Europa Laica exige la anulación de las Acuerdos con
la Santa Sede
Europa Laica 3 de Enero de 2009
El 3 de enero de
2009 se han cumplido treinta años desde que se firmaron, en sede
vaticana, los acuerdos sobre asuntos jurídicos, económicos, de
asistencia militar en las fuerzas armadas y de enseñanza y asuntos
culturales, entre el Gobierno español y la Santa Sede. Acuerdos que
en septiembre de ese mismo año, con voces discrepantes de la
oposición, fueron ratificados por mayoría en el Parlamento. El
documento que mayor confrontación política provocó fue el de asuntos
de enseñanza y culturales, cuestión lógica si nos atenemos a las
acaloradas discusiones que se produjeron, unos meses antes, con el
debate de los artículos 16 y 27 de la Constitución.
No obstante el
contenido de todos los Acuerdos supone la concesión de una serie de
privilegios hacia una organización religiosa, con la aplicación de
sus normas morales al conjunto de la ciudadanía y a las
instituciones del Estado, vulnerando el mandato constitucional de
que ninguna religión tendrá
carácter estatal.
Estos acuerdos
firmados con la Santa Sede en 1979 tienen su origen, básicamente, en
los ancestrales de 1753 y 1851 y, principalmente, en la base
ideológica que inspiraron el Concordato que Franco firmó con Pio XII
en 1953.
Con el paso de los
años ha quedado demostrado no sólo la ambigüedad calculada de los
textos, sino que su aplicación suponen una absoluta violación del
principio de neutralidad y laicidad del estado, que establece la
Constitución española, siendo a nuestro juicio y en aplicación de
los artículos 94 y 95 de nuestra carta magna, presuntamente nulos de
pleno derecho.
Sin embargo a lo
largo de estos treinta años han supuesto una coartada ilegítima y
amoral, para que instituciones públicas en algunas ocasiones, se
hayan ido plegando ante los postulados, intereses y dogmas de la
iglesia católica.
El denominado
estado Vaticano, lugar donde se ubica la Santa Sede, es una ficción,
concedido por el dictador Mussolini en 1929, a través de los pactos
lateranenses, a cambio de reconocimientos y favores mutuos. Su
estrategia geopolítica, dictada desde un aparato ubicado en unas
cuantas hectáreas de la ciudad de Roma, se extiende doctrinalmente a
través de varias miles de diócesis y otros grupos de poder
instalados en todo el mundo, que alimentan una fuerza y monopolio
económico y de control de las instituciones políticas catolizadas a
las que tratan de imponer sus dogmas y moral, en ocasiones,
contraria a las Declaración Universal de los Derechos Humanos y a
principios civiles, de defensa de la salud y de igualdad de trato.
Este territorio,
donde se ubica el centro jerárquico de la iglesia católica, carece
de ciudadanos propios y de poderes separados, pues el dictado papal
es infalible, figura que singularmente es jefe de estado y líder
religioso, al mismo tiempo que extiende sedes por todo el mundo, con
ello se produce una situación anómala o ficción de estado en la
práctica. Ello, en nuestra opinión, anula la posibilidad de llegar
acuerdos con las características propias de internacionales.
Son muchas las
voces que, desde dentro de la propia iglesia, incluso desde dentro
de las instituciones del Estado y de ciertos ámbitos de los partidos
con representación parlamentaria, vienen exigiendo el inicio de una
negociación bilateral tendente a la modificación de su contenido
material, para clarificarlo y avanzar en cuestiones relacionadas,
fundamentalmente, con la presencia institucional de la iglesia
católica y, sobre todo, con los ámbitos de la enseñanza y de la
financiación.
Pero esta tesis no
solucionaría el problema de fondo, que es, de una forma u otra,
privilegiar a una confesión religiosa y firmar unos acuerdos con una
ficción de estado, que en la actualidad forma parte del cuerpo
diplomático a todos los efectos, a nuestro criterio, de forma
ilegítima.
Por ello y de acuerdo con los motivos
anteriormente expuestos y la situación anómala que concurre en
dichos Acuerdos, Europa Laica, entiende que no cabe su modificación
y/o sustitución alguna, sino su anulación definitiva, por entender
que son una afrenta para nuestro estado de derecho.
Otra cosa es que
el estado y las instituciones lleguen a acuerdos puntuales, al
margen de privilegios, con las diferentes iglesias legalizadas en el
ámbito del territorio español, en el mismo nivel de trato y
características que se hace con otras organizaciones o entidades,
siempre en el marco del respeto a las leyes vigentes comunes para
todos.
Europa Laica
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