Ucr. Educación y Ciudadanía, por favor

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La tensión política en torno a la Educación para la Ciudadanía, establecida por la LOE como materia obligatoria, es prueba palmaria de su necesidad. Es síntoma de que están fallando consensos básicos. Desde la transición, dejando atrás la dictadura y construyendo el Estado social y democrático de derecho que previó la Constitución, hemos configurado un entramado de leyes e instituciones que responde a los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Hoy, con otras urgencias resueltas, somos conscientes de la necesidad de que la ciudadanía asuma esos valores que las instituciones democráticas encarnan. La convivencia en democracia no sólo se sostiene sobre normas ajustadas a derecho, sino que requiere actitudes consonantes con los valores que se invocan. Así, una convivencia organizada con criterios de justicia necesita, además de leyes en esa dirección, de la solidaridad como reverso de esa misma justicia, que “desde dentro” movilice a los ciudadanos a su favor. Tal actitud no viene dada con los genes. Requiere un proceso de aprendizaje para hacer el recorrido desde la experiencia del sufrimiento por la injusticia padecida hasta la conciencia de los derechos ciudadanos, o desde los impulsos hacia la libertad hasta los modos responsables de ejercerla, ya como autonomía privada, ya como autonomía pública.

Transitar desde el egoísmo a la solidaridad por la red de nuestras relaciones, o desde el recurso a la fuerza a la invocación del derecho en la génesis de nuestras normas, es algo para lo que debemos prepararnos, asumiendo la divisa kantiana de que “una educación libre forma un hombre libre”. De ello se trata en Educación para la Ciudadanía, habida cuenta de que sin esa dimensión de sujetos que nos reconocemos en los derechos que ejercitamos, nuestra propia humanidad –como vio Rousseau– quedaría a medias, como condición limitada a la particularidad de vidas alienadas de lo público, enajenadas de su capacidad de decisión sobre cuestiones políticas que les afectan, sometidas al dominio del más fuerte y expuestas a la violencia de un mundo sin ley. Por el contrario, una sociedad estructurada según leyes inspiradas en un principio de justicia es la que debemos construir, acatando las normas en cuya gestación participamos, pidiendo cuentas a los representantes que elegimos, controlando al gobierno que nombramos. Y todo ello requiere aprendizaje, educación como ciudadanos, la cual conlleva una dimensión moral que no puede faltar.

Que no nos pongamos de acuerdo en algo tan crucial es una desgracia para la democracia y un flaco favor que nos hacemos a nosotros mismos. Cuestionar que mediante procedimientos democráticos pueda legislarse sobre educación para la ciudadanía significa poner en solfa no sólo las responsabilidades del Estado en lo que se refiere al derecho a la educación, sino jugar peligrosamente con la sostenibilidad de las instituciones democráticas de forma que ni los teóricos del Estado mínimo se atreverían a plantear.

Decir que incluir materias relativas a ciudadanía y derechos humanos en el currículum escolar es propiciar el adoctrinamiento, asimilando eso a la manipulación de las dictaduras, es más que una falacia; es una desvalorización de nuestra democracia y una falta de respeto a nosotros mismos como ciudadanos, además de una desconsideración imperdonable de la capacidad de nuestro sistema educativo y de los docentes que trabajan en el mismo.

Apelar en exclusiva al derecho de los padres en cuanto a formación moral de sus hijos es, amén de un reduccionismo absurdo, de una ingenuidad rayana en el cinismo cuando se viene repitiendo que las familias se ven desbordadas en su tarea educativa. Pretender, en fin, el monopolio de los valores morales para la Iglesia implica la abusiva pretensión de definir, y en algunos casos imponer, como justo lo que sólo es bueno para una determinada comunidad, cosa que en democracia no es admisible. Hemos de dialogar para acordar como justo, a partir de lo que cada cual entienda como bueno, aquello que, con razones compartidas, todos podamos aceptar como obligante para cada uno. Y eso tiene que ver con derechos y dignidad, que es de lo que se trata. Por favor, vamos a educar para la ciudadanía -dialoguemos sobre ello, “buscando la cooperación sincera de todas las fuerzas de la nación, aun las que parecen más heterogéneas”, como decía Giner de los Ríos hace un siglo-, de forma que tan indispensable invento democrático no se nos estropee por el camino.