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Secularización y laicismo

E. Bande Rodríguez


La Región
27 de Junio de 2008

La sociedad española es menos religiosa que hace años, pero la Iglesia ha ganado peso ante el Estado. La sociedad española se ha secularizado. En 1978, el 80% de los españoles se declaraban católicos practicantes; en el año 2004, sólo el 28,4% de los católicos reconocen cumplir habitualmente con los preceptos de su fe.
 

A pesar de esto, el cordón umbilical que conecta a la Iglesia católica con el Estado permanece intacto pese a la aconfesionalidad que ordena el artículo 16 de la Constitución cuando nos dice: ‘Ninguna religión tendrá carácter estatal’. Prueba de ello es que abundan funerales de Estado católicos, tomas de posesiones de cargos políticos presididos por el Crucifijo, juramentos ante la Biblia, manifestaciones callejeras de prelados y sacerdotes... que son claros indicios de que España dista mucho de ser un Estado laico, aunque las propuestas laicistas se hacen cada día más hueco a medida que arrecia el chisporroteo de los cirios y los anatemas mediáticos. Pero todo esto es por prudencia, cautela y búsqueda de un rédito electoral. Resultan mucho más clamorosas las manifestaciones en defensa de la familia o contra la asignatura de la Educación para la Ciudadanía. Por todas estas razones no sabemos si España es un Estado laico o aconfesional. La Constitución reconoce la aconfesionalidad del Estado. Yo creo que es más confesional que laico. Tengo que decir que el proyecto laico no es antirreligioso.

La laicidad equivale a ciudadanía o sociedad civil, a conciencia plural y nacional, a más y mejor democracia. En contra de lo que nos dijo el obispo Gasco: ‘El laicismo mina la democracia’. Es justo al revés dado que el laicismo refuerza la base moral de la democracia. El laicismo demanda la separación entre la Iglesia y el Estado y propone revisar los acuerdos entre la Iglesia y el Estado o los de éste con la Santa Sede: Izquierda Unida ha solicitado varias veces la revisión de dichos acuerdos. Considera una gran trampa el modelo de financiación. Consolidamos los privilegios de la Iglesia con un modelo que consagra la aconfesionalidad, lo que resulta discriminatorio para las demás religiones. La Iglesia católica recibe un tratamiento privilegiado en el impuesto sucesorio y en las donaciones. Los movimientos de base cristianos se ha manifestado en contra de la financiación de la Iglesia. Es necesario revisar los acuerdos entre la Iglesia española y el Gobierno español que incluye: revisar el sueldo de obispos y sacerdotes, los salarios de los 30.000 profesores de religión, la personalidad y el sueldo de los capellanes castrenses. Los católicos de base también son contrarios a la financiación de la Iglesia. Dicen que la cantidad que hoy recibe la Iglesia del Estado asciende a 150.000.000 euros y esta cantidad dicen que no es tan impor tante para que no la puedan asumir los fieles. El español es un Estado laico porque la Constitución no utiliza el nombre de Estado confesional. El Tribunal Constitucional ha sancionado el uso de la denominación ‘laico’ aplicado al Estado. Pero en España la transición hacia un Estado laico está pendiente. No hay género intermedio entre Estado aconfesional y Estado laico. El PP es respetuoso con los acuerdos Iglesia-Estado. El PSOE se debate entre las diversas corrientes internas políticas y el acuerdo. En España tenemos un miedo exacerbado al laicismo. La Iglesia oficial hace manifestaciones contra el laicismo cuando el proyecto laico no es antirreligioso, pero quiere tener el monopolio de la moral y de la educación. Es sólo antirreligioso cuando una religión o una Iglesia se oponen al pluralismo moral y a la autonomía política.

En lo que hay que insistir es en el problema religioso de una sociedad que cada día es menos religiosa. Para entender todo esto necesitamos una sociedad pluralista, democrática y secularizada. Deberíamos recordar el ejemplo de nuestros Reyes, que en la sociedad pluralista medieval tenían a gala llamarse ‘Reyes de tres religiones’ como lo hizo nuestro Fernando I el Santo. Demos el paso que nos corresponde hacia esta ética de todos y para todos en la que deben convivir moralmente creyentes y no creyentes.

 

 

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