Expuestos a los impunes ataques del poder político y del crimen organizado, fueron abandonados a su suerte por gobiernos omisos y cómplices y en la mayor parte de los casos hasta por sus propios medios, que les dan la espalda.

“Nos están matando”, claman cientos de periodistas plantados la noche de ayer a las puertas de la Secretaría de Gobernación, en protesta por el asesinato del reportero Javier Valdez, el lunes pasado en Culiacán, Sinaloa. No es sólo una consigna, es ya una desesperada expresión del desamparo y vulnerabilidad de reporteros, fotógrafos y editores mexicanos frente a los impunes ataques del poder político y del crimen organizado, abandonados a su suerte por gobiernos omisos y cómplices, y en la mayor parte de los casos hasta por sus propios medios, que les dan la espalda.

En México se matan periodistas porque el Estado se ha encargado de garantizar la impunidad de sus perpetradores, ya sean narcos, políticos o narcopolíticos. En tanto, la sociedad es apenas un espectador más de lo que pareciera otra manifestación de la violencia y la descomposición que carcomen al país. Fuera de las pocas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, aquí nadie parece interesarse por la suerte de uno de los pilares fundamentales de lo que en otros países conocen como democracia.

En México no existe la libertad de expresión, silenciadas como están amplias zonas del país bajo control del crimen organizado, que impone la censura directa, y por la práctica de la autocensura casi como única mecanismo de protección.  

Las últimas horas se cuentan entre las peores. La tarde del sábado pasado, siete periodistas fueron retenidos, asaltados y amenazados de muerte por un centenar de hombres armados que controlaban una de las principales rutas de acceso a la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero. Les robaron sus equipos y uno de los dos vehículos con los trataban de llegar al municipio de San Miguel Totolapan, donde el viernes se enfrentaron militares y policías con pobladores y autodefensas.

Cuando apenas se reaccionaba a este ataque, vino la conmoción por el homicidio de Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa. En medio de una amplia cobertura local, nacional e internacional, dado el alto perfil del reportero asesinado, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada, poca atención recibió el ataque a tiros contra Sonia Córdova, subdirectora comercial del pequeño semanario El Costeño, en el municipio de Autlán, estado de Jalisco. La también esposa del director de ese medio resultó gravemente herida; su hijo, Jonathan Rodríguez, murió en el atentado.

En ambos casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió a la administración de Enrique Peña Nieto sendas investigaciones profesionales y efectivas, en las que se privilegie el trabajo periodístico de las víctimas como línea principal de investigación. Uno de los últimos reportajes de Javier Valdez expuso la disputa por el control del Cártel de Sinaloa entre los hijos de El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, por un lado, y por el otro el ex policía José Dámaso, alias El Licenciado, quien fue detenido el 2 de mayo. En tanto, el semanario El Costeño cubría la costa sur jalisciense, que fue plaza principal del Cártel Jalisco Nueva Generación. 

La oleada de ataques provocó la reacción de organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo a la Unesco, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA). Incluso el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su condena por este crimen y reclamó a la OEA por no haberse expresado en este caso, al menos hasta la mañana de ayer. Junto con ellos protestaron el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras. Cientos de periodistas mexicanos marcharon en la Ciudad de México y en las principales ciudades de una docena de estados del país.

Ante la presión internacional, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, convocó a los gobernadores de todo el país a una reunión para “garantizar en todo el territorio nacional que los periodistas puedan ejercer su labor”. La iniciativa ocurre después de tres años y medio de gestión en la que la administración del presidente Enrique Peña Nieto acumula ya 32 periodistas asesinados.

La vulnerabilidad de la prensa mexicana acentúa la debilidad de una democracia de suyo incipiente. Por ello Ana Cristina Euelas, la directora de la oficina en México de la ONG defensora de la libertad de expresión y el acceso a la información Artículo 19, exigió resultados a las autoridades del país, “no más simulación de garantías”. Este crimen “extiende la sombra de silencio por todo el país”, alertó Joel Simon, director ejecutivo del CPJ.

Para los periodistas mexicanos, lo más dramático es el abandono social. La prensa es cazada sin que nadie levante un dedo por ella. En cinco años de marchas y paros por el asesinato de periodistas, desde el homicidio de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, en mayo de 2012, la sociedad mexicana ha decidido dejarlos solos.

Hace siete años, cuando fueron secuestrados cuatro periodistas mientras cubrían un motín en el penal de Gómez Palacio, estado de Durango, a unos 980 kilómetros al norte de la Ciudad de México, el gremio exigió su liberación con una consigna en formato de hashtag en las todavía incipientes redes sociales: #LosQueremosVivos. Hoy, luego de al menos 12 colegas desaparecidos y entre 105 y 119 asesinados (según quien cuente), se pasó del reclamo al grito de auxilio: #Nos EstánMatando, se clama en Twitter, en Facebook en blogs, en la calle. Y sólo el silencio responde.

La protesta de los periodistas visto desde El Angel de la Independencia en el Paseo de la Reforma de la capital mexicana. 
(Imagen: AFP)

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Fuente: Página 12