Carlos Echevarría
La Opinión de la Coruña 2 de
Febrero de 2009
En
España, desde mediados del siglo pasado, el
humanismo se repliega ante el empuje de las
ciencias y la tecnología. Donde más se acusa la
deriva es en los estudios de humanidades,
aquellos que enriquecen el espíritu pero no son
de aplicación práctica inmediata, como la
historia, lenguas clásicas o filosofía, las
cuales están en franca regresión. Por el
contrario, la asignatura llamada Educación para
la Ciudadanía permite compensar ese déficit de
conocimientos poniendo las bases mínimas para su
comprensión.
¿Qué se pretende, pues, con la exigua (20
alumnos en toda Galicia) pero ruidosa oposición
a recibir esa enseñanza? Quienes apelan al
derecho no escrito de objeción de conciencia
acusan al legislador de pretender formar la
conciencia moral de los alumnos, es decir, de
adoctrinarlos. Se supone que en una determinada
dirección distinta a la del que objeta.
No es posible adoctrinar sin doctrina. El Estado
democrático no es una religión y por ello carece
de doctrina. Pero ese Estado impulsa un
determinado orden social basado en los
principios emanados de la Declaración de los
Derechos Humanos. Esos deben ser los criterios
morales para formar la conciencia que dirija
nuestros comportamientos. Resultan penosas
algunas frases de los objetas: lucharemos hasta
el final; atenderemos antes a nuestras
conciencias que a ninguna ley. Respecto a lo
primero decirles que ya han llegado al final,
pues la sentencia de TS ha tenido en cuenta la
jurisprudencia del Tribunal Europeo, las
recomendaciones del Consejo de Europa y las
directrices de la Unión Europea, obstaculizando
así cualquier recurso por temerario. Y en cuanto
a lo segundo, además de constituir insumisión a
la ley, va contra sus propios hijos que quedan a
merced de los leones mientras, eso sí, su
conciencia no sufre.
Desobedecen al Estado español, por obediencia al
Estado vaticano.
Por cierto, no comprendo la sutileza de llamar a
la asignatura en cuestión con un título tan
largo. Las demás asignaturas aparecen así como
más rotundas, serias y profundas que esta
devaluada EpC, la cual queda relegada a inferior
condición.
Tampoco a mí me gusta lo que hay. Prefiero el
sistema creado por la Constitución republicana
de 1931, que consagraba los principios de la
enseñanza pública, laica y gratuita.