus diputados se hayan abstenido en la comisión
de Igualdad tras conocer el borrador de las conclusiones de
la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar la
reforma de la ley.
La pasada semana, el Partido Popular se quedaba de nuevo
solo en contra de una propuesta legal que, en principio,
tampoco parece que vaya a satisfacer las demandas de un
importante sector del feminismo. Y es que queda por resolver
un escollo importante en cuanto a la despenalización total
del aborto, que exige Izquierda Unida y buena parte de la
bancada socialista: si se establecen unas estipulaciones
concretas en materia de plazos, ¿cómo penalizar aquellas
prácticas que se salten a la torera dichas restricciones?
Quizá sea necesaria una transacción para sacar adelante este
proyecto y la misma podría relacionarse con algunos sucesos
recientes en la actualidad española: esto es, que se
dispongan los recursos suficientes para que el derecho al
aborto en la sanidad pública y en la privada esté
garantizado, sin que las madres ni los profesionales se vean
sometidos a un auto de fe judicial como algunos de los que
hemos vivido en los últimos veinticinco años.
Y es que al calor de la reforma de la ley del aborto, la
jerarquía eclesiástica, el Foro de la Familia y sus acólitos
han pretendido restaurar la vieja polémica sobre la
viabilidad o no de tal figura legal. A pesar de las
multitudinarias manifestaciones vividas recientemente, ahora
no toca cuestionar la existencia o no del aborto en España,
que existe desde 1985 y que ni siquiera el Partido Popular
suprimió durante ocho años de mandato. Se trata,
simplemente, de que se corrijan imperfecciones evidentes más
allá de la polémica sobre el grado de humanidad del
nasciturus que, sin duda, también nos acongoja, en mayor o
menor medida, a quienes somos partidarios de que las
embarazadas tengan plena capacidad de decisión sobre un
asunto que les concierne en primera persona, más allá del
incienso meapilas y de los discursos en la tribuna de
oradores.
Ni abortar es un deporte ni nadie lo practica a la ligera:
la ley, en este caso, debe ser terapéutica y no añadir
mayores cargas al íntimo debate que afronta, en este caso,
la mujer y, en muchos casos, su pareja.
La Iglesia, desde luego, está en su papel. Esto es, sigue
interfiriendo por activa o por pasiva en la vida democrática
de este y de otros países, a pesar de que el Vaticano es el
único estado europeo que sigue sin ser democrático. Cada vez
que sus representantes vuelven a reflexionar sobre la eterna
cuestión de la vida, se suscita el mismo interrogante. ¿por
qué no pone el mismo acento en combatir la pena de muerte
que en combatir el aborto? Estaría bien que alguno de sus
portavoces confirmara la excomunión para los que ejecuten
tales sentencias: los jueces, los fiscales y los jurados se
lo pensarían dos veces. Y quizá habría serios problemas para
cubrir las vacantes de verdugo, tirano o gobernador del
estado de Texas.
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Juan José Téllez es escritor y periodista
No consiento que se hable mal
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