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Los obispos y la Constitución
Yusuf Fernández
El Plural 13 de Agosto de 2007
La amenaza del cardenal Rouco Varela de plantear ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la asignatura Educación para la Ciudadanía tiene al menos la virtud de situar el tema en sus justos términos. Éste es, sin duda, un asunto que atañe al Estado, por cuanto éste posee la facultad exclusiva de regular la vida educativa del país.
Sin
embargo, la actitud de la jerarquía eclesiástica en este tema, como en todos
los demás en la actualidad, ha consistido únicamente en fomentar la crispación,
manipular o falsear abiertamente la verdad y acabar con cualquier posibilidad
de un debate sereno. A los ataques histéricos de la cadena de propaganda y
desinformación episcopal se han sumado otras publicaciones como la revista
Alfa y Omega, editada por el arzobispado de Madrid. En un reciente número de
esta publicación se llegó a comparar incluso “la imposición por parte del
Estado de la asignatura Educación para la Ciudadanía” con “el
totalitarismo comunista” imperante en la República Popular China.
En las páginas del semanario, Rouco señaló que la “intromisión del
Estado en la enseñanza moral” era “inaceptable” y “vulneraba el
derecho de los padres a disponer en forma exclusiva de la educación moral de
los hijos.” Por su parte, el también cardenal Antonio Cañizares, arzobispo
de Toledo, enmarcó la aprobación de la asignatura en “el continuo ataque
que sufre la familia a manos del Gobierno” de Zapatero. Algunos cargos del
PP, como la ex ministra Pilar del Castillo, consideraron también “grave”
el establecimiento de esta asignatura “no sólo por lo que dice sino también
por lo que no dice (?)”.
Castillo fue más allá y acusó al Gobierno de querer llevar a cabo un
adoctrinamiento ideológico de los inocentes estudiantes para convertirlos en
marxistas, nacionalistas o amorales (o las tres cosas al mismo tiempo). Ella
advirtió, en este sentido, que “la asignatura se utilizará al antojo de
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas”. “En aquellas en las que haya
una presencia de nacionalistas radicales, será utilizada para resaltar la
conciencia independentista; en aquellas en las que haya sectores
izquierdistas, para resaltar los valores propios de la izquierda más radical;
y en el mejor de los casos va a traer un relativismo moral tan terrible que no
se va a saber qué es bueno o malo,” señaló.
En realidad, los argumentos de Rouco, el resto de la jerarquía y sus
seguidores no resisten la mínima crítica. En primer lugar, ellos no tienen
legitimidad para hablar en nombre de los padres de alumnos españoles, que en
su mayoría apoyan la impartición de la asignatura en los centros. Por otro
lado, es obvio que el Estado sí tiene derecho a enseñar ciertos valores
morales a la sociedad, que son aquellos que conforman y caracterizan el marco
jurídico y constitucional que el propio pueblo se ha otorgado. El Estado está
obligado no sólo promover campañas en favor de principios como la
diversidad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia y otros, sino también a
enseñarlos en los centros educativos. Estos principios resultan
imprescindibles para crear una sociedad mejor y favorecer la convivencia, y
contribuyen además a luchar contra fenómenos de odio como la xenofobia, el
racismo y la intolerancia.
Cabe señalar además que, desde la Revolución Francesa, el concepto de
ciudadanía es el único que tiene la capacidad de expresar una identidad común
dentro de las sociedades europeas. En el fondo, lo que molesta a los
representantes de la jerarquía es que la ideología del nacional-catolicismo,
en el que la identidad española estaba indisolublemente unida al catolicismo,
ha muerto, por mucho que algunos quieran resucitarla, y España es un país
cada vez más diverso, donde la Iglesia Católica ya no representa a la mayoría
de la sociedad. En el actual contexto, la Iglesia, al igual que el resto de
las confesiones religiosas, tiene el derecho de impartir su propia formación
moral a aquellos que deseen recibirla, pero no puede pretender imponerla al
conjunto de los ciudadanos, tal y como sucedió hasta la desaparición del régimen
franquista. En este sentido, los ataques de la jerarquía católica contra una
asignatura que conlleva la enseñanza de unos valores constitucionales de los
que la mayoría del pueblo español se siente orgulloso y que constituyen los
fundamentos de nuestras libertades sólo puede conducir a un mayor
desprestigio de una institución que cada día parece tener más problemas
para conectar con el sentir y las aspiraciones de nuestra sociedad.