Cifuentes y los quemadores de banderas: acerca de las libertades de expresión Imprimir
Opinión / Actualidad - Política
Escrito por José Juan Hdez / UCR   
Viernes, 24 de Octubre de 2014 05:51
Ada Colau presentó en su momento una demanda contra la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, porque en una declaración pública afirmó que en la Plataforma Antideshaucios había elementos "filoetarras". La jueza encargada de sustanciar el caso ha desestimado la demanda alegando que la delegada gubernamental se había limitado a hacer uso de su libertad de expresión.
Curioso y digno de alguna reflexión.
La señora Cifuentes es la responsable de los cuerpos policiales en la Comunidad de Madrid. Ser de ETA o apoyarla creo que sigue penalizado. Ella no tiene que acusar a nadie de cercanía a ETA. Si tiene indicios de que algunas personas de la PAH están en esa órbita, debería actuar con los medios de los que dispone y comunicarlo al juzgado pertinente. Si no lo hace es lícito sospechar que está, lisa y llanamente, minando a una organización que ha llevado hasta el momento una lucha estrictamente pacífica, con una acusación torticera.
 
Además, me parece interesante una cuestión: "filoetarra" es la acusación de adscripción a una organización concreta e ilegal, no a una ideología genérica. Me pregunto, por ejemplo, si se puede acusar a alguien públicamente, de cercanía a una organización mafiosa, sobre todo siendo un cargo público.
 
A mí hay otra cuestión que me parece de interés: ¿tiene un cargo público, más cuando controla parte de la maquinaria represiva del estado, la misma libertad de expresión que un ciudadano sin esa responsabilidad? Las palabras de Cifuentes no repercuten con la misma intensidad que las que junta quién emborrona este callejón que ahora usted lee. Nos guste o no, un cargo de elevado rango tiene unas prerrogativas, una posición de privilegio, de manejo de la información que, en mi opinión, implica la servidumbre de no acusar, con el eco que tienen sus palabras, gratuitamente.
 
Dando una vuelta de tuerca, planteo que la libertad de expresión debería implicar también, mientras no dañe a personas físicas o bienes, la libertad de acción. Lo digo porque dos jóvenes fueron condenados, a inicios de este mes de octubre, a pagar  una multa (el fiscal pedía 10.000 euros) de 900 euros por quemar una foto del rey abdicado en la Diada de 2013. Si hubieran quemado al rey de cuerpo (vivo) presente habría entendido la actuación de la justicia. Porque está feo quemar a alguien aunque ostente un cargo no electo, vitalicio y hereditario. Pero creo que la quema de la "real foto" era una manera diferente de opinar, de expresarse, de unos ciudadanos comunes. Prender fuego a la imagen del Borbón mayor supuso usar un lenguaje diferente, meramente visual, lleno de simbolismo, para expresar su rechazo a la institución monárquica.
 
¿Por qué el juez que dilucidó este caso no se acogió a la libertad de expresión tal y como hizo su colega con la demanda a Cifuentes? ¿Aún debemos creernos que el juez es una especie de técnico apolítico?
 
Pensemos en los mas altos tribunales. El constitucional cuando decide, a veces mediante ajustada votación, se convierte en un pequeño parlamento de última instancia donde predomina la ideología, el espíritu que cada uno le pone a la letra de la ley. No nos engañemos. Nadie, ni el juez ni el profesor, es independiente de sus ideas.
 
Artículo también publicado en la página personal del autor: Blog de José Juan Hdez