¿Cómo era eso de
‘Estado aconfesional’?
Héctor Rojo Letón
Diagonal
12 de diciembre de
2008
La decisión judicial de
retirar los crucifijos de un colegio de Valladolid
vuelve a demostrar el peso que la Iglesia católica
mantiene en espacio públicos, tras 30 años de la
declaración de aconfesionalidad del Estado.
La
necesidad de la separación entre Iglesia y
Estado ha vuelto a quedar en evidencia.
Treinta años después de la aprobación de la
aconfesionalidad del Estado, esta es una
tarea pendiente. “Se estaban incumpliendo
los artículos 14 y 16.1 de la Constitución,
como se refleja en la sentencia: ‘El Estado
no puede adherirse ni prestar su respaldo a
ningún credo religioso ya que no debe
existir confusión alguna entre los fines
religiosos y los fines estatales”, explica
Fernando Pastor, uno de los impulsores de la
denuncia que realizó la Asociación Cultural
Escuela Laica (ACEL) para que los crucifijos
no se mantuvieran en el colegio público
Macías Picavea de Valladolid. |
Martín León Barreto
|
Una sentencia que se hizo
pública días antes de las celebraciones del 30º
aniversario de la Constitución. Una demostración de
la influencia que, más de 30 años después de
finalizar el régimen nacionalcatolicista, mantiene
la religión católica en el Estado español. A pesar
de la resolución del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid estos
crucifijos continúan en su sitio. Al igual que en el
colegio Isabel La Católica de dicha localidad, donde
existe otra denuncia similar.
“La Junta de Castilla y León
había decidido no recurrir, pero según nos han
filtrado, tras una reunión con el Arzobispado y
algunos miembros de los sectores religiosos más
integristas, han cambiado de posición”, denuncia
Pastor. No es la primera vez que la escuela se
rebela ante la simbología religiosa. Desde 2004 más
de 50 organizaciones se han reunido en la campaña
‘Por una escuela laica: Religión fuera de la
escuela’, entre ellas la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, que
exige “la retirada de todo tipo de simbología
religiosa de las instalaciones de los centros
educativos públicos, para garantizar los derechos de
todo el alumnado”.
Es muy “difícil saber si en
alguno de los 16.000 centros escolares no
universitarios de titularidad pública existen. A no
ser que haya una denuncia de por medio”, aclara
Francisco Delgado, presidente de Europa Laica.
Más allá
de los colegios
Los privilegios de la Iglesia llegan también fuera
de las aulas, y eso que con ella están relacionados
el 80% de los centros concertados. La lista se
alarga hasta su presencia en el Ejército, los
beneficios fiscales o la jura ante la Biblia de
altos cargos gubernamentales. “La sentencia de
Valladolid ha de servir de punto de partida para un
proceso de ‘desclericalización’ de la sociedad
española. No sólo debe afectar a a las escuelas,
también tanto a la escasa neutralidad del Estado en
cuanto a la exhibición de iconos religiosos en el
espacio público, como a las fuentes de financiación
de las iglesias.
No olvidemos que en estos días
comenzaremos a ver belenes en delegaciones de
Hacienda o ayuntamientos, por ejemplo. Pero al mayor
obstáculo al que nos enfrentamos en esta supuesta
democracia es el concordato con el Vaticano”,
denuncia Paco Miñarro, coordinador de la Federación
Internacional de Ateos (FIdA). “¿Símbolos religiosos
en edificios públicos? Ni de coña. ¡Denúncialos!”,
es la campaña que esta asociación acaba de iniciar
en el blog nosimbolos.blogspot.com.
Pero no siempre es la Iglesia
la que acude a los organismos públicos. Los máximos
representantes políticos también presiden
procesiones y actos religiosos, al igual que
miembros de la policía o militares, y todavía
persisten los funerales católicos de Estado. “Los
miembros de la corporación municipal de Zaragoza,
por ejemplo, están obligados por un reglamento de
protocolo a asistir a actos solemnes como la
celebración del Corpus o del Viernes Santo”, explica
Antonio Aramayona de Movimiento Hacia un Estado
Laico.
Una postura también defendida
desde sectores confesionales para evitar polémicas.
“Abogamos por un ‘pacto por la laicidad’ entre
confesiones religiosas y el Estado que regule todas
estas situaciones”, explica Raquel Mallavibarrena,
de Somos Iglesia, colectivo que también forma parte
de Redes Cristianas que en septiembre denunciaba en
el Manifiesto por la Laicidad “la actual presencia
de la religión confesional católica en el sistema
educativo y en la escuela pública y concertada” y
que defiende la laicidad escolar.
El PSOE mira para otro lado
Aunque los socialistas de Castilla y León exigieron
inmediatamente a la Junta que aplicara la resolución
judicial, la ministra de Educación, Mercedes
Cabrera, apostaba por respetar la autonomía de cada
centro para decidir sobre la presencia o retirada de
los símbolos religiosos de los colegios públicos, en
contra de la sentencia hecha pública unos días antes
en Valladolid. “El PSOE mantiene una continua doble
moral. Se considera laicista, pero no quiere
suscitar la tormenta de una polémica. Le tiene
pánico a la Iglesia porque tiene una estructura
diseñada para movilizar a masas, y mucha experiencia
en hacerlo”, explica Mila Carrero, de Cáceres Laica.
Y mientras, la Iglesia sigue a
lo suyo. Tras ser reelegidos los máximos
representantes en la XCII asamblea plenaria de la
Conferencia Episcopal Española, su portavoz, Juan
Antonio Martínez, afirmaba: “La presencia de los
símbolos religiosos en la vida pública es una
garantía de libertad frente al totalitarismo”. Una
postura que Miñarro incluye en el ‘laicismo
inclusivo’ que considera “la identificación del
crucifijo con una ‘herencia cultural y filosófica’
europea”.
“Una corriente mayoritaria en
el aparato del PSOE que está abierta a la
colaboración con las diversas iglesias. Pero este
‘multiconfesionalismo’ no tardará en mostrar sus
deficiencias”, denuncia el coordinador de FIdA.
Aunque en 30 años la aconfesionalidad no ha logrado
imponerse a una de las rémoras de la herencia
franquista.