Estado laico,
justicia y opus dei
Magi Ribas Alegret
Laicismo.org
15 de Enero de 2009
El principio de separación
Iglesia-Estado, también denominado de laicidad o
aconfesionalidad del Estado, constituye uno de los
pilares básicos de nuestro ordenamiento, a cuyo
tenor, instituciones públicas y entidades religiosas
respetan los ámbitos recíprocos sin intromisiones.
Así lo proclama la Constitución española, "ninguna
confesión tendrá carácter estatal" (art. 16.3).
Por ello, causa alarma que el Poder garante de los
derechos y libertades de los ciudadanos se encuentre
copado por la Prelatura del Opus Dei. Esta
organización integrista de la Iglesia Católica -el
Parlamento belga la califica de secta-, crece al
calor del nacionalcatolicismo franquista aunando
pregonados fines espirituales con la consecución de
riqueza y poder. Sus peculiares métodos de
captación, adoctrinamiento y colocación estratégica
de adeptos le han procurado influencia creciente en
el orden temporal patrio, especialmente Tribunales y
Fiscalía.
En un Estado democrático "la Justicia emana del
pueblo" (art. 117.1 CE). Luego, los cuerpos que la
administran deben ser reflejo de la sociedad plural,
en modo alguno coto reservado a núcleos
confesionales.
Por otra parte, la doble pertenencia a la Judicatura
y al Opus Dei genera conflictos de intereses entre
la obligación de neutralidad del Juez "sometido
únicamente al imperio de la ley", y los vínculos de
disciplina y obediencia con la Obra, siempre
preponderantes, en perjuicio del justiciable.
Lo anterior se completa con la vocación secretista
de la Prelatura, que ni posee una lista pública de
adherentes ni éstos se muestran dispuestos a
manifestar la pertenencia, contraviniendo los
propios estatutos prelaticios y la prohibición
constitucional de asociaciones secretas.
En suma, la infiltración opusiana del aparato
judicial oficia el imposible retorno de una justicia
de tiempos oscuros, superada por la Historia.
Así pues, hacer efectiva la separación
Iglesia-Estado y el derecho fundamental a un
tribunal independiente e imparcial pasa por poner
término a la omnímoda influencia del Opus Dei en la
Administración de Justicia española, y a este fin,
la transparencia juega un papel crucial. Resulta
imperativo que Jueces, Magistrados, Fiscales y demás
funcionarios judiciales, titulares o interinos,
declaren cualquier vínculo con la Prelatura, como
condición para tomar posesión del cargo, o si es
posterior, tan pronto establezcan dichos lazos,
constando la declaración en un registro público.