Monarquía e Iglesia son dos anacronías que sorprendentemente siguen férreas afectando a nuestras vidas

Se han cumplido cuarenta años desde que supuestamente se acabó la dictadura franquista y se inició la “Transición” que, supuestamente también, nos llevó a la democracia. Cuarenta años de democracia, de “supuesta” democracia. Aunque muchos, a estas alturas, siguen cuestionándola, y con razón. Se perpetúan, enquistados en la maquinaria institucional y en la conciencia colectiva, dos enormes anomalías democráticas que, por sí solas, justifican cualquier duda o cuestionamiento del sistema político en el que vivimos, o, mejor, en el que sobrevivimos. Monarquía e Iglesia son dos anacronías que sorprendentemente siguen férreas afectando a nuestras vidas, tanto a nivel político como social.

Todo parece indicar que lo que llamamos “transición” pudo haber sido un pacto que, de alguna manera, se gestó para que los antidemocráticos aceptaran el paso a un sistema político que pareciera justo e igualitario, pero que mantuviera, en el fondo, las cosas tal cual eran, o muy parecidas a tal cual eran. Una verdadera transición democrática hubiera pasado por una consulta democrática a la ciudadanía sobre la pervivencia de la monarquía. Consulta que nunca se ha hecho y todo parece indicar que nunca se hará, pese a que sería el único modo de legitimar la monarquía en un ámbito democrático.

Y una verdadera transición democrática hubiera pasado por la derogación o, al menos, la revisión seria de los acuerdos del Estado español con el Vaticano (Concordato), acuerdos que someten a este país a la hegemonía de la religión católica sobre los ciudadanos españoles y sus instituciones. No se hizo ni lo uno ni lo otro. A los españoles nunca se les preguntó si querían monarquía o república. Y el Concordato se revisó mínima y simbólicamente en 1979 dejando a la Iglesia española prácticamente en igualdad de condiciones con respecto de su situación en el franquismo, con enormes y anacrónicos privilegios en todos los ámbitos de la vida pública, y también privada, de este país. De ahí deriva, por ejemplo, la partida de los once mil millones de euros que anualmente le retribuye el Estado a la Iglesia de los PGE, o  la permanencia del clero en ámbitos tan ajenos a la religión como la Educación o la Sanidad.

Supuestamente vivimos en una democracia, decía; sin embargo existen hechos y circunstancias que nos hacen percibir otra realidad distinta. Nos rodea la corrupción y no existen en el Estado español mecanismos democráticos serios que la detengan o al menos la contrarresten. El partido en el gobierno, tras cuarenta años de la muerte del dictador, sigue sin condenar la dictadura que asoló a este país, acabó con la Ley de Memoria Histórica, multiplicó las subvenciones a la aberración cruel que llaman tauromaquia y, a la vez, negó cualquier ayuda para recuperar y dignificar la memoria de los represaliados del franquismo. Y España sigue llena de restos de personas que lucharon por la democracia en las cunetas. ¿Es eso estar en democracia? Pregunto, sólo pregunto, como decía mi querido amigo Rafael Fernando Navarro en sus profundas y preciosas columnas de opinión.

Y el pasado domingo Asunción Mendieta, de 92 años, cumplía su sueño de recuperar y dar sepultura a los restos de su padre, Timoteo Mendieta, tras una lucha de setenta y cinco años. Ocurría en el cementerio civil de La Almudena, y pudo ocurrir por la orden de una jueza argentina que admitió una querella para investigar los crímenes del franquismo; y también pudo ocurrir por un sindicato noruego, un sindicato de electricistas que, desde 2014, ha donado a la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) 50.000 euros. El gobierno del Partido Popular, el partido afín a la Iglesia, el de los “valores”, le ha negado cualquier financiación y ha consolidado un modelo, al respecto, de total impunidad.

Los restos de Timoteo Mendieta yacían en una fosa común en Guadalajara con los restos de 800 republicanos más fusilados por Franco y sus secuaces. Se calcula que son alrededor de 115.000 las víctimas de la dictadura que siguen enterradas en fosas comunes, sin identificar. 115.000 familias a las que no permiten recuperar ni dignificar los restos de sus familiares; personas que no fueron fusiladas por robar, ni por matar, ni por apropiarse de dinero público, ni por violar…, sino por ser defensores del progreso y de la libertad. Esto no ocurre en ningún otro lugar. Una terrible vergüenza nacional. No creo que sean las víctimas del fascismo las que tengan que recuperar su dignidad. Nunca le perdieron. Son otros los que no la tienen, y nunca la tuvieron. Y todo parece indicar que nunca la tendrán.

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Fuente: El Plural