Secularización y laicismo
E. Bande Rodríguez
La Región 27 de Junio de 2008
La sociedad española es
menos religiosa que hace años, pero la Iglesia ha ganado
peso ante el Estado. La sociedad española se ha
secularizado. En 1978, el 80% de los españoles se declaraban
católicos practicantes; en el año 2004, sólo el 28,4% de los
católicos reconocen cumplir habitualmente con los preceptos
de su fe.
A pesar de esto, el cordón
umbilical que conecta a la Iglesia católica con el Estado
permanece intacto pese a la aconfesionalidad que ordena el
artículo 16 de la Constitución cuando nos dice: ‘Ninguna
religión tendrá carácter estatal’. Prueba de ello es que
abundan funerales de Estado católicos, tomas de posesiones de
cargos políticos presididos por el Crucifijo, juramentos ante
la Biblia, manifestaciones callejeras de prelados y
sacerdotes... que son claros indicios de que España dista
mucho de ser un Estado laico, aunque las propuestas laicistas
se hacen cada día más hueco a medida que arrecia el
chisporroteo de los cirios y los anatemas mediáticos. Pero
todo esto es por prudencia, cautela y búsqueda de un rédito
electoral. Resultan mucho más clamorosas las manifestaciones
en defensa de la familia o contra la asignatura de la
Educación para la Ciudadanía. Por todas estas razones no
sabemos si España es un Estado laico o aconfesional. La
Constitución reconoce la aconfesionalidad del Estado. Yo creo
que es más confesional que laico. Tengo que decir que el
proyecto laico no es antirreligioso.
La laicidad equivale a ciudadanía o sociedad civil, a
conciencia plural y nacional, a más y mejor democracia. En
contra de lo que nos dijo el obispo Gasco: ‘El laicismo mina
la democracia’. Es justo al revés dado que el laicismo
refuerza la base moral de la democracia. El laicismo demanda
la separación entre la Iglesia y el Estado y propone revisar
los acuerdos entre la Iglesia y el Estado o los de éste con la
Santa Sede: Izquierda Unida ha solicitado varias veces la
revisión de dichos acuerdos. Considera una gran trampa el
modelo de financiación. Consolidamos los privilegios de la
Iglesia con un modelo que consagra la aconfesionalidad, lo que
resulta discriminatorio para las demás religiones. La Iglesia
católica recibe un tratamiento privilegiado en el impuesto
sucesorio y en las donaciones. Los movimientos de base
cristianos se ha manifestado en contra de la financiación de
la Iglesia. Es necesario revisar los acuerdos entre la Iglesia
española y el Gobierno español que incluye: revisar el sueldo
de obispos y sacerdotes, los salarios de los 30.000 profesores
de religión, la personalidad y el sueldo de los capellanes
castrenses. Los católicos de base también son contrarios a la
financiación de la Iglesia. Dicen que la cantidad que hoy
recibe la Iglesia del Estado asciende a 150.000.000 euros y
esta cantidad dicen que no es tan impor tante para que no la
puedan asumir los fieles. El español es un Estado laico porque
la Constitución no utiliza el nombre de Estado confesional. El
Tribunal Constitucional ha sancionado el uso de la
denominación ‘laico’ aplicado al Estado. Pero en España la
transición hacia un Estado laico está pendiente. No hay género
intermedio entre Estado aconfesional y Estado laico. El PP es
respetuoso con los acuerdos Iglesia-Estado. El PSOE se debate
entre las diversas corrientes internas políticas y el acuerdo.
En España tenemos un miedo exacerbado al laicismo. La Iglesia
oficial hace manifestaciones contra el laicismo cuando el
proyecto laico no es antirreligioso, pero quiere tener el
monopolio de la moral y de la educación. Es sólo
antirreligioso cuando una religión o una Iglesia se oponen al
pluralismo moral y a la autonomía política.
En lo que hay que insistir es en el problema religioso de una
sociedad que cada día es menos religiosa. Para entender todo
esto necesitamos una sociedad pluralista, democrática y
secularizada. Deberíamos recordar el ejemplo de nuestros
Reyes, que en la sociedad pluralista medieval tenían a gala
llamarse ‘Reyes de tres religiones’ como lo hizo nuestro
Fernando I el Santo. Demos el paso que nos corresponde hacia
esta ética de todos y para todos en la que deben convivir
moralmente creyentes y no creyentes.