Los países que tienen políticas
públicas más favorables a las familias son aquellos en los que la
jerarquía de la Iglesia católica tiene menor influencia.
Los dirigentes de la Iglesia católica española
se han presentado siempre como los grandes defensores de la familia.
Durante muchos años la retórica oficial de la jerarquía eclesiástica y
la de los partidos políticos y gobiernos de inspiración católica han
promovido a la familia como la institución central de nuestras
sociedades. Se deduciría de ello que España, gobernada en la gran
mayoría de los últimos cincuenta años por partidos conservadores de
raíces católicas, debería tener las políticas públicas de apoyo a las
familias mas desarrolladas de Europa. Pues bien, un análisis de las
políticas públicas en la Unión Europea muestra que, al contrario de lo
que se ha dicho durante muchos años en aquella retórica oficial del
país, España es uno de los países de la UE-15 (el grupo de países de la
UE-15 de semejante nivel de desarrollo económico que el nuestro) que
apoya menos a las familias. El gasto público social en transferencias y
servicios públicos a las familias es un misérrimo 0.5% del PIB, el más
bajo de la UE-15 (cuyo promedio es 2,2% del PIB). No hay ningún otro
país en la EU-15 cuyas familias estén más abandonadas por el Estado que
España. En los países nórdicos escandinavos, sin embargo, donde la
influencia de la Iglesia católica es mínima, las ayudas a las familias
representan más de un 3% del PIB, los porcentajes mayores de la UE-15.
En realidad, los datos muestran que a mayor influencia de la Iglesia
católica, menor ayuda del Estado a las familias.
En España, cuando decimos familia queremos
decir mujer. Pues bien, los datos tampoco confirman un apoyo de la
jerarquía de la Iglesia católica a la mujer. El Estado español,
inspirado, en gran parte, en los principios católicos, ha sido durante
muchos años uno de los países europeos más insensible a las necesidades
de la mujer. Los gobiernos conservadores de tradición católica siempre
pusieron a la mujer en un pedestal para luego crucificarla en el olvido
de sus políticas públicas. La mujer española está enormemente
sobrecargada siendo ella la responsable de cubrir las enormes
insuficiencias del estado de bienestar español. Ella cuida de los
infantes (de los cuales solo un 7% atienden escuelas públicas de
infancia de 0 a 2 años; el promedio de la UE-15 es del 18%), de los
jóvenes (que viven en casa como promedio hasta los 32 años; el promedio
de la UE-15 es de 29), de los esposos o compañeros, de los ancianos y
personas con discapacidades, y un 58% de ellas trabaja también en el
mercado de trabajo. No es de extrañar, por lo tanto, que la mujer de 35
a 55 años en España sea la persona que tenga mas enfermedades debidas al
estrés, tres veces más que el hombre. De nuevo, los países gobernados
por partidos conservadores de raíz católica son lo que tienen unos
servicios de ayuda a las familias (como escuelas de infancia y servicios
domiciliaros) menos desarrollados. Esta situación es particularmente
difícil para la mujer joven que, además de no tener los servicios
públicos de ayuda a las familias que tienen las jóvenes nórdicas de los
países escandinavos, tienen dificultades en encontrar trabajo fijo que
les permita tener una vivienda y establecer una familia. De ahí que la
fecundidad (número de nacimientos por mujer fértil) en España sea de las
más bajas de la UE-15. La fecundidad en los países nórdicos, por el
contrario, es de las más altas.
Las cosas han ido cambiando a partir del
establecimiento de la democracia y sobretodo a partir de los gobiernos
socialistas. Y a partir del 2004, en algunas áreas de especial
importancia simbólica, como la paridad de género en responsabilidades
institucionales, se está avanzando rápidamente. Pero en otras -que
cuestan dinero- van mucho más lentamente. Así, el gobierno socialista
acaba de tomar una medida, la de dar 2.500 euros por niño, motivado por
un deseo de incentivar la fecundidad. La experiencia internacional
muestra, sin embargo, que es un paso muy insuficiente para estimular la
fecundidad. Aumentará el porcentaje del PIB a ayudas familiares de un
misérrimo 0.5% del PIB a un 0.6% del PIB (recuerden que el promedio de
la UE es un 2.2%). El coste para una familia de tener un hijo o hija en
España desde el momento de la concepción a los 18 años es
aproximadamente de 82.000 euros. La cantidad nueva aportada por el
gobierno es muy menor, aun cuando esta cantidad para una familia joven
tampoco es despreciable. Pero en todo caso su valor incentivador de la
fecundidad es muy menor. Mucho más importante para estimular la
fecundidad es la universalización de las escuelas de infancia
(permitiendo a las mujeres combinar su responsabilidad familiar con su
proyecto profesional), medida que debiera tener tanta prioridad política
como el desarrollo de los servicios de dependencia. A ello debiera
añadirse una revolución cultural haciendo el hombre copartícipe en las
responsabilidades familiares, situación en la que estamos muy
retrasados. Los hombres del sur de Europa - recuerden, donde la cultura
católica es dominante -continúan siendo los que trabajan menos en
labores familiares en la UE-15. Espero que el gobierno socialista además
de universalizar los servicios de dependencia universalice también las
escuelas de infancia y contribuya a la muy necesaria revolución cultural
de nuestro país.