Dionisio Llamazares: «La financiación de la
Iglesia es inconstitucional»
Inés Gallestegui
Ideal - Granada
8 de Abril de 2008
«No creo que el Gobierno perdiera
muchos votos por denunciar los acuerdos con el Vaticano», afirma el
especialista
Dionisio Llamazares (Yugueros, León, 1936) participó ayer en la Facultad
de Ciencias Políticas en un debate del Aula de Pensamiento Crítico,
organizado por Acción Alternativa, sobre 'La urgente actualidad de la
laicidad', junto al catedrático de la UGR Nicolás López Calera. Llamazares
es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad
Complutense, director de la Cátedra Fernando de los Ríos sobre Laicidad y
Libertades Públicas de la Carlos III y presidente de la asociación
Derecho, Laicidad y Libertades.
-¿Qué cambios jurídicos tendría que emprender España para caminar hacia la
laicidad?
-La laicidad tiene dos principios fundamentales: la separación del Estado
con respecto a las creencias religiosas de sus ciudadanos y una
neutralidad escrupulosa de los poderes públicos con respecto a esas
creencias, sean o no religiosas. Pero en España hay situaciones en que
parece que se confunde a una determinada iglesia, en este caso, la Iglesia
católica, con el Estado. Por ejemplo, que el Estado, aunque sea con una
fórmula extraña que se llama asignación tributaria, termine pagando los
sueldos de obispos y sacerdotes, no parece muy armonizable con la
laicidad. O que tengan un tratamiento fiscal más favorable las confesiones
religiosas que las ONG. No parece coherente con la laicidad que haya una
clase de religión evaluada académicamente. Ni que en los centros públicos
la actividad docente, que debe ser escrupulosamente neutral, esté
presidida por un crucifijo. Ni que el cuerpo de Policía participe en
procesiones en honor de una Virgen o un Cristo, ni que el Ejército
presente armas al Santísimo Hay muchas pequeñas o grandes cosas que hay
que resolver.
-Usted fue director general de Asuntos Religiosos entre 1991 y 1993, con
un Gobierno socialista. ¿Ha mejorado la situación desde entonces?
-No ha mejorado mucho. Hay cosas que han cambiado, pero no sé si para
mejor. Por ejemplo, hace año y medio por fin se puso en marcha el acuerdo
de la asignación tributaria a la Iglesia católica, que teóricamente tenía
que haberse puesto en marcha en 1995. En todo ese tiempo, había un sistema
de dotación presupuestaria similar al del régimen anterior. Y se ha puesto
en marcha a cambio de determinadas concesiones, como subir el porcentaje
del 0,5% al 0,7%. Y, además, ese acuerdo no tiene punto final. Parece que
el Estado siempre cede a lo que se le pide y se obliga a financiar
indefinidamente a la Iglesia católica. No es de recibo.
-El PSOE respondió al documento de los obispos amenazando con revisar los
acuerdos con el Vaticano. ¿Cree que lo hará?
-Creo que no.
-¿Por motivos jurídicos o electoralistas?
-Las consecuencias electorales de una revisión de los acuerdos, con las
posibles tensiones que generaría, es uno de los datos que va a tener en
cuenta el Gobierno. Creo que tendría menos consecuencias de las que se
prevén. No creo que la izquierda perdiese muchos de los votos que ya
tiene, y quizá conseguiría más votantes jóvenes.
-En los últimos años, quizá para compensar su trato hacia la Iglesia
católica, el Estado ha reconocido a otras confesiones. ¿En vez de más
laicismo, tenemos más religión?
-Efectivamente, había que hacer un reconocimiento de las demás religiones,
pero con cuidado: lo que no se puede hacer es extender la
inconstitucionalidad que supone el privilegio de la Iglesia católica. En
virtud del principio de igualdad, como a la Iglesia se le financia por
parte del Estado con esa fórmula -que yo entiendo que es
inconstitucional-, se arregla aplicando esa misma financiación a las otras
confesiones con acuerdo Pero el Estado no puede financiar a ninguna
iglesia ni ninguna actividad de carácter religioso.
-Han sido muy criticadas las 'injerencias' de la Iglesia católica en
asuntos públicos. ¿Qué opina?
-En virtud del principio de libertad de expresión todos los ciudadanos, y
los obispos son ciudadanos españoles, están perfectamente legitimados para
rechazar la eutanasia o el matrimonio homosexual. Lo que no es de recibo
es que cuestionen la legitimidad del Parlamento para dictar leyes que no
se acomodan a una moral concreta, la suya. Pretender imponer a todos esa
moral particular supone una violación flagrante del principio de libertad
de conciencia de los que no la comparten.