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Los obispos y la Constitución

Yusuf Fernández

El Plural 13 de Agosto de 2007

La amenaza del cardenal Rouco Varela de plantear ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la asignatura Educación para la Ciudadanía tiene al menos la virtud de situar el tema en sus justos términos. Éste es, sin duda, un asunto que atañe al Estado, por cuanto éste posee la facultad exclusiva de regular la vida educativa del país.

Sin embargo, la actitud de la jerarquía eclesiástica en este tema, como en todos los demás en la actualidad, ha consistido únicamente en fomentar la crispación, manipular o falsear abiertamente la verdad y acabar con cualquier posibilidad de un debate sereno. A los ataques histéricos de la cadena de propaganda y desinformación episcopal se han sumado otras publicaciones como la revista Alfa y Omega, editada por el arzobispado de Madrid. En un reciente número de esta publicación se llegó a comparar incluso “la imposición por parte del Estado de la asignatura Educación para la Ciudadanía” con “el totalitarismo comunista” imperante en la República Popular China.

En las páginas del semanario, Rouco señaló que la “intromisión del Estado en la enseñanza moral” era “inaceptable” y “vulneraba el derecho de los padres a disponer en forma exclusiva de la educación moral de los hijos.” Por su parte, el también cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo, enmarcó la aprobación de la asignatura en “el continuo ataque que sufre la familia a manos del Gobierno” de Zapatero. Algunos cargos del PP, como la ex ministra Pilar del Castillo, consideraron también “grave” el establecimiento de esta asignatura “no sólo por lo que dice sino también por lo que no dice (?)”.

Castillo fue más allá y acusó al Gobierno de querer llevar a cabo un adoctrinamiento ideológico de los inocentes estudiantes para convertirlos en marxistas, nacionalistas o amorales (o las tres cosas al mismo tiempo). Ella advirtió, en este sentido, que “la asignatura se utilizará al antojo de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas”. “En aquellas en las que haya una presencia de nacionalistas radicales, será utilizada para resaltar la conciencia independentista; en aquellas en las que haya sectores izquierdistas, para resaltar los valores propios de la izquierda más radical; y en el mejor de los casos va a traer un relativismo moral tan terrible que no se va a saber qué es bueno o malo,” señaló.

En realidad, los argumentos de Rouco, el resto de la jerarquía y sus seguidores no resisten la mínima crítica. En primer lugar, ellos no tienen legitimidad para hablar en nombre de los padres de alumnos españoles, que en su mayoría apoyan la impartición de la asignatura en los centros. Por otro lado, es obvio que el Estado sí tiene derecho a enseñar ciertos valores morales a la sociedad, que son aquellos que conforman y caracterizan el marco jurídico y constitucional que el propio pueblo se ha otorgado. El Estado está obligado no sólo promover campañas en favor de principios como la diversidad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia y otros, sino también a enseñarlos en los centros educativos. Estos principios resultan imprescindibles para crear una sociedad mejor y favorecer la convivencia, y contribuyen además a luchar contra fenómenos de odio como la xenofobia, el racismo y la intolerancia.

Cabe señalar además que, desde la Revolución Francesa, el concepto de ciudadanía es el único que tiene la capacidad de expresar una identidad común dentro de las sociedades europeas. En el fondo, lo que molesta a los representantes de la jerarquía es que la ideología del nacional-catolicismo, en el que la identidad española estaba indisolublemente unida al catolicismo, ha muerto, por mucho que algunos quieran resucitarla, y España es un país cada vez más diverso, donde la Iglesia Católica ya no representa a la mayoría de la sociedad. En el actual contexto, la Iglesia, al igual que el resto de las confesiones religiosas, tiene el derecho de impartir su propia formación moral a aquellos que deseen recibirla, pero no puede pretender imponerla al conjunto de los ciudadanos, tal y como sucedió hasta la desaparición del régimen franquista. En este sentido, los ataques de la jerarquía católica contra una asignatura que conlleva la enseñanza de unos valores constitucionales de los que la mayoría del pueblo español se siente orgulloso y que constituyen los fundamentos de nuestras libertades sólo puede conducir a un mayor desprestigio de una institución que cada día parece tener más problemas para conectar con el sentir y las aspiraciones de nuestra sociedad.


 

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