Sin embargo, inexplicablemente, buena parte de la población ignora la existencia de este Concordato o Acuerdo entre el poder público español y la Iglesia Católica. Este acuerdo se firmó en 1.953 entre Franco y la jerarquía eclesiástica, asegurando tácitamente por escrito los privilegios (que eran todos) de la santa Institución en el régimen franquista; posteriormente, en 1.976, ante las transformaciones acaecidas tras el cambio de régimen político, se volvió a firmar un acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede que modificaba apenas el acuerdo anterior.

Para documentar mínimamente al posible lector profano en la materia, es conveniente recordar que el mencionado Concordato dota a la Institución Católica de unos privilegios más que considerables a cargo del erario público español, privilegios que no tienen parangón en ningún país de nuestro entorno democrático. Resumiendo mucho, en base al Concordato, la Iglesia Católica en España goza de unos enormes ingresos económicos a cargo del Estado, unos anacrónicos privilegios en el sistema educativo, además de unos derechos a nivel político, jurídico y social que no le corresponden según la supuesta aconfesionalidad del Estado Español.

A partir del posicionamiento político de la Iglesia en los últimos tiempos contra el gobierno, y de su injerencia intolerable en las cuestiones sociales y políticas, somos muchos los españoles que nos cuestionamos la conveniencia de seguir financiando con los impuestos de todos una institución que ha caído con evidencia en posturas antidemocráticas y que se ha erigido, más que en un espacio para la espiritualidad, en un espacio para la confrontación y la crispación social y política, y, en consecuencia, en un claro peligro para la convivencia pacífica y democrática de los españoles.

Son ya muchas las voces que, desde diversos ámbitos, reclaman la derogación o, al menos, la revisión, del polémico y anacrónico concordato para dar cumplimiento real al derecho a la libertad de conciencia garantizada por la Constitución. El nuevo gobierno tendrá que plantearse esta cuestión que, a estas alturas, ya rebasa la competencia política y se está convirtiendo en una cuestión social que hay que revisar sin demora. No será fácil esta asignatura para el nuevo gobierno, pero me temo que será impostergable y estará en el punto de mira de amplios sectores sociales.

España ha cambiado mucho, se ha transformado de acuerdo a la evolución democrática de la sociedad. El laicismo es, precisamente, uno de esos valores que avalan la consolidación de la democracia en base al respeto a la libertad de conciencia de todos los ciudadanos. La tradición religiosa o cultural nunca debe de ser óbice para la transgresión de las libertades básicas, y el ámbito de las creencias espirituales debe replegarse al terreno de lo estrictamente privado y personal.

A la gran mayoría de los españoles demócratas del siglo XXI, ya no nos asusta ni el infierno, ni el supuesto castigo divino, ni el fuego eterno. Nos asusta la intolerancia, las guerras, la insolidaridad, la mentira, la manipulación soterrada, los fanatismos políticos o religiosos, el poder neoconservador en el que prima el valor del dinero sobre el de las personas, la impotencia de observar que parte importante del planeta soporta altas dosis de miseria y de injusticia; nos asusta la irracionalidad, las dictaduras, las teocracias, el poder en manos de tiranos indecentes, el desprecio a los derechos humanos,...y nos asusta, quizás especialmente, cualquier ideario que contemple la represión de la libertad como derecho intrínseco del ser humano.

Coral Bravo es doctora en Filología y Máster en Psicología. Además es miembro de la organización Europa Laica