La enseñante interpuso una demanda ante la justicia, que fue desestimada en primer término, pasando más tarde al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de allí al Tribunal Constitucional. Este último órgano acaba de dictar un fallo que determina que los motivos de incompetencia para el cargo que costaron el puesto a María del Carmen Galayo se ajustan a los contenidos de los acuerdos Estado-Iglesia suscritos en 1979.

De lo que no habla ninguna sentencia es del incumplimiento continuado de esos acuerdos en cuanto al hecho de juzgar la idoneidad de un enseñante en función de sus conocimientos sobre la materia, como sucede con cualquier otro profesor y que era la diócesis correspondiente la encargada de comunicar los nombres de los profesores que sean considerados competentes para la enseñanza.

Pero el texto no establece en ningún momento cuales son los baremos por los que se medirá dicha competencia y quién los habrá de decidir. Y es ahí donde los responsables de la Iglesia Católica deciden sobre la idoneidad para desempeñar la labor docente: Convicciones íntimas, comportamientos privados o vínculos sexuales y afectivos son los argumentos en los que se basa el rechazo, algo que contradice a los propios valores del Estado constitucional. A partir de ahora, la última palabra del caso la tendrá el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Desde 1998 el empleo de esos miles de docentes de la escuela pública depende cada año de la decisión arbitraria de los correspondientes obispados. Es una muestra clara de que no nos encontramos ante una enseñanza de conocimientos académicos, sino ante un catecumenado camuflado en una Escuela que se supone pública, todo ello financiado por un Estado definido como aconfesional en la Constitución.

Según el cardenal Rouco Varela, es indispensable para mantener la identidad de la Iglesia que el Estado siga pagando a los profesores de religión y que éstos sigan siendo elegidos por las diócesis en base a la coherencia con sus enseñanzas, poniéndolos al mismo nivel que un cura o una monja.

Sin embargo, el doble rasero de la Iglesia queda patente en casos como el sucedido recientemente en Madrid, donde el Arzobispado acaba de ser declarado responsable civil subsidiario y condenado al pago de una indemnización de 30.000 euros por ocultar a la justicia un caso de abusos sexuales a un menor entre 1999 y 2000.

Rafael Sanz Nieto, párroco de la localidad madrileña de Aluche, fue denunciado ante la Fiscalía de Menores por los catequistas, después de que éstos comprobaran que el Arzobispado de Madrid, por medio del citado Rouco Varela, decidiera ocultar el caso ante la justicia, limitándose a trasladar al sacerdote de parroquia y a expulsar a los que pusieron el caso en manos de la justicia.

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