Empieza septiembre y, con
él, el curso escolar. Los niños volverán a clase y
las cifras de alumnado dirán de nuevo que la
escuela pública asume la inmigración (el año
pasado tenía el 67% de los alumnos y el 82% de los
extranjeros), mientras la privada concertada, que
también se paga con dinero público, acepta menos
chavales extranjeros de los que le correspondería.
Se reiniciará una pelea que parece no tener fin en
un sistema educativo, el español, atípico dentro
de los países desarrollados. Sólo Holanda y
Bélgica, en los que la red concertada religiosa es
mayoritaria en la educación, y Reino Unido, que
lleva años experimentando toda clase de
posibilidades, tienen menos porcentaje de alumnos
de primaria, secundaria y bachillerato
escolarizados en la escuela pública (ver gráfico).
¿No tiene solución esa
batalla? ¿Es posible la convivencia pacífica entre
las dos redes? ¿A quién beneficia este modelo? Los
colegios concertados religiosos (la gran mayoría)
tienen un beneficio medio de 76.000 euros al año y
los laicos, de 68.000. La situación económica,
según estas cifras de 2005 del Instituto Nacional
de Estadística (INE), no se percibe tan
desesperada como la pinta la patronal de los
colegios católicos, la FERE. Su presidente, Manuel
de Castro, asegura que no tienen "ningún colegio
que no sea deficitario" y recuerda que tanto el
Gobierno como las comunidades han admitido su
escasez financiera y están revisando el monto de
las subvenciones. Explica, además, que la
diferencia con la estadística del INE quizá se
deba a que ciertos gastos de mantenimiento de los
edificios se computan de una manera distinta.
En cualquier caso, aún
con las cifras del INE, no parece el negocio más
rentable del mundo. No tanto como lo es, al menos
en el corto plazo y en términos puramente
presupuestarios, para las comunidades autónomas, a
quienes estos colegios les cuestan bastante menos
que los públicos, porque no tienen que construir
ni mantener esos edificios y porque los profesores
suelen cobrar menos y trabajar más. Se trata de un
25% a un 50% menos, según haga el cálculo CC OO o
la FERE, es decir, entre 1.400 y 3.000 millones de
euros al año de ahorro.
No para las familias, ya
que en la mayoría de estos centros dan algún tipo
de aportación por distintos conceptos (sumadas a
las actividades extraescolares, comedor o refuerzo
les reportan casi el 27% de sus ingresos a la
concertada religiosa y el 32%, a la laica).
Pero contra la lectura
obvia de la rentabilidad para las administraciones
está la mirada a largo plazo, esa que puso de
manifiesto un informe del Colectivo Lorenzo
Luzuriaga y que habla de la cohesión social,
cultural y territorial que sólo puede garantizar
una escuela pública, plural y laica que no separe,
como en el caso de la concertada católica, por
convicciones religiosas o por cualesquiera otras.
Por el otro lado, en la
parte del negocio para sus propietarios, hay que
tener en cuenta ese 76% de la concertada. Esto es,
la concertada católica, cuyas motivaciones van más
allá del dinero. Sus objetivos se elevan hasta el
proselitismo religioso. "No tenemos ninguna
pretensión de ganar dinero, sino de aportar
nuestra labor a la sociedad y a la Iglesia. Claro
que tenemos entre nuestros objetivos la labor
evangelizadora, pero eso está en nuestro ideario y
los padres lo saben cuando nos eligen. Sé que hay
gente que cree que para eso ya están las
parroquias, pero eso claramente choca con lo que
reclama la sociedad", asegura Manuel de Castro.
Se mire por donde se
mire, siempre sale a relucir la confesionalidad.
Los conciertos educativos se crearon a mediados de
los ochenta, con la Ley Orgánica de Derecho a la
Educación que redactó el Gobierno socialista, para
ordenar de alguna manera las subvenciones que
desde los años sesenta habían recibido numerosos
colegios católicos (siempre han sido y siguen
siendo la inmensa mayoría de los centros
privados). La España conservadora siempre ha
esgrimido el derecho de los padres a elegir la
educación de sus hijos, que recoge la
Constitución, a favor de la escuela católica (en
nombre de la cual Bélgica y Holanda tienen los
mayores porcentajes de la OCDE de escuela
subvencionada). Ese argumento se puede ver en las
pancartas que han agitado los conservadores en las
calles desde la segunda República (que intentó
promover la escuela pública y laica) hasta las
últimas concentraciones contra la actual ley
educativa, pasando por las protestas de los
ochenta contra la LODE.
Entonces, se entendió que
los conciertos atacaban a los colegios católicos
porque a cambio del dinero, se debía acatar una
serie de reglas, por ejemplo, la libertad de
cátedra de los profesores o la admisión de alumnos
según los criterios que marcan las
administraciones. "Suscribir los conciertos
permitiría abrir los centros a todas las clases
sociales, pero arriesgando precisamente lo que
buscan en vosotros los padres de familia, la
garantía de una educación cristiana", decía el
nuncio del Papa a los padres católicos de alumnos
(Concapa) en 1984.
Llegaron los conciertos,
se consolidaron y el nuncio pareció salirse con la
suya: los colegios no renunciaron a ese ideario
cristiano, que para algunos expertos es aún la
base del conflicto. "Si le quitamos el componente
anticlerical, la polémica se reduce a nada",
asegura el catedrático de Sociología de la
Educación en la Universidad Complutense Julio
Carabaña. También para el catedrático de
Sociología de la Universidad de Salamanca Mariano
Fernández Enguita: "Mirada con distancia, es una
polémica decimonónica. El problema de la privada
no es su propiedad, sino su confesionalidad".
En los últimos 20 años,
con el argumento de la libertad de elección (sobre
todo de elegir enseñanza católica) o de primar una
escuela pública vertebradora, ha proliferado la
concertada con gobiernos conservadores (PNV, CiU o
PP), mientras se ha mantenido la pública bajo el
mando de los progresistas. Castilla-La Mancha es
la comunidad que tiene más alumnos de educación
obligatoria en la pública (81%). "Nuestra
prioridad es la pública, aunque sin limitar la
iniciativa privada", dice el viceconsejero de
Educación castellanomanchego, Pedro Pablo Novillo.
Estos han sido los
posicionamientos políticos clásicos, que han
venido a romper, causando un gran revuelo, los
socialistas madrileños (PSM). Este verano, su
dirección quiso hacer autocrítica y suavizar el
discurso contra la concertada. Esto ha causado el
inmediato rechazo de buena parte de sus
correligionarios y de sindicatos como CC OO y UGT,
que llevan dos legislaturas luchando enconadamente
contra las políticas "privatizadoras de Esperanza
Aguirre". Se quejan del "abandono de la escuela
pública, de un gasto educativo que ha pasado del
27,5% del PIB en 2003 al 25,4% en 2007. La
consejera madrileña de Educación, Lucía Figar,
niega que apoyen más a la concertada que a la
pública, y que haya algún nuevo barrio al que haya
llegado antes un centro concertado que uno
público, como aseguran los sindicatos CC OO y UGT.
Y a las cifras de escolarización en la enseñanza
obligatoria (53,2% en la pública, 33,9% en la
concertada y 12,9% en la privada) responde: "A mí
lo que me preocupa es la libertad de elección de
los padres. Lo que me preocupa es el porcentaje de
familias que no están yendo a la escuela que han
elegido".
Sin hablar ya, como en la
anterior legislatura, de una eficacia o del ahorro
económico que supone la concertada, Figar sí apoya
la opción de los ayuntamientos de ceder suelo
privado para centros concertados. Esto ha llegado
a situaciones extremas, como la de ceder a la
gestión privada un colegio público ya construido.
Fue precisamente la
situación de Madrid lo que llevó al Colectivo
Lorenzo Luzuriaga a redactar y publicar el
documento para el debate Por la escuela Pública.
El texto argumenta que la regla básica de los
conciertos -podrían aumentar sus plazas, pero las
nuevas necesidades debían cubrirse con escuelas
estatales-, se ha roto en Madrid y podrían seguir
su ejemplo otras comunidades. Su temor, y el de
otros muchos expertos, es que sea la enseñanza
pública la que se convierta en subsidiaria,
atendiendo a las clases desfavorecidas, de una
concertada que atendería a las clases medias y
altas. Su argumento es que la concertada no sólo
separa a los alumnos por esa confesionalidad, sino
por clases sociales.
A pesar de ser un
servicio público y por lo tanto gratuito, la
concertada cobra dinero por distintos conceptos,
aportaciones voluntarias, a través de la
asociación de padres, fundaciones... Unas
aportaciones que no siempre son tan voluntarias y
que, sumadas al carácter confesional de la mayoría
de estos centros, se convierten en un muro
infranqueable para las familias más
desfavorecidas, cuyos hijos resultan ser los
alumnos más difíciles de atender y sus notas, las
que bajan la media en los centros públicos. Y hoy,
los más pobres son los inmigrantes. Siempre hay
ejemplos de concertados que acogen sin problemas a
los alumnos más difíciles en zonas muy
complicadas, pero en general, estos chicos
estudian mayoritariamente en la escuela pública.
Aunque en realidad, la
descompensación de alumnos inmigrantes entre
pública y concertada es un problema concentrado en
ciertas zonas, ya que fuera de las ciudades hay
poca subvencionada y en los barrios ricos de las
urbes la pública no tiene grandes dificultades.
Tanto en comunidades como Andalucía, con mucha
enseñanza pública, como Madrid, con bastante
menos, donde hay concertada existe
descompensación. En la ciudad de Madrid, más de la
mitad de los estudiantes van a la concertada, pero
sólo lo hace un tercio de los extranjeros; y la
pública, que tiene un 34,5% del alumnado, atiende
al 62% de los inmigrantes. Y en Almería, los
centros concertados, un tercio del total, sólo
atienden al 6% de los extranjeros, informa María
José López Díaz.
De este modo, los pocos
centros que se acercan peligrosamente o sobrepasan
la línea del gueto transmiten esa imagen a toda la
enseñanza pública, mejorando de paso la de la
concertada que ve aumentar su demanda entre las
clases medias. Manuel de Castro se defiende. "Hay
mucha demagogia", dice, y recuerda que la mayoría
de los chavales que han fracasado en el intento de
conseguir el título básico de educación y quieren
aprender un oficio en una escuela taller, lo hacen
en centros católicos. Admite que quizá haya que
distribuir mejor al alumnado más difícil, "pero
también entre los centros públicos", y confía en
los mecanismos de la nueva ley educativa (LOE)
para hacerlo poco a poco: "Nosotros estamos
dispuestos", asegura.
Tampoco conviene perder
de vista otras ventajas objetivas que señala el
estudio del colectivo Lorenzo Luzuriaga. Los
centros subvencionados suelen ofrecer en el mismo
edificio todos los niveles educativos, con unos
horarios similares y con ampliación de horario por
las tardes, por la mañana o cuando haga falta. La
mayoría tiene servicio de comedor, actividades
extraescolares, cosas que escasean en la pública.
Y ahora, quizá sea el
momento de volver a plantear dos de las preguntas
iniciales: ¿No tiene solución la batalla? ¿Es
posible la convivencia pacífica entre las dos
redes? El debate ideológico no ha avanzado mucho
en los últimos 20 años, pero sí se vislumbran
nuevas ideas. El problema de "la pública no es que
le vayan los peores alumnos, sino la falta de
motivación, de incentivos y de control de los
profesores. El objetivo de las administraciones
debería ser, ofrecer un buen servicio público,
eficaz e igualitario, con base en ambas redes",
asegura Fernández Enguita. "No se trata de que
haya mucha escuela pública y de que los alumnos no
tengan más remedio que acudir a ella, sino que sea
una escuela de calidad, capaz de competir con los
centros concertados de prestigio", dice el texto
del Colectivo Lorenzo Luzuriaga.