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¿Qué
está pasando, doña María Emilia?
Enric Sopena
El Plural 24 de Febrero de 2007
Es el colmo que la Iglesia pague a sus docentes con el dinero de todos y los pueda despedir por razones de moral cristiana
¡Qué bochorno, respetada doña María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional! Nunca lo hubiéramos creído. Pensábamos, acaso ingenuamente, que la Constitución consagraba en España un Estado aconfesional, ubicado en las antípodas ideológicas del nacionalcatolicismo que, durante la dictadura, tuvimos que soportar a la fuerza en este país. Presuponíamos que cualquier vestigio de teocracia sería rechazado por el Tribunal Constitucional como contrario al régimen democrático vigente.
Se nos antojaba
imposible que aflorara de nuevo, siquiera levemente, el principio segundo de
la Ley de Principios del Movimiento Nacional (de 17 de enero de 1958),
refrendado por la Ley Orgánica del Estado (de 10 de enero de 1967). Me
refiero exactamente a este precepto: “La Nación Española considera como
timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios según la doctrina de la Santa
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera, y fe inseparable de
la conciencia nacional, que inspirará su legislación”.
Franquismo clerical
Sabemos, claro está, que la sentencia del TC avalando el despido de
profesores/as de religión en función de su vida privada es una minucia si se
compara con el texto que acabo de transcribir. Pero conceptualmente esa
sentencia parece inspirada más en aquellas teorías del franquismo clerical
que en la Constitución de 1978. ¿Por qué sostiene usted, doña María
Emilia Casas –ponente de la sentencia- que es constitucional pedir que
“los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las
escuelas, incluso en las no católicas, destaquen por su recta doctrina y por
el testimonio de su vida cristiana”?
La recta doctrina
No deja de ser el colmo que el Estado pague a esos profesores/as –con los
impuestos de ciudadanos creyentes, no creyentes y medio pensionistas- y que
sea la Iglesia la que contrate docentes y pueda despedirlos en función no de
los conocimientos de la religión católica, sino en función de “la recta
doctrina” y “del testimonio de su vida cristiana”. A María del Carmen
Galayo Macías, profesora de religión católica en Canarias la jerarquía
eclesiástica no le renovó el contrato alegando que vivía con un hombre
distinto a su marido.
Fernández de la Vega
Si usted, doña María Emilia Casas, entiende que la enseñanza religiosa va más
allá de la transmisión de unos determinados conocimientos, le confesaré que
somos muchos los que no la entendemos. No entendemos nada. Tampoco el
pronunciamiento de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de
la Vega. ¿O es que hemos de colegir que este género de razonamientos se
aproximan más al fundamentalismo musulmán (para no volver al
nacionalcatolicismo) que a una Constitución, inspirada en la Ilustración, la
Enciclopedia y los valores de la Revolución francesa? A los profesores/as de
Religión católica se les ha de exigir conocimiento de la asignatura y
capacidad pedagógica. No catequesis, ni adoctrinamiento, ni proselitismo.
Presión agobiante
Cuando la presión episcopal empieza a ser agobiante; cuando la poderosa
plataforma mediática de la Iglesia ha sido puesta –desde hace casi dos décadas-
al servicio de la injuria, la mentira y la desestabilización democrática;
cuando resuenan cada dos por tres voces de obispos, o de portavoces
autorizados, alertando que España se halla en “la antesala del
totalitarismo”, el Tribunal Constitucional aprueba una sentencia que -aparte
de lo ya expuesto- subraya que la Iglesia no es “una empresa al uso”. ¿Es
quizás la excepción a proteger?
Estatuto de los Trabajadores
¿Sus empleados no se han de regir por el Estatuto de los Trabajadores? ¿Han
de regirse por su adhesión ideológica a la doctrina de la Iglesia y por su
conducta ajustada a tal doctrina? ¿Hemos retrocedido a las épocas del
absolutismo, a los tiempos de la unión del trono y el altar o a los de la
Cruz y la espada? Lamento, respetada presidenta, que tras el aborrecible
episodio sufrido por el magistrado Pérez Tremps -destinado a derribar el Estatut
y, a ser posible, el Gobierno Zapatero-, el TC haya regresado a primera plana
por una cuestión como ésta. ¿Qué está pasando, doña María Emilia?